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Los crímenes no resueltos del correísmo: casos Gabela y Valdiviezo

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Estos asesinatos continúan en la impunidad. La sospecha es que altas autoridades del correísmo pudieron estar involucradas.

Fotos: Internet

Fueron dos muertes violentas que nunca fueron aclaradas. Tanto el general Jorge Gabela como Fausto Valdivieso fueron personajes críticos en los primeros años de la “revolución ciudadana” y se estaban volviendo dos piedras en el zapato para Rafael Correa.

El general Jorge Gabela, como comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), mantuvo sus reservas ante la opaca compra de siete helicópteros Drhuv de la India y Fausto Valdivieso, como secretario del comité de empresa de TC, canal incautado por el régimen en 2008 (fue su herramienta de propaganda), también disentía del régimen de Correa. Eran personajes a los que había que silenciar para que siga la “revolución”.

Desde instancias oficiales del gobierno correísta siempre se negó cualquier relación entre la adquisición de siete helicópteros Dhruv, de fabricación india, adquiridos a la empresa HAL de ese país por USD 45,2 millones, con la muerte del ex comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), general Jorge Gabela.

El expresidente Rafael Correa calificó a la compra como “una buena decisión con mala suerte”. Cuatro de las aeronaves se accidentaron, hubo tres fallecidos y los otros tres helicópteros fueron declarados inoperativos. En este caso también hubo corrupción.

Desde su posesión como comandante de la FAE en 2007, Gabela se opuso a dicha adquisición y decía que ni siquiera en el país de origen esos helicópteros eran confiables. El militar fue herido de muerte en su domicilio, en Samborondón, días antes de la navidad de 2010 (el 19 de diciembre). La justicia de esa época -cooptada por Correa- lo calificó como un caso de “delincuencia común”, aunque no hubo ni vestigios de un asalto. 

La familia del general rechazó ese informe, así como el de una Comisión Interinstitucional, por inconsistencias y documentos forjados. En uno de esos informes, según el veedor internacional, el argentino Roberto Meza, se extrajeron páginas donde presuntamente comprometía a altos funcionarios del correísmo, como el propio Correa, el exministro y ex asambleísta José Serrano, la ex ministra de defensa y excanciller María Fernanda Espinosa, el ex ministro de asuntos exteriores José Valencia y el ex secretario de comunicación y administración Vinicio Alvarado. 

Cuatro de esos helicópteros se accidentaron entre octubre de 2009 y enero de 2015 (uno de esos eventos fue registrado por la televisión). Dos eran utilizados para traslados internos del presidente Correa. Parte de la tripulación que volaba con el mandatario murió en 2014, cuando uno de esos aparatos cayó en el sur del país. La última aeronave se accidentó en enero de 2015, en la provincia de Napo.

Tras mantener hermetismo sobre el caso, el entonces ministro de Defensa Fernando Cordero revelaba, en octubre de 2015, que los dos últimos accidentes de los Dhruv 603 y 605, de enero, ocurridos en la represa de Chongón (Guayas) y en Tena, fueron por “fallas mecánicas”. Al mismo tiempo, anunciaba la terminación del contrato.

Entretanto, la Comisión de Soberanía de la Asamblea correísta daba a conocer un examen especial de la Contraloría sobre la ejecución del contrato, renovación de garantías, mantenimiento y uso de los Dhruv. Entre las irregularidades, el contratista no entregó varios sistemas de las aeronaves, como el localizador de la señal de emergencia, con un perjuicio de USD 2’489.602. Además, la Contraloría enumeraba once partes y componentes de los Dhruv que la FAE envió a reparación bajo garantía desde 2012, y que, hasta terminar la auditoria, en julio de 2015, no fueron entregadas.

Según la Contraloría, el Jefe de Estado Mayor de la FAE y el Comandante del ala de Combate No. 22 -administrador del contrato-, aceptaron la reparación de tres conjuntos mayores y repuestos, sin pruebas de funcionamiento en dos de los casos, y sin verificación. 

Cordero cuestionó el informe de Contraloría, al decir que no hubo pérdidas económicas y pidió la rectificación inmediata, pero el ex contralor -hoy prófugo- Carlos Pólit se ratificó en la auditoría. El ministro aseguró que, del costo total de los siete helicópteros de USD 45,2 millones, el Estado canceló USD 30 millones y el saldo debía pagarse en 10 cuotas iguales cada año. “Debido al tiempo transcurrido al 2015 nosotros debemos USD 6 080”, dijo.

El presidente Correa aseguraba que, con los seguros y garantías, el Estado no perdió, sino que ganó, ya que el contrato se fijó en USD 45,2 millones de los cuales se desembolsó USD 39 millones, y se cobraron USD 51,5 millones por seguros de accidentes y casi USD 4 millones por multas de incumplimiento a la empresa HAL. Esto sin respaldos documentales. El presidente tampoco se refirió a los muertos y heridos por usar las aeronaves defectuosas

“Los Dhruv no pueden operar más de cinco años”, decía el General Gabela, como recordaba su viuda, Patricia Ochoa, quien está convencida de la relación entre la oposición a la compra de las aeronaves y el asesinato de su esposo (http://lahistoria.ec/2015/10/18/los-dhruv-gabela-tenia-razon/)

Todas esas dudas están vinculadas a la todavía no resuelta muerte del ex comandante de la FAE. En un artículo titulado ¿Quién mató al general Gabela?, el portal de investigación periodística Plan V buscaba despejar algunas dudas: “cuando el Ministerio del Interior atrapó en abril del 2011 a cuatro personas supuestamente vinculadas con el crimen, lanzó la primera versión de que el asalto y muerte del ex comandante de la FAE había sido por cometer un robo. Según declaró la familia del General, los asaltantes había seguido el vehículo conducido por su hija Sofía, sorteado con facilidad la estricta seguridad del conjunto privado, ingresado a la casa y disparado contra el jefe comandante delante de su familia. Un robo en el cual no se robaron nada”. 

En su edición 308 (septiembre del 2012), la desaparecida revista Vanguardia reportaba que un miembro de inteligencia de la FAE, cuya identidad mantuvo en reserva la revista, comunicó a Gabela que desde el 2006 “personal de inteligencia del Comaco (Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas) le estaba siguiendo”. Según la familia del militar estas acciones recrudecieron semanas después del primer accidente de los Dhruv, ocurrido en la antigua Base Aérea de Quito el 27 de octubre del 2009”. http://www.planv.com.ec/investigacion/investigacion/quien-mato-al-general-gabela/

Otras grabaciones demostraban que al general Gabela le habían estado haciendo inteligencia desde el Comando Conjunto de las FF.AA. También había documentos que probaban que había vehículos que hacían seguimiento anónimo a Gabela, en Guayaquil. Esas fueron algunas de las conclusiones del peritaje realizado por la Comisión Interinstitucional, encabezada por la entonces ministra de Justicia, Lady Zúñiga. Gabela fue comandante de la FAE al inicio de la revolución ciudadana (enero de 2007 a abril del 2008). Desde su llegada al cargo se opuso a la compra de los Dhruv. 

Sus insistencias ante el Comité de Contrataciones eran porque señalaba que las aeronaves no ofrecían garantías técnicas. Miembros del comité adujeron que Gabela los perseguía (una de las reuniones fue grabada ilegalmente por uno de los integrantes).  Tras dejar el cargo de comandante, Gabela siguió siendo crítico con el proceso. Lo sucedió el general Rodrigo Bohórquez, quien concretó la compra. En un video de Ecuavisa, Bohórquez amenazaba a Gabela por haber hecho las denuncias. Sin embargo, ya en el cargo, Bohórquez dispuso que el titular del Comando de Operaciones Aéreas y de Defensa, COAD, concrete el contrato entre la empresa HAL, representada en el Ecuador por la empresa Sumil, y la Junta de Defensa.

El peritaje internacional de la empresa Consultora Pericial, presentado por la exministra Lady Zúñiga, descartó el vínculo entre la compra de los helicópteros y la muerte del general Gabela, señalando que no había evidencias de que exista una relación con la inteligencia y el seguimiento al alto oficial. Ratificaron que fue un “delito común”.

El perito Roberto Meza, consultado por Plan V, dijo que a pesar de que trabajó en el peritaje, muchos de los elementos que constan en el informe final fueron entregados sin su firma y difieren mucho de los datos que él entregó. Aunque fueron procesados algunos de los sindicados, no quedó claro qué pasó realmente.

http://www.planv.com.ec/investigacion/investigacion/quien-mato-al-general-gabela/

Mientras tanto, los tres Dhruv que quedaban, dejaron de volar, según la revista Vistazo, en la edición de octubre de 2015. Los equipos están parados desde el último accidente registrado en el Tena, el pasado 27 de enero (http://vistazo.com/seccion/pais/los-tres-dhruv-que-quedaban-no-volaran-mas).  El gobierno de Moreno anunció su venta en el fin de su mandato, no se ha concretado mientras se investiga en la Fiscalía. 

El ex asambleísta y excandidato a la vicepresidencia, Ramiro Aguilar, refería en un artículo de opinión (17 de marzo de 2016), “Dhruvs: a pocos metros de la verdad”, publicado en 4 Pelagatos, detalles sobre este caso: “En la sesión del Plenario de la Junta de Defensa Nacional del 20 de Marzo del 2008, estando presentes Isela Verónica Sánchez Viñán; Diego Stacey Moreno; Gastón Alarcón Elizalde; Jaime Aguirre Valdiviezo; Vinicio Baquero Ordóñez; Héctor Camacho Pauta; Guillermo Vásconez Hurtado; Jorge Gabela Bueno; Livio Espinosa Espinosa; Carlos Morales San Martín; Mario Cisneros Aillón; Gonzalo Machado y Ramiro Aguirre, se tomó la siguiente resolución : “Declarar emergente la adquisición de siete helicópteros para la Fuerza Aérea ecuatoriana y autorizar al señor Director Ejecutivo, a fin de que en aplicación a lo previsto en el Art. 15 del Reglamento para Contrataciones con este Honorable Organismo, establezca el instructivo y procedimientos a seguirse para la referida adquisición, para lo cual se determinarán las debidas coordinaciones con la Fuerza Aérea ecuatoriana, sin perjuicio de que en dicho procedimiento se cumpla lo establecido en el artículo 3 del Reglamento para Contrataciones con la Honorable Junta de Defensa Nacional”.

En esta sesión el general Jorge Gabela dijo textualmente: “Permiso, señor Presidente, aquí tengo una duda, en la próxima semana entra al Comité de Contrataciones y en seguida sale a concurso, para el concurso son 30 días aproximadamente. Entre ese proceso que estamos siguiendo y la situación de emergencia, ¿qué es lo que cambia? ¿qué es lo que gano en tiempo? Porque yo veo que hay un problema, el problema es que hay muchos oferentes que están esperando al concurso y en este caso la Fuerza Aérea va a escoger uno a dedo. ¿Cómo lo escoge?”. Sandoval le responde: “Dadas las características técnicas, el precio etc.”. Gabela renuncia el 9 de abril del 2008; esto es veinte días después de esta sesión; y fue asesinado el 19 de diciembre del 2010”. (http://4pelagatos.com/tag/helicopteros-dhruv/).

Tras referir algunos detalles técnicos de la adquisición, Aguilar señala tajantemente, como conclusión, que “los Dhruv eran una porquería; y no hay un solo nombre de los responsables de haberlos comprado y recibido. Ninguna responsabilidad civil, administrativa o penal”. Y se pregunta: “¿Qué pasó Contralor? ¿En qué parte del camino se le cayeron los nombres de los responsables de sus informes?”¿Qué pasó Fiscal? ¿No hay nadie procesado? ¿A usted le parece todo cool? (http://4pelagatos.com/tag/helicopteros-dhruv/).

Para Aguilar era claro que “el general Gabela sabía que los DHRUV eran una porquería. No obstante, al mejor estilo de la mafia, el mejor testigo es el testigo muerto”. Pese a los esfuerzos hechos por la viuda del general, Patricia Ochoa, desde cuando pidió a Correa formar un Comité Interinstitucional que investigue la muerte de su esposo para saber si fue por delincuencia común o asesinato por oponerse a la adquisición de los helicópteros.

En una actualización del caso de los helicópteros Dhruv, un juez negó la prisión para los 15 involucrados, entre funcionarios y altos oficiales que intervinieron en la compra de esas aeronaves por parte del Ministerio de Defensa, en 2008, en el gobierno de Rafael Correa. Los exministros de Defensa, Wellington Sandoval y Javier Ponce, el excomandante de la FAE, Rodrigo Bohórquez, el exdirector ejecutivo de la Junta de Defensa Nacional, Carlos Morales y el exjefe de Estado Mayor de la FAE, Leonardo Barreiro. 

La fiscal Diana Salazar los señaló como supuestos autores directos del presunto delito de peculado. Según su acusación, hubo irregularidades en las fases previa, contractual y de ejecución y pidió prisión preventiva para los 15 procesados. Según la fiscal, la adjudicación a la empresa Hindustan Aeronautics Limited (HAL), empresa pública de la India fabricante de los helicópteros, se hizo sin certificaciones internacionales para vuelos militares y civiles. A diez años de la muerte del general Gabela, la investigación tomó un nuevo cauce, aún sin que se obtengan resultados.

La muerte de Fausto Valdiviezo

Fausto Valdiviezo era un combativo periodista que trabajó en algunos canales de televisión de Guayaquil. Su estilo era cercano al gusto popular. Hacía sus programas desde un escritorio instalado en cualquier esquina de la ciudad, donde las personas se acercaban a hacer denuncias.

Su última actuación pública fue como secretario del comité de empresa de TC TV, medio incautado por el gobierno de Correa para recuperar de recursos de los hermanos Isaías durante el feriado bancario, en el denominado Fideicomiso “AGD No Más Impunidad”.  El 17 de octubre de 2017, la Fiscalía acusó a Ronny A. como autor material del asesinato, dando un giro diferente al caso, luego de cuatro años y medio de ocurrido el crimen. 

El comunicador fue asesinado el 11 de abril de 2013, en un incidente que intentó ser manipulado por las autoridades gubernamentales, encabezadas por el ministro Alfredo Serrano. Desconocidos le dispararon fuera de la casa de su madre, en la ciudadela la Atarazana, en Guayaquil. Los hechos nunca se aclararon y es otra investigación que régimen de Correa intentó desvirtuar, diciendo que era un caso de “delincuencia común”, como el del general Gabela.

El crimen tuvo dos fases de investigación. En la primera, el exministro del Interior, José Serrano dijo, 40 días después del atentado, que el comunicador tenía relaciones con el narcotráfico, lavado de activos, trata de personas y chulco, lo que fue rechazado por la familia, que insiste que fue sicariato, por la actuación del periodista en la incautación y manejo de TC TV durante el correísmo. 

La segunda fase (julio de 2015) se mantuvo en reserva hasta el 17 de octubre de 2017. Un testigo declaró y ratificó que el responsable de la muerte fue Ronny A. quien, por tener nacionalidad ecuatoriana y estadounidense, estaba en EE.UU.  En Plan V, el hermano de Valdiviezo, Alfredo, relataba desde su actual residencia en EE.UU., sobre las vicisitudes de Fausto en el canal de televisión: “Aparte de hermano fui compañero de Fausto en el noticiero. También soy comunicador y trabajé más de 10 años en TC Televisión. Cuando incautaron (los canales) se formó un comité urgente de empresa de parte de los trabajadores. Temíamos que el Fideicomiso AGD no más impunidad nos quite las fuentes de trabajo. Entonces Fausto, quien tenía un poco de experiencia porque ya había trabajado anteriormente en un canal donde sucedió algo parecido (Sí TV o Canal Uno), fue nombrado secretario general de los trabajadores. Lo elegimos más de 250 empleados que había en ese momento en TC Televisión”.

Agrega que Fausto empezó a tener problemas de entrada. La parte neurálgica de la información son los editoriales, si usted aprieta al director, aprieta a los comunicadores. Estos canales, como se sabe, terminaron apoyando al Gobierno. Fausto fue uno de los opositores de la Ley de Comunicación y de ese Gobierno por las cosas que hacían.

Por eso en la sabatina 178 (10 de julio de 2010) Rafael Correa dijo: ‘yo no sé por qué tienen a ese enanito de bigotes disociador etc. Yo de Carlos Coello (entonces gerente de TC Televisión), ya lo hubiese sacado del canal’. A la semana mi hermano fue botado del canal y él puso un juicio ante la Inspectoría de Trabajo para que se le pagaran lo justo. Pero sabían que se les venía un problema. ¿Cuánto hay que pagarle a Valdiviezo? Hay que darle USD 23 000. OK, dale 25 000 y que no joda. Más o menos fue así la cosa. Entonces desestimó la acusación en la inspectoría” (http://www.planv.com.ec/historias/politica/alfredo-valdiviezo-fausto-lo-mando-matar-el-gobierno)

Las cosas no terminaron. Los medios empezaron a entrevistar a Valdiviezo para conocer lo que pasaba en TC. Las denuncias molestaron a los directivos del canal. El gerente Carlos Coello le puso dos juicios personales por difamación, sin éxito. Desde entonces hubo una pelea personal entre los dos. Valdiviezo siguió investigando sobre la administración estatal de TC. El fideicomiso entonces estaba en manos del primo de Correa, Pedro Delgado (que ejerció algunos cargos en el gobierno y tenía título falso). 

Surgieron más casos de corrupción. Así, Valdiviezo descubrió que Pedro Delgado no tenía el título de economista y entregó los documentos al ex asambleísta Enrique Herrería que los publicó. Delgado se fue del país, alegando que “tenía el matrimonio de un pariente y que regresaría para dar la cara”. En su canal de Youtube Valdiviezo contaba que había empleados del canal que ganaban sueldo sin trabajar.  “Eran asistentes de asistentes con sueldos de USD 3 000. Al canal lo feriaron”, señala su hermano.

“Fausto fue asesinado el 11 de abril de 2013, dos años después de ser expulsado del canal. La noche del asesinato la Policía allanó su departamento, sin que ninguno de nosotros estuviéramos allí. Se llevaron la computadora y la caja donde tenía sus investigaciones. Todos esos documentos desaparecieron, así como cámaras fotográficas y de video. Allanan a la casa de la víctima y no de la persona que mi hermano dijo que lo quería matar. Él dijo que el único enemigo que tenía era el administrador de TC Televisión. Y jamás se lo investigó”, agrega el hermano de la víctima.

Alfredo cuenta “estuve dos años siguiendo día a día el caso de mi hermano hasta que dejaron libres a las personas que el exministro (del Interior) José Serrano dijo que eran una pandilla de secuaces y que Fausto era parte de ese grupo, que habían pedido un dinero al chulco y que mi hermano no habría pagado su parte. El señor Serrano nos está debiendo mucho. A mi hermano lo mandaron a matar por problemas personales a nivel de Gobierno. A Fausto lo mandó a matar el Gobierno”. (http://www.planv.com.ec/historias/politica/alfredo-valdiviezo-fausto-lo-mando-matar-el-gobierno)

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