Los estudiantes ponen en jaque al Gobierno
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Ayer, se realizaron nuevas protestas en varias ciudades. Los estudiantes exigen al Gobierno Nacional no reducir el presupuesto de la Educación Pública.
El pasado 30 de abril el ministro de Finanzas, Richard Martínez, anunció la reducción del presupuesto en varios sectores del Estado, incluyendo a la Educación Pública. La justificación fue que esos recursos son necesarios para enfrentar la emergencia sanitaria causada por el Covid-19.
Frente a estas declaraciones los estudiantes universitarios del país plantearon su rechazo, pues este recorte de más de USD 98 millones al presupuesto de Educación Superior afectaría directamente a 32 universidad públicas. Principalmente al gasto corriente que se destina al pago de sueldos y salarios de docentes, trabajadores y empleados. Así también afectaría a las becas educativas, ayudas económicas estatales y a la imposibilidad de integrar métodos alternativos de enseñanza virtual imprescindibles dentro de la pandemia.
Según la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE) esta decisión del Gobierno violenta la Constitución de la República en su art. 165. En éste menciona que, el Gobierno ecuatoriano, en estado de excepción, podrá tan solo utilizar los fondos públicos destinados a otros fines, excepto los correspondientes a salud y educación.
Cristian Flores, presidente de la FEUE, aseguró que hay otros mecanismos para afrontar el tema económico sin que se perjudique a la Educación. Como ejemplo mencionó la renegociación de la deuda externa, el cobro a los grandes grupos económicos deudores y medidas para salvaguardar la fuga de capitales.
Además, por parte de las universidades de Guayaquil, específicamente el Foro Universitario por la Defensa de la Educación, envió otras recomendaciones como el cobro de la contribución del 0,0042% sobre el activo de cada sociedad en paraíso fiscal; restricción a las importaciones de bienes suntuarios; sobregiro del Banco Central y el dinero electrónico perteneciente exclusivamente para este. Y para sostener el consumo y evitar que las personas vulnerables salgan de sus casas, proponen una renta básica financiada por un impuesto al capital de las empresas que percibieron ingresos mayores a USD 1 millón.
La comunidad universitaria (docentes, estudiantes y trabajadores) no está dispuesta a aceptar una reducción del presupuesto, piden al gobierno central reconsiderar las alternativas y tomar las decisiones más acertadas que no atenten contra el derecho a la educación pública y de calidad para todos los ecuatorianos.
