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Tres consecuencias demoledoras para la Justicia luego del golpe de la Embajada de EE.UU.

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El retiro de visas estadounidenses a jueces, funcionarios judiciales y abogados ha provocado el anuncio de una reforma. Los detalles.

Foto: Jonathan Miranda – Flickr Presidencia de la República

La Justicia ha permanecido en sospecha desde hace décadas. La prensa y organizaciones de la sociedad civil han evidenciado la metida de mano del poder político para manejar a jueces y sus fallos. Ha sido una Justicia que, en algunas etapas de la historia del país, incluso, se ha puesto de rodillas ante los caprichos de una autoridad política. 

Ciertamente, no solo fue Rafael Correa. Las denuncias han sido en cada Gobierno. El hilo conductor es que no hay una institucionalidad fuerte, ni recursos suficientes para enfrentar a operadores corruptos y blindados ante el poder político. Y, claro, no hay forma de parar la presencia de políticos con grandes apetitos. 

Han denunciado los supuestos motivos para rodear con tanques los tribunales, de las bombas lacrimógenas en el interior de los tribunales, las reuniones clandestinas con políticos, espíritu de cuerpo ante la corrupción de jueces y funcionarios, la contaminación partidista, la manipulación de fallos políticos y empresariales, las amenazas de muerte… Incluso los asesinatos ejecutados por criminales a sueldo.

Otras denuncias, que han servido para las metidas de mano, es que la justicia responde a los grupos más ricos del país, que ha buscado poner tras las rejas a grandes banqueros del país, o que buscan liberar a otros, o que un grupo político busca atacar a otro… La última metida de mano fue en la época de Lenín Moreno. Fue silenciosa y bajo el pretexto de fortalecer la independencia judicial. 

Igual que antes… ingresaron jueces correístas a cuidar los intereses de esa tendencia que, ya se conoce, tiene un componente corrupto en su cúpula. Esto lo saben hasta en la Corte Nacional de Justicia.     

Por eso, el golpe que dio la Embajada de Estados Unidos a la justicia de Ecuador ha servido para que, en un principio, se produzcan tres consecuencias devastadoras para la Justicia tal y como la vemos ahora. 

Uno: el nuevo choque de trenes en la Función Judicial

Las reacciones de los más altos organismos de la Función Judicial fueron distintos. El Consejo Nacional de la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia reaccionaron ante el comunicado estadounidense sobre los jueces que quedaron sin visa por sospechas de corrupción… pero desde orillas distintas. 

No es la primera vez que no coinciden en posiciones frente a un problema, que lleva incluida una disputa sobre el verdadero liderazgo en la Justicia. La Judicatura anunció que requerirá a todos los jueces y juezas que informen de manera oficial si sus visas a EE.UU. han sido revocadas e informó que ha pedido datos oficiales sobre el tema, los nombres.

La Corte, en su comunicado, donde ratificó que es el órgano más alto de la Función Judicial, señaló que es respetuoso de las decisiones soberanas de cada Estado, como es el retiro de visa. Y que ello no constituye una infracción disciplinaria. El asunto, dice el comunicado, recae en la esfera de la privacidad de cada persona. Finalmente, conminó para que las acciones fuera de la ley de algunos jueces y funcionarios no impliquen generalizar o tachar a toda la Función Judicial. 

Comunicados enfrentados. La Judicatura pudiera usar el retiro de visas para una posible sanción o investigación. La Corte, dice que no. Nuevo choque de trenes en medio de una crisis.  

Dos: el Gobierno sigue firme en la relación con EE.UU.

El presidente Guillermo Lasso, en una entrevista con Ecuavisa, se refirió por primera vez a los pronunciamientos de la Embajada estadounidense sobre el retiro de visas. Y no hay notas de protesta, pedidos de salida de diplomáticos o algo que muestre rechazo a lo que ha dicho la Embajada. 

Por el contrario, el embajador Michael Fitzpatrick asistió a la firma del decreto ambiental que creó una nueva reserva marina en Galápagos. Así lo mostraron las fotografías que fueron difundidas oficialmente por el Gobierno. 

“Lamentablemente, el problema no está en quienes se meten, el problema está en los que no se meten, y los que no se meten debiendo meterse. Está fallando la Justicia en el Ecuador. Las decisiones del gobierno americano se están convirtiendo en un sustituto, y no debería ser así, de la acción de una Justicia eficiente para luchar contra la corrupción”, dijo el Mandatario.

Con eso queda resuelta cualquier diferencia que obligue al Estado a reclamar a Estados Unidos por retirar las visas a generales y jueces. La relación camina estupenda y sin roces.   

Tres: se abre la posibilidad para una reforma la Justicia

Foto: Sora Shimazaki – Pexels

La sorpresa es que, luego de los dos pronunciamientos de la Embajada de Estados Unidos, se abrió la posibilidad de una consulta popular para iniciar una nueva reforma a la Justicia. Una más.

Pero en esta ocasión, de seguro, no encontrará oposición en la cúpula de la Función Judicial, en especial, en la Corte Nacional de Justicia. Se conoce que en ese Alto Tribunal hay el firme deseo de emprender la reforma. Incluso, una que limite, de una vez por todas, el enorme poder de la Judicatura a raíz del deseo del correísmo de manejar a su antojo los tribunales del país. 

El Presidente Lasso habló sobre este punto. Pudiera aprovechar, dijo, la elección de alcaldes del 2023 para no elevar el gasto de una consulta popular. Ya ha conversado con especialistas y lo hará con organismo internacionales, como el BID, el Banco Mundial y la CAF, para un asesoramiento.   

Otro tema que pudiera entrar en la consulta es la reforma laboral. El Presidente anunció un plazo máximo de cinco meses para discutirla, aunque ya advierte de una nueva salida que dejará al país con las mismas reglas laborales durante este año. 

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