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Tres preocupaciones del sector privado sobre la reforma y las críticas a Martínez

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La reforma económica que propone el Gobierno cayó como balde de agua fría para los empresarios. Desde el principal gremio del país hay cuestionamientos a la visión recaudatoria que tiene el Ministerio de Economía y su propuesta. 

Foto: Daniel Molineros – API

En la propuesta de Ley de crecimiento económico hay puntos que preocupan al sector privado. Es una normativa que no fue consultada con los principales gremios del país y que ahora tiene duras críticas. Aquí tres de ellas.  

ISD del 5% al 2,5% a bienes de capital y materias primas… pero con truco. Este impuesto que ha permanecido 12 años en el sistema tributario, y que inició con tarifa del 0.5% en 2007 y se incrementó al 5% para 2011, ha estado en el debate permanentemente por el sector productivo, industrial, comercial y el gobierno de turno. La propuesta de reforma tributaria de la Ley de Crecimiento Económico, si bien es cierto, establece como beneficiosa la reducción de la tarifa del ISD de 5% a 2,5% para materias primas, insumos y bienes de capital; pierde totalmente su efecto de beneficio debido a la Disposición Derogatoria Cuarta de la reforma. Esta elimina tres artículos gracias a los cuales los importadores podían utilizar el ISD pagado en estas adquisiciones como crédito tributario en el pago del Impuesto la Renta, y los exportadores podían recibir la devolución de éste en un plazo no mayor a 90 días. Con lo cual, para estos agentes económicos el pago de ISD podía llegar a cero. Esto sencillamente representa el aumento en el pago del ISD, aunque su valor nominal haya bajado al 2,5%. Visto así, en lugar de ser un incentivo a la cadena productiva, aumenta este impuesto para la importación de materias primas, insumos y bienes de capital, tanto para importadores y exportadores.

Reinversión de utilidades de exportadores habituales sin reglas claras. La actual Ley de Régimen Tributario Interno establece en su inciso séptimo que aquellas sociedades exportadoras habituales que reinviertan sus utilidades en el país (el monto que consideren), podrán obtener una reducción del 10% de la tarifa del Impuesto a la Renta sobre el monto reinvertido en activos productivos. El art. 29 de la reforma tributaria reemplaza todo el inciso, con lo que reduce este incentivo a 8% si la reinversión total en el país en activos productivos se da bajo las mismas condiciones actuales; más, si del total de ese monto invertido se distribuye el 80% en activos productivos y, el 20% restante corresponde a inversión en “programas o proyectos de fomento a la educación inclusiva y equitativa de calidad, que promuevan oportunidades de aprendizaje en todos los niveles de educación y/o de mejora de las competencias en el trabajo”, podrán mantener la reducción de los 10% de la tarifa del Impuesto a la Renta sobre el monto reinvertido. La piedrita en el zapato está dada por el cierre del artículo que indica “siempre que se cumplan con los requisitos que se establezcan en el Reglamento para este efecto”. Requisitos que no están claramente establecidos sobre lo que se considerará una inversión educativa de este tipo.

Impuesto a las empresas a sus ingresos, no a la utilidad. La contribución especial por un período de tres años que se aplicará de forma escalada según sus ingresos anuales. De USD 1 a 5 millones será el 0,1%; de USD 5 a 10 millones será el 0,15% y, cuando superen los USD 10 millones se aportará el 0,2%. En este contexto, aproximadamente, 9 797 empresas darán este aporte. Pero el 18,6% de empresas con utilidad negativa tendrá que pagarlo. Lo deberán hacer hasta el 31 de marzo de cada ejercicio fiscal y existirá facilidades de pago con un plazo de hasta tres meses. El 70% de las empresas que pagarán este impuesto son medianas y el 30% restantes grandes. Este impuesto puede generar una reducción en la inversión de esas empresas en nuevos proyectos, pues ahora se tendrá que destinar una parte de los ingresos a este nuevo impuesto. Lo que preocupa es que el impuesto sea aplicado a los ingresos de las empresas y no a su utilidad.

Patricio Alarcón critica duramente al Ministro Martínez
Además de que el principal gremio empresarial y comercial del país, el Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), emitió su postura frente a la Ley de Crecimiento Económico, su presidente, Patricio Alarcón hizo notoria la grieta que existe entre los intereses de sus representados y la de Richard Martínez, ministro de Economía. La diferencia conceptual es evidente y ahora Martínez está del lado de la recaudación, aseguró Alarcón.

Foto: Gianna Benalcázar – CCQ

Para Alarcón estas reformas perjudican al país, no solo al sector productivo, sino también al consumidor que, al final de la cadena productiva, es quien asume el costo de las medidas. “Cuando debemos pensar en conceptos sobre inversión y ahorro… Se crean leyes recaudatorias, como sucedía en el gobierno anterior” aseguró. Esta diferencia de conceptos agrava la relación entre estos sectores y el gobierno, toda vez que Alarcón indicó que recibieron el proyecto de Ley luego de entregada a la Asamblea y a los medios de comunicación, sin un trabajo en conjunto previo y a pesar de haber dado alternativas para no tomar estas decisiones.

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