Los detalles de las 38 páginas del pedido de juicio político en contra de la ministra María Paula Romo
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La demanda de los legisladores Lourdes Cuesta y Roberto Gómez está dividida en tres partes. La legisladora asegura que hay un fuerte cabildeo del morenismo en la Asamblea Nacional. La Ministra también enfrenta una investigación penal.
La Ministra de Gobierno, María Paula Romo, es una de las mejores voceras que tiene el gobierno de Lenín Moreno. Ella, casi a diario, informa a los medios de comunicación sobre estrategias para enfrentar la delincuencia, operativos policiales, temas migratorios, asuntos relacionados con crímenes internacionales, asuntos políticos nacionales e internacionales, desmiente ataques al gobierno por las redes sociales… De todo.
Pero eso le ha servido también para exponerse y desgastarse, como todo político. Algunas de sus actuaciones han sido criticadas. Desde su intervención en la Asamblea Nacional, en el caso de la expresidenta Elizabeth Cabezas para no perder una mayoría coyuntural, su papel en la crisis carcelaria, hasta el uso de un avión para su traslado a un balneario esmeraldeño.
Levanta pasiones por su labor. Hay radicales opositores y radicales defensores. Y en todo ámbito. Pero hay más polarización luego del pedido de juicio político en la Asamblea. Los legisladores Lourdes Cuesta y Roberto Gómez recogieron 42 firmas para ingresar la solicitud de 38 páginas.
El texto, al que accedió este portal, tiene detalles de las supuestas faltas cometidas por la Ministra de Gobierno y está dividido en tres partes.
La primera es la grave crisis de inseguridad ciudadana. En este punto los asambleístas recuerdan tres muertes violentas de funcionarios públicos y seis muertes violentas de ciudadanos. Luego, hacen un recuento de la crisis carcelaria y, aseguran, cómo la Ministra no ha logrado controlarla. Ambos legisladores hacen un recuento detallado de 11 amotinamientos, algunos con heridos y muertos, en 2018; y 20 en el 2019. La vinculan con la crisis penitenciaria porque, para ellos, la Policía está a cargo de la seguridad a raíz de los Decretos Presidenciales que declararon la emergencia… y ella es la máxima responsable de esa fuerza pública.
La segunda parte de la solicitud de juicio político es el uso indebido de bienes públicos. En el pedido está detallado el caso del uso del avión ambulancia de la Policía para un supuesto beneficio personal de Romo y su pareja, el secretario Anticorrupción del Gobierno, Iván Granda. Lourdes Cuesta y Roberto Gómez aseguran que incluso hubo ocultamiento de la existencia de los pasajeros en el vuelo que se realizó a Esmeraldas para vacacionar. Hay dos argumentos enérgicos de los legislares: que el avión es una ambulancia aérea que usa la Policía, el Ministerio de Salud y el Isspol; y, que la familia de Romo regresó del balneario esmeraldeño por tierra y con escolta policial. Con eso buscan descartar los argumentos que ha esgrimido Romo sobre que debían contar con el transporte aéreo por su seguridad. Y, finalmente, los asambleístas esbozan un posible delito de peculado por el uso del avión.
Y la tercera parte de la demanda es el incumplimiento de Decretos Ejecutivos y leyes que norman el accionar de la Ministra. Para ello citan varios artículos del Código de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público. Además, la acusan del incumplimiento de tres Decretos Ejecutivos, firmados por Lenín Moreno, donde se declara el estado de excepción en las cárceles del país y la renovación de la emergencia. Aseguran que ella, como la responsable de la Policía, no ejecutó las acciones necesarias para mantener el orden y prevenir acontecimientos de violencia en el interior de los centros de rehabilitación social. Además, de que ha incumplido la misión y objetivos del Ministerio del Interior, ahora de Gobierno, que apuntan a reducir la violencia y el cometimiento de infracciones.
Al final del escrito, piden que se tomen en cuenta 32 pruebas y 42 notas de prensa que reflejarían la parquedad de la Ministra Romo ante la inseguridad ciudadana. Los dos asambleístas aseguran que este pedido de juicio no atenta contra la gobernabilidad, sino que buscan una censura y un reemplazo por un funcionario que en verdad enfrente esos problemas. La asambleísta Lourdes Cuesta señaló que el Consejo de la Administración Legislativa (CAL) no debe detener este juicio político. Los requisitos legales, asegura, se han cumplido. Ella dice que en el CAL tendría tres votos para dar paso al juicio, dos de CREO (pese a que Guillermo Lasso no ha definido una posición de su partido) y uno del PSC. Y está a la expectativa sobre la decisión de los otros cuatro legisladores, que son de PAIS y del BIN, los aliados del Gobierno. Además, asegura que hay un fuerte cabildeo morenista por la demanda de juicio político. Hablan con PAIS, CREO y BIN, asegura.
A más del enfrentamiento en el ámbito político, la Ministra también debe enfrenar una investigación penal por el uso del avión ambulancia de la Policía. En esa indagación también está involucrado Iván Granda, quien es el secretario Anticorrupción del Gobierno de Lenín Moreno. La Fiscalía General del Estado confirmó esa indagación.
