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25N: Participación Ciudadana propone un pacto fiscal contra la violencia intrafamiliar

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El Pacto Político-Fiscal por el Derecho Humano a una Vida Libre de Violencias para Niñas y Mujeres del Ecuador busca impedir que los costos que devienen de las violencias de género y crisis económicas y sociales mermen proyectos de vida.

Foto: @tirachardz – Pixabay

A diario, en Ecuador, la Fiscalía General del Estado recibe denuncias de abusos sexuales en contra de mujeres, de las cuales tres son en contra de niñas menores de 14 años. Según datos de la Alianza Mapeo y Registro de Femicidios en Ecuador, cada 41 horas muere una mujer y cerca de 1095 niñas, niños y adolescentes se han quedado en la orfandad.

Por esto, la Corporación de Participación Ciudadana, en colaboración con diversas organizaciones sociales, han presentado el denominado Pacto Político Fiscal por el Derecho Humano a una Vida Libre de Violencias para Niñas y Mujeres del Ecuador. El objetivo es que los costos que devienen de las violencias de género, así como de las crisis económicas y sociales que propiamente atraviesa el país no se trasladen a los proyectos que buscan prevenir y erradicar la violencia de género, bajo cualquier índole.

La iniciativa es impulsada, precisamente, por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en contra de la Mujer. La violencia de género no es un tema nuevo, pero sí uno que los gobiernos de turno han dejado de lado.

Según las cifras recabadas en el proyecto, el costo de las violencias de género hacia mujeres y niñas asciende a USD 4 608 millones, lo que representa el 4,28% de PIB. Además, apuntan que la violencia en contra de mujeres afecta, también, a las comunidades, pues por esta causa (violencia de género) pierden USD 2 billones de dólares al año.

No es suficiente el dinero destinado

En Ecuador, por cada USD 100 dólares que se destinan para la prevención y erradicación de violencia contra niñas, niños y adolescentes, apenas USD 1,73 se invierten realmente para la preveción, pese a que es un imperativo en la Ley Orgánica Intergral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres que tiene, además, tres años de vigencia.

El Pacto Político-Fiscal responde, en su eje principal, a la grave situación de vulneración de derechos que enfrentan niñas y mujeres y exige que los decisores de la política pública replanteen las prioridades fiscales y macroeconómicas para proteger la integralidad de sus derechos en el marco de una política fiscal justa, sostenible, que articule el manejo presupuestario de corto plazo y su financiamiento, con el impacto en el balance del sector público de largo plazo.

Foto: Cortesía Participación Ciudadana

Políticas igualitarias

De cada 100 horas, las mujeres destinan 88 a las labores del hogar, mientras que los hombres destinan 12 horas. Esto, traducido en materia económica, deja como resultado un aporte anual de las mujeres ecuatorianas a la economá del hogar del 76%, mientras que los hombres aportan el 24%, cifras tomadas de El Tiempo, 2012.

Las mujeres destinan esa cantidad de horas a los quehaceres del hogar y también a trabajos que no son, en tu totalidad, adecuados, pues del total de mujeres ecuatorianas económicamente activas, apenas el 26,4% tiene un empleo pleno.

Un segundo lugar alarmante

En Ecuador la cifra de embarazos adolescentes, en su mayoría provocados por violencia sexual de un adulto dentro del círculo familiiar, ha provocado que el país sea el segundo de la región con el índice más alto de embarazos de esta índole, pues se ha detectado que siete niñas menores de 14 años dan a luz a diario.

El proyecto tiene el claro objetivo de establecer compromisos y acuerdos sobre los lineamientos del presupuesto general del Estado 2021, como mecanismo para asegurar un piso mínimo de protección de los derechos de las mujeres y las niñas en el país, pues el presupuesto 2020 había previsto una asignación presupuestaria de USD 11,4 millones para la Secretaría de Derechos Humanos, monto que fue reducido, destinándose, finalmente, tan solo 4 millones 500 mil dólares.

Este monto es el 1% de lo que el Gobierno de Lenin Moreno asignó al pago de la deuda pública en 2020.

Según la propuesta, el dinero que debe ser destinado para combatir la violencia intrafamiliar y para las siguientes tareas:

  1. Garantizar las tres autonomías de las mujeres.
  2. Crear el Sistema Nacional de cuidados.
  3. Asegurar la renta básica de las mujeres.
  4. Implementar la Ley Orgánica Integral de Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.
  5. Elevar de rango al mecanismo institucional para el adelanto de las mujeres.
  6. Asegurar la justicia especializada.
  7. Aceptar que obligar a niñas y mujeres a parir producto de un crimen e incluso judicializarlas es un nuevo atentado a su vida.
  8. Fortalecer la red de centros de atención y casa de acogida para mujeres víctimas.
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