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Nicaragua y la estrategia para callar a un país

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Nicaragua Derechos Humanos

Daniel Ortega, miembro del club de los Socialistas del Siglo XXI, quiere un país en silencio. Y lo está consiguiendo.

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Fotos: Cortesía

Nicaragua es un tema aparte. Mientras en Cuba se conoce de la represión tras las protestas en contra del régimen comunista, en Nicaragua hay una ofensiva silenciosa, pero efectiva, de Daniel Ortega. Algo que puede ser considerado como una estategia militar y judicial para acabar con toda la oposición y disidencia. Con los enemigos.

Ortega, del club de los Socialistas del Siglo XXI, y con influencia en todos los poderes del Estado, sigue en su carrera para las elecciones presidenciales de noviembre eliminando a todos los posibles candidatos que puedan ser un imán para el cambio en ese país.

Pero a más de eso hay una ofensiva en contra de organizaciones de la sociedad civil y periodistas para que no se sepa qué sucede dentro de esas fronteras. 

Los críticos del gobierno son juzgados por una norma, aprobada en diciembre pasado, conocida como la Ley 10-55. Allí se establece, muy al estilo del comunismo cubano, la conducta de quienes supuestamente están en contra del pueblo. Los traidores de la patria…  Esa norma dice:  

“Artículo 1. Defensa de los derechos del pueblo. Los nicaragüenses que encabecen o financien un golpe de estado, que alteren el orden constitucional, que fomenten o insten a actos terroristas, que realicen actos que menoscaben la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, que inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pidan intervenciones militares, se organicen con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, que propongan y gestionen bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, aquellos que demanden, exalten y aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y todos los que lesionen los intereses supremos de la nación contemplados en el ordenamiento jurídico, serán “Traidores a la Patria” por lo que no podrán optar a cargos de elección popular, esto sin perjuicio de las acciones penales correspondientes establecidas en el Código Penal de la República de Nicaragua para los “Actos de Traición”, los “Delitos que comprometen la Paz” y los “Delitos contra la Constitución Política de la República de Nicaragua”.

Con esta legislación, sacada de los mejores manuales de los totalitarios, Ortega tiene a muchos de los luchadores de derechos humanos, políticos opositores, empresarios y periodistas, silenciados, exiliados, enjuiciados o presos. 

Todos los días son citados para comparecer en los tribunales y los perseguidos viven con el temor de ser detenidos en cualquier momento. Es decir, una vida sin vida.

Además, las fuerzas paramilitares que apoyan a Daniel Ortega rondan por los lugares neurálgicos de Managua para hostigar a las víctimas del sandinismo. Incluso a sus propios excoidearios sandinistas, los que se han ido separando de las prácticas totalitarias. Los paramilitares hacen seguimientos a sus blancos, no se separan hasta que llegan a sus casas u oficinas. Dañan los vehículos. Les hacen saber que están bajo la mira.

Desde ese país cuentan que muchos ya han salido, hacia Honduras, Costa Rica y Panamá, incluso sin papeles. No pueden más. Prefieren una vida incierta, ya sin su tierra, pero vida a la final.

Otros, los que resisten, lo hacen restringiendo al máximo sus apariciones, comunican en redes sociales bajo seudónimos, usan plataformas de mensajería que no pueden ser intervenidas por el régimen… Una Ley Especial de Ciberdelitos, amplia y ambigua, como todas las que crean los totalitarios para controlar el pensamiento, permite que cualquiera pueda ser detenido y sentenciado si atenta contra el régimen orteguista con comentarios inapropiados…

Otros más van desapareciendo a diario del debate público, así sea por redes. Callan. Incluso los protagonistas de la dura protesta del 2018 han sido apresados.

Desde allá ven cómo varios países regresan sus miradas a Cuba y Venezuela. Cuando hablan se percibe una sensación de soledad y abandono. Es como si ese país centroamericano se va apagando de a poco.

Las cifras de detenidos suben cada semana (ya suman siete los precandidatos a la Presidencia que han sido detenidos en la persecución orteguista), así como de los que abandonan ese país por la represión todavía silenciosa de Ortega.

Desde allá, no quieren que se repita la crisis del 2018, cuando en las protestas por los cambios a la seguridad social fallecieron más de 300 personas. Las imágenes de la cruel ofensiva del orteguismo están frescas. Pero nada asegura que eso no se repetirá.

Las elecciones, con las que Ortega busca asegurar la ratificación de su Mandato, son el 7 de noviembre. Y, por lo visto, no quiere sorpresas.

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