CARGANDO

Escribe para buscar

Contexto Lo Destacado Portada

¿María Paula Romo con un pie afuera del Gobierno?

Compartir

La Comisión de Fiscalización envió un informe al Pleno de la Asamblea recomendando el juicio político, la censura y destitución de la Ministra. Aquí los detalles.

Foto: Flickr Ministerio del Interior

Finalmente la balanza se inclinó en contra de la ministra de Gobierno, María Paula Romo. La Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional decidió avanzar al juicio político en su contra. Ayer, los integrantes de esa instancia legislativa recomendaron al Pleno la solicitud de juicio político, para su censura y destitución.

El proceso fue impulsado, desde enero de este año, por los asambleístas Lourdes Cuesta, Amapola Naranjo y Roberto Gómez. El pedido, que llegará al Pleno en los próximos días, y que tenía tres puntos por resolver, fue apoyado por 47 legisladores. Estos pudieran ser los votos seguros para la destitución de la Ministra Romo.  

La revisión del caso en la Comisión de Fiscalización inició el 16 de octubre pasado. Los legisladores recibieron informes de varias entidades relacionadas con la defensa de los Derechos Huamanos, testimonios de afectados por la supuesta negligencia e inacción de Romo (entre ellos los dirigentes indígenas Leonidas Iza y Jaime Vargas; y correístas), intervinieron los asambleístas demandantes, el Comandante de la Policía, la Ministra…   

En el informe, al que tuvo acceso Criterios, se indica que se aceptaron dos de las tres acusaciones en contra de la Ministra. A continuación lo que resolvió la Comisión de Fiscalízación y Control Político.

  1. Uso de bombas lacrimógenas caducadas en contra de manifestantes.

María Paula Romo, dice el informe, reconoció en una entrevista el uso de bombas lacrimógenas caducadas. Y es considerada la responsable política de que se entregue a los miembros de la Policía armas no letales en mal estado, “comprometiendo la eficacia de su misión; y que, por los posibles cambios químicos de sus componentes, podrían haber tenido efectos letales en los manifestantes y en los miembros de la Policía Nacional”. La Comisión dice que ella incumplió el Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (Coescop).

  1. Lanzamiento de bombas lacrimógenas a centros de paz y acogida humanitaria.

La noche del lunes siete de octubre de 2019, las instalaciones de las universidades Politécnica Salesiana y Católica de Quito, donde se refugiaban, dice el informe, menores de edad, mujeres y adultos mayores que llegaron Quito para las protestas, fueron atacadas con bombas lacrimógenas. Con este hecho, el Ministerio de Gobierno incumplió con la obligación de garantizar la vida e integridad de las personas, a través del uso adecuado de la fuerza, dice el texto. “La Ministra de Gobierno como rectora de la Policía Nacional, de conformidad a lo determinado en los artículos 63 y 64 del Coescop, incumplió con normas establecidas en la Constitución de la República y con principios de la Convención Americana de Derechos Humanos”, dice el informe final de la Comisión.

  1. Convocatoria tardía al Comité Interinstitucional para la Protección de Periodistas y Trabajadores de la Comunicación.

En este punto no fue aceptado por la Comisión de Fiscalización. Luego de la presentación de las pruebas de descargo de la Ministra de Gobierno se concluye, dice el informe de la Comisión, que ella no es la autoridad responsable de convocar al Comité Interinstitucional para la Protección de Periodistas y Trabajadores de la Comunicación, “por lo que no tiene responsabilidad política en los hechos planteados por los asambleístas interpelantes en su solicitud de juicio político”. De hecho, quien debía hacerlo, según los legisladores, fue la Secretaría General Jurídica de la Presidencia de la República que hace de Secretaría del Comité.

Los asambleístas de la Comisión de Fiscalización, por estas consideraciones, decidieron enviar el informe para que el Pleno lo conozca y resuelva si destituye o no a la Ministra Romo. El Pleno deberá determinar la responsabilidad política, pero además busca la censura y destitución de la autoridad. Para esto se requiere de las dos terceras partes de votos afirmativos (91) de los legisladores de la Asamblea Nacional. Todavía no se conoce si alcanzarían los votos para sacar a Romo del Gobierno de Lenín Moreno. 

Iza y Vargas dieron su testimonio en contra de la Ministra

En el informe de la Comisión se señala que la Fiscalía General del Estado tiene, por la crisis de octubre, 802 procesos penales, 570 indagaciones previas, 25 sentencias condenatorias. Es decir, todavía hay casos pendientes por resolver luego de que ha pasado más de un año de los hechos violentos. 

Dos de los investigados son los líderes indígenas Leonidas Iza, de Cotopaxi, y Jaime Vargas, quien todavía es presidente de la Conaie. Ambos fueron convocados por el correísmo a la Comisión de Fiscalización como parte de los testimonios en contra de Romo. 

Iza llegó el viernes 30 de octubre del 2020, a partir de las 09:00, por solicitud de la asambleísta correísta Amapola Naranjo. Leonidas Iza, protagonista de los hechos de octubre, hizo un recuento de lo que para él sucedió. Defendió la actuación del movimiento indígena. Dice el informe: “Señala que la violencia fue generada por los excesos de la Policía Nacional, al momento de reprimir las manifestaciones. Niega que se haya dado un secuestro de periodistas y de miembros de la Policía Nacional, que ellos, más bien, les dieron protección. Dice que no hubo intención de derrocar al gobierno, ya que el paro nacional fue una respuesta al Decreto 883; y una vez derogado, las movilizaciones finalizaron”. 

Jaime Vargas lo acompañó. El Presidente de la Conaie llegó el mismo día y a la misma hora que Iza, conovocado por el correísmo. El informe detalla: “En su exposición, desarrolla y convalida lo dicho por Leonidas Iza, referente al uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional”.

Etiquetas:

Deja un comentario

Your email address will not be published. Required fields are marked *