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La Asamblea discute la ley de extinción de dominio luego de nueve meses

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El proyecto legal tiene 66 artículos. La propuesta busca crear una nueva institución que se hará cargo de la administración y monetización de los bienes ilegales.

Foto: Marcos Pin – API

La Asamblea Nacional, luego de la posesión de la nueva vicepresidenta María Alejandra Muñoz, tratará un pedido ciudadano de primer orden. Es el proyecto de ley que busca recupera los bienes de la corrupción.  

El nombre con el que han bautizado a ese cuerpo legal, que hoy se discute en primer debate, es: Ley Orgánica de Recuperación de Bienes de Origen o Destino Ilícito o Injustificado. 

El proponente para el primer debate es el asambleísta Raúl Tello, quien fue llamado a la Fiscalía para declarar en el caso de presunta corrupción en el Hospital de Pedernales, cuyo principal involucrado es el exasambleísta Daniel Mendoza. El asambleísta Fabricio Villamar fue quien tuvo la iniciativa en octubre pasado, hace nueve meses. 

En nueve reuniones, desde el 4 de diciembre pasado, se trataron los distintos puntos de la norma. Intervinieron asambleístas, miembros de distintas instituciones relacionadas con la lucha anticorrupción, especialistas internacionales y nacionales. En el informe se destaca la colaboración de Alejandro Boada y Sara Salazar, consultora del International Republican Institute. 

En el proyecto se trata a la extinción de dominio como un proceso distinto al penal de un sospechoso de corrupción. La Fiscalía será determinante en las investigaciones que determinen la procedencia del bien. Se establecen acciones para congelar los bienes mientras la investigación esté abierta, y el retiro definitivo cuando exista la sentencia. 

Foto: Flickr Asamblea Nacional

La extinción de dominio, dice el proyecto, es imprescriptible y son objeto de esta acción los bienes que sean susceptibles de valoración económica, muebles e inmuebles y los accesorios, frutos y productos de esos bienes o dinero. Asimismo, acciones, títulos, valores y cuentas del sistema financiero. 

Las causales que contempla la propuesta para la extinción son de los bienes que formen parte de un incremento patrimonial no justificado, de una actividad ilícita, que provengan de una transformación o conversión parcial o total del producto de actividades ilícitas, que han sido usados para actividades ilícitas, y los bienes mezclados de origen lícito con bienes de origen ilícito. 

También están considerados los que constituyan ingresos, rentas, ganancias de los bienes relacionados con actividades ilícitas, y los bienes en herencia que hayan sido producto de actividades ilegales.  

Las medidas que podrá adoptar la Justicia, según el texto de 67 páginas, es la prohibición de enajenar, la retención y la incautación. 

Además, propone crear una institución. El Servicio de Administración de Bienes o Activos Especiales, con manejo del Ejecutivo, será la que administre y venda los bienes retirados. Asimismo, una unidad especial en la Fiscalía. 

La norma tiene 66 artículos, dos Disposiciones Generales, siete Disposiciones Transitorias y dos Reformatorias. Varias organizaciones de la sociedad civil, como la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) y la Comisión de Integridad y Anticorrupción (CIAN) de la ICC, han pedido que la Asamblea acelere el tratamiento de esta norma y han pedido se escuchados. El fin es mejorar la norma. La CIAN ha puesto a disposición de la Asamblea la colaboración de juristas especialistas en temas anticorrupción.

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