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El proyecto de Ley de Comunicación y los artículos sensibles

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La Asamblea Nacional conoció el proyecto legal que reemplazaría a la Ley que fue creada durante el correísmo. Conozca detalles.

Foto: Freepik

La Asamblea tiene otro reto por delante. Ya conoció el informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica para la garantía, promoción y protección de la libertad de prensa, de opinión, de expresión y de la comunicación. 

Con esta legislación se busca derogar la anterior que nació en el correísmo y que se convirtió en una ley mordaza para la libertad de expresión, no solo para los periodistas sino para organizaciones de la sociedad civil.  

El proyecto se discutió en la Comisión de Relaciones Internacionales, que lo preside el asambleísta Juan Fernando Flores. En esa instancia se juntaron cinco propuesta legales. La presentada por el presidente Guillermo Lasso, de la asambleísta Marjorie Chavez y el asambleísta Fernando Villavicencio. También la propuesta del exasambleísta Juan Cárdenas y, finalmente, de las asambleístas Marcela Holguín y Dina Farinango.

La diversidad de propuestas hizo que la Comisión no reforme la actual Ley sino que busque una que la reemplace. Sin embargo, hay artículos que todavía mantendrían el espíritu de la anterior. Así lo han asegurado varios especialistas en libertad de expresión. 

La propuesta legislativa tiene 38 artículos, cuatro Disposiciones Generales, cinco Disposiciones Transitorias, seis Disposiciones Reformatorias, una Disposición Derogatoria y una Disposición Final. 

El informe de la Comisión señala que el Proyecto de Ley cumple con los parámetros desarrollados por los órganos que integran el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, en materia de libertad de opinión, prensa y comunicación. Además, asegura, evita los controles estatales directos, la censura previa, la autocensura y la inhibición, para dar paso a un “sistema de autorregulación y responsabilidad ulterior”. 

En la discusión previa participaron representantes de los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios, organizaciones civiles, funcionarios estatales, representantes de la academia y especialistas en comunicación. 

No obstante, hay artículos que, en la exposición de varios especialistas en el Pleno de la Asamblea Nacional, no cumplirían con el sistema interamericano de Derechos Humanos y convenios internacionales 

Foto: Flickr Asamblea Nacional

Por ejemplo, la definición de Real Malicia. El texto dice que esta se produce cuando hay “la afectación al honor, a la reputación o a la intimidad de una persona, causada de manera directa por un medio de comunicación, a partir de la publicación o difusión de información falsa o inexacta”. Esto se produciría cuando no hay contrastación o cuando se difundan hechos falsos como si fueran verdaderos. 

Mantiene la Responsabilidad Ulterior, una de las figuras legales preferidas del expresidente Rafael Correa. El artículo 18 de la propuesta dispone que el Estado venda los medios de comunicación privados que hayan pasado a su control por cualquier motivo. El plazo para hacerlo es de 18 meses, sin más. Mantiene las figuras de la réplica y la rectificación, aunque esta última en casos donde se determine ‘Real Malicia’. 

Uno de los más polémicos es el artículo 20 que trata sobre el tratamiento de asuntos judiciales en los medios de comunicación. Aquí se mantiene el espíritu de la ley vigente que lastima al periodismo de investigación. Dispone que la prensa “debe abstenerse de brindar información sugestiva o exponer a las personas investigadas o procesadas como culpables, hasta que exista una resolución en firme”. Una redacción amplia y ambigua, según especialistas.

El artículo 28 manda que en la nómina de los medios “procuren” considerar la equidad y paridad de género. El artículo 32, literal c, dice que para los medios privados se apliquen todos los incentivos generales previstos en el ordenamiento jurídico nacional para el desarrollo productivo. Sin embargo, no se toma en cuenta de la grave crisis del sector y los incentivos que necesita para recuperarse de 15 años de golpes. 

Finalmente, el proyecto dice que la conformación del Consejo de Comunicación tendría, de los seis miembros, cuatro relacionados con el sector público. Esto vulneraría su supuesta independencia.

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