La gran audiencia penal contra el correísmo y sus benefactores
Compartir

Mañana se inicia una nueva etapa del caso ‘Sobornos 2012-2016’. La cúpula del correísmo está involucrada. Pero no están todos los nombres que aparecen en los informes… ¿Hay un camino para involucrar a más personas?

La cúpula correísta al banquillo. El caso de Arroz Verde cambió de nombre. La Fiscalía General del Estado lo rebautizó como ‘Sobornos 2012-2016’. Eso luego de que unió procesos penales derivados de la investigación el portal digital La Fuente, que expuso los registros secretos de Alianza PAIS que usaban para organizar el dinero que ingresaba de empresas privadas y lo que se pagaba con esos recursos. Todo por fuera de la ley. Los primeros involucrados por la Justicia fueron Alexis Mera, María de los Ángeles Duarte, Pamela Martínez y Laura Terán. Ellos son investigados por el delito de cohecho, tráfico de influencias y asociación ilícita. Por todas esas faltas pagan una pena los que ofrecen el dinero, como los que reciben.

La Parte II. Mañana inicia una segunda parte de esta investigación. La Fiscalía pide la vinculación al caso de varios personajes de la revolución ciudadana, desde el mismo líder Rafael Correa. En la lista están Jorge Glas, Walter Solís, Vinicio Alvarado, María Augusta Enríquez, Viviana Bonilla, Christian Viteri, Yamil Massuh, Ítalo Centanaro, Alberto Hidalgo, Ramiro Galarza, Édgar Salas, William Phillips, y otros más. Son 22 personas en total. Con ellos, el caso estaría encaminado en contra de 26 personajes de relevancia para el correísmo y algunos gerentes de grandes empresas privadas, especialmente constructoras. La jueza suprema Daniella Camacho es quien escuchará los argumentos de la Fiscalía y de los procesados para vincular definitivamente y para decidir las medidas cautelares, prisión, grillete electrónico, prohibición de salida de país, presentación ante el juzgado… La audiencia puede extenderse hasta el viernes por la cantidad de procesados.
No son todos los que están… Sin embargo, y pese a que son 26 personas las que posiblemente estén involucradas en este caso, no son todas. Los informes recuperados de la computadora de Laura Terán, que todavía permanecía en la Presidencia, tienen decenas y decenas de nombres. Están los que ofrecieron el dinero, quienes lo recibieron y quienes se beneficiaron de la plata con la entrega de servicios o productos para reforzar el poder del correísmo. El periodista de investigación, Christian Zurita, y quien reveló por primera vez el caso ‘Arroz Verde’ junto con Fernando Villavicencio, considera que el caso debe quedarse con ese número de procesados, aunque a él le sorprende que en el último listado de la Justicia no esté Tomislav Topic y otros que pueden estar relacionados con un mismo sistema pero de la era de Lenín Moreno. Todo está en manos de la Fiscalía, asegura.

¿Abrir otro proceso para los que faltan del listado? La salida hacia el futuro, según fuentes del sistema judicial, es que la Fiscalía General pueda abrir un nuevo caso para involucrar a más personas que están en el informe de Laura Terán, en especial los que trabajaron y facturaron de las empresas privadas… y, lo que pide Zurita, los acólitos de la era Moreno. Los delitos por los que pudieran ser procesados son los mismos, pero en especial el de asociación ilícita. Los beneficiarios del dinero sabían que trabajaban para el partido de gobierno y cobraron con facturas de empresas privadas o empresas fantasmas, claro, creadas por los mecenas de la revolución ciudadana…
La prisión para los altos cargos (El caso Bonilla). Algunos de los nuevos vinculados puede que no tengan medidas cautelares en su contra. La audiencia judicial que se iniciará mañana involucra a personas con altísimos cargos, como Viviana Bonilla, quien es asambleísta nacional. Dos legislaciones se refieren a las medidas cautelares en casos como los de Bonilla. La Constitución (artículo 128) y la Ley Orgánica de la Función Legislativa (artículo 111), ambas disponen que sólo se podrá privar de libertad a los asambleístas en caso de delito flagrante o sentencia condenatoria ejecutoriada. Que no es el caso, todavía. Si es vinculada definitivamente, la Asambleísta, al parecer, podrá moverse por el país y posiblemente fuera de nuestro territorio.