Así recibió la Conaie el pronunciamiento de Bachelet en la ONU

Tras las declaraciones de Bachelet sobre lo sucedido en Ecuador durante las revueltas de octubre, la Conaie se pronuncia. Están a la espera el informe final que respalde sus denuncias.

El pasado viernes, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se pronunció sobre la crisis vivida los primeros días de octubre en Ecuador. Tras el informe de la misión enviada al país del 21 de octubre al 8 de noviembre para recabar información sobre los hechos, la funcionaria instó al diálogo como forma de prevenir nuevos conflictos y recomendó al Gobierno que promueva una estrategia de participación de todos los ecuatorianos en los asuntos públicos. Incluso sobre las medidas económicas y fiscales -especialmente- con los grupos de la población que puedan verse más afectados.

La misión recopiló información a través de entrevistas con funcionarios de alto nivel de todas las instancias de gobierno y con representantes de los diferentes sectores de la sociedad civil, grupos indígenas, periodistas, sindicalistas y grupos de trabajadores. Se realizaron 373 entrevistas, según lo expresado en el informe y, 83 de estas fueron a víctimas individuales. Esto se realizó en diferentes provincias del país.

Ante esto, Andrés Tapia, representante de la Conaie, expresó que en el caso de su organización, el equipo político-jurídico se reunió y presentó un informe sobre violación de DDHH que sostiene que hubo un uso desproporcionado de la fuerza, “que es lo que ahora la misión de la ONU ha ratificado también en su informe”, dijo.

“Los disturbios del mes pasado tuvieron un alto costo humano”, declaró Bachelet. Las cifras presentadas fueron: 11 días de disturbios, al menos 9 fallecidos, 1.507 personas heridas, entre estos 435 miembros de las fuerzas armadas y 1.382 detenidos, algunos de ellos, posiblemente, detenidos arbitrariamente y se les habrían infligido tratos crueles, inhumanos o degradantes y, en algunos casos, no se observó el debido proceso.

Por otra parte, la Alta Comisionada reconoció que la Fiscalía y Policía Nacional ya iniciaron 17 de las 31 investigaciones, pero hizo principal hincapié en que se indaguen las muertes. Sobre el esclarecimiento de las muertes Andrés Tapia indicó que se hará una denuncia contra varios funcionarios de Estado, con un plazo determinado para dar respuesta y si eso no se cumple con garantías, acudirán a instancias internacionales, manifestó.

Bachelet hizo algunos requerimientos puntuales. Pidió que las autoridades se abstengan de hacer declaraciones o acciones que estigmaticen a los pueblos indígenas o extranjeros, así como periodistas y opositores políticos. Además, exhortó al gobierno a velar para que a los liberados sin cargos no se les atribuyan antecedentes penales como consecuencia del arresto y, quienes sean imputados obtengan un juicio justo y un trato acorde a la normativa internacional. Declaró también que debería proporcionarse un conjunto exhaustivo de reparaciones a las víctimas. Y, finalmente, se refirió a la histórica y persistente discriminación contra los pueblos indígenas también debería ser objeto de preocupación.

Tapia indicó a este portal que “más que un espaldarazo (de Bachelet a la organización) es la evidencia de la brutalidad expresada por el Estado durante la represión de octubre, que confirma lo que el movimiento indígena sostuvo de manera firme y lo demostró tanto a la misión de la CIDH y la ONU a través de informes y testimonios de lo sucedido”. La ONU ha actuado sobre las evidencias mostradas, es el primer paso a las demandas que presentarán contra el Estado, aseguró Tapia y recalcó que están a la espera del informe final para emitir un pronunciamiento oficial.