La Conaie rompe con el Gobierno de Lenín Moreno luego de 20 meses de diálogo

El movimiento indígena llama a una protesta nacional que puede ejecutarse a mediados de septiembre. En 20 meses no pudieron resolverse, al menos, nueve exigencias de fondo con el Gobierno.  

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y sus organizaciones regionales: Confeniae, Ecuarunari, Conaice, y otras comunidades, decidió dar la espalda a Lenín Moreno. Anunciaron la ruptura del diálogo que empezó en diciembre del 2017. Este es un Mandato, con 11 puntos, del máximo órgano político: la Asamblea Anual.

Desde hace 20 meses mantuvieron mesas abiertas para solucionar demandas históricas de este movimiento. Según Jaime Vargas, presidente de la Conaie, es un gran listado de temas que se analizaron, pero no se concretaron soluciones.

Vargas dice que son demandas en temas: de recuperación de territorios ancestrales, consultas previas, amnistías judiciales, transporte comunitario, radios comunitarias, educación, salud, agua, Justicia indígena y temas agrarios. “No avanzó nada. Algo en temas de educación bilingüe, son pasos pequeños, pero el control sigue en el mismo Estado”, dice el dirigente.

En noviembre del 2017, la Conaie lideró la ‘Marcha por un diálogo con resultados’ que inició desde la comunidad Unión Base, en Pastaza, y llegó a Carondelet. En ese entonces la Conaie celebró la apertura del diálogo del Gobierno. El presidente Moreno dispuso que se suspendan todos los procesos de concesión minera mientras no se cumplan con requisitos, como la consulta previa a las comunidades.

De eso, ahora, no hay nada, asegura Jaime Vargas a este portal. “El presidente Moreno dijo en 2017 que daba 60 días a sus ministros para resolver todo. No hubo resultados”, asegura.

Por ello, en la resolución de la Asamblea Anual Ordinaria de la Conaie, a más de romper el diálogo directo, exigen al gobierno “dejar sin efecto y la derogación de todas las concesiones mineras, petroleras, madereras e hidroeléctricas en nuestros territorios sagrados de los pueblos y nacionalidades”.  Estas concesiones están identificadas por el movimento: son 30 000 hectáreas concesionadas en territorios indígenas que deben detenerse.

Asimismo, la Asamblea Anual resolvió que se convoque a una movilización, que se traduce en protestas contra el Gobierno, para octubre. El llamado fue dirigido a sus bases y otras organizaciones como sindicatos de trabajadores, organizaciones ambientalistas…

Sin embargo, Jaime Vargas dice que la marcha puede darse el mes entrante. Él, asegura, que tiene que información de que en septiembre ingresarán leyes a la Asamblea Nacional que deben ser detenidas. De hecho, el Frente Unitario de Trabajadores, el mayor sindicato del país, ya anunció su respaldo y participación en la movilización.  

En los otros puntos de la Asamblea Anual hay pedidos específicos sobre iniciar pedidos coordinados de consultas populares en territorios indígenas; que se reconozca la autonomía de los territorios y que se garantice la transferencia de recurosos para los pueblos. Sobre esta resolución no hay una contabilización de cuánto dinero requieren, pero diseñan una ley para alcarzar esa autonomía. Vargas se respalda en que la Constitución abre esa posibilidad.

Unos de los últimos puntos es someter a un proceso de sanación a los dirigentes para fortalecer su espíritu de lucha. Jaime Vargas explica que este acto se realizará antes de la movilización y servirá para superar diferencias y, también, disciplinar. “Y con esa acción sagrada tomar mejores decisiones. Con la energía renovada, ir a la movilización”, asegura.

Entonces, ¿la protesta contra Lenín Moreno va porque va? Es un mandato, dice Vargas.