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Hay preocupación en el gremio petrolero por el caso Singue

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El contrato por la explotación del Campo Singue es igual a otros 20 que están vigentes. Por eso, la Comisión Petrolera del Ecuador pide que en el caso penal se vigile el debido proceso y se respeten los argumentos técnicos.

Fotos: Cortesía Corte Naciónal de Justicia

El caso Singue está por resolverse en la Corte Nacional de Justicia. Este se inició por un supuesto perjuicio para el Estado en la adjudicación del campo petrolero Singue, uno de los tres adjudicados en la Décima ronda petrolera de junio 2011.   

La base del proceso, en el que están involucrados el exvicepresidente Jorge Glas, Carlos Pareja Y., el exministro Wilson Pastor, su hija Silvana Pastor y otras 11 personas, es un informe de la Contraloría y un peritaje de la Fiscalía que señalan que  el pago de la tarifa por cada barril de petróleo, de USD 33,5, habría causado un perjuicio económico para el país; y, además, que se conocía de antemano que en el campo Singue existían más reservas de petróleo que aquellas con las que fue licitado. Además, que los procesados contaban con información privilegiada, que habría una supuesta alteración de la oferta por la única oferente del campo, y otras más. El delito es peculado.

La defensa de los acusados indica, en cambio, que no hay perjucio. Y que, incluso, hay informes del propio Gobierno que establecerían que no se han registrado pérdidas, incluida la última época de pandemia y su devastador efecto en el precio de petróleo. Además, de que algunas pruebas que no cuentan con el respaldo técnico y otros alegatos que se refieren a graves fallas en procedimiento judicial que ha servido para vulnerar el debido proceso y los derechos fundamentales de algunos de los involucrados.

El caso es seguido de cerca por el gremio del sector petrolero, ya que el contrato por Singue es similar a otros que están vigentes en el país y eso puede acarrear inseguridad jurídica, un golpe a las empresas y al propio Estado. 

En este sentido, en un comunicado de la Comisión Petrolera del Ecuador de la Cámara de Comercio de Quito (CCQ), firmado por Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, y Gonzalo González, de la Comisión, se señala que hay preocupación. “Más allá de las razones o motivaciones que puedan existir, nos preocupa el hecho de desconocer la validez de un contrato o de los contratos de prestación de servicios, que el propio Estado ecuatoriano propuso en su momento, como alternativa obligatoria, a varias compañías contratistas e inversionistas extranjeros”, dice el texto.

De hecho, la Comisión Petrolera del Ecuador informa que el contrato por la explotación del Campo Singue es igual en su estructura y normativa a más de 20 contratos celebrados entre el Estado y varias empresas privadas. Y, por eso, establece una alerta: “Este antecedente podría considerarse en instancias del arbitraje internacional, cuya experiencia para el Ecuador en la mayoría de los casos le ha resultado desfavorable, como una clara muestra de inseguridad jurídica que afecta a la inversión y el aporte de este este sector a las finanzas públicas”. 

Otro aspecto que tiene atentas a las operadoras, expone al Comisión, es el uso de un documento de interpretación sísmica para considerar las reservas de un campo petrolero. “Este tipo de documento no se usa en la industria petrolera por cuanto no es oficial, no tiene calidad de certificador de reservas y las cifras que presenta no están categorizadas bajo la normativa internacional. El único documento válido es el Libro Nacional de Reservas y es con este con el que se han llevado adelante todas las negociaciones de contratos petroleros en el país”, aclara.

Finalmente, en este tipo de contratos, expusieron las dos autoridades del sector privado, toda la inversión recae sobre las empresas que se comprometen a colocar capitales de riesgo en campos petroleros que no son atractivos para el Estado y asume bajo su riesgo la ejecución de las actividades contenidas en los contratos. Por estas razones, la Comisión Petrolera del Ecuador de la Cámara de Comercio de Quito solicitó que, en el caso Singue, “se consideren los argumentos técnicos y las herramientas apropiadas para la contratación petrolera, así como se garantice el respeto a las garantías al debido proceso y el derecho a la defensa”. 

Está previsto que el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia emita su fallo dentro de 15 días.

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1 Comentario

  1. Luis Calero 29/10/2020

    Me parece inadmisible que la Cámara ponga en juego su respetabilidad con adhesiones subliminales y respaldos implícitos, propiciados, seguramente, por estudios jurídicos vinculados a varios procesados.
    Que los jueces actúen conforme a Derecho, sin influencias no presiones de ninguna naturaleza.

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