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Familiares insisten en la desclasificación de la información sobre el secuestro del equipo de El Comercio

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Ayer fue presentado el informe final del Equipo de Seguimiento Especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay señalamientos a las Fuerzas Armadas por permitir el paso del equipo periodístico a Mataje.

Fotos: Gianna Benalcázar – CCQ

Luego de un año y medio, los familiares de los integrantes de equipo periodístico de Diario El Comercio, secuestrados el 26 de marzo de 2018 en Mataje, Ecuador, y asesinados en Colombia días después, recibieron el informe final del Equipo de Seguimiento Especial (ESE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Este, presentado en Washington, EE.UU., contiene recomendaciones para las fiscalías de Ecuador y Colombia sobre las investigaciones, pero también pedidos directos al gobierno de Lenín Moreno.

Paúl Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra, del Diario El Comercio, fueron secuestrados y asesinados por integrantes del Frente Oliver Sinisterra. Ellos buscaban informar sobre grave situación de la frontera norte. Llegaron a Esmeraldas y no retornaron con vida. Se involucraron, sin saberlo, en una guerra que era mucho más cruenta de lo que se conocía. Pero que sí sabían la Fuerza Pública y pocas autoridades del Gobierno.  

Esmeralda Arosemena, presidenta de la CIDH, y Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión, fueron los encargados de entregar el reporte. Entre las conclusiones, el informe señala que no se puede determinar la forma en la que fallecieron, la ejecución pierde fuerza y más bien la forma en que fueron asesinados mostraría que fue un asesinato en movimiento. A diferencia del cuarto cuerpo encontrado en las dos fosas que presenta un disparo desde el frente. Los investigadores no lograron determinar el día de la muerte de los integrantes del equipo periodístico.

Además, según un comunicado del colectivo #NosFaltan3, concluye que las medidas adoptadas por el Estado ecuatoriano fueron insuficientes para hacer frente a la evidente situación de riesgo extraordinario generado por la presencia de los grupos delincuenciales en la frontera con Colombia.

El ESE identificó que, en la práctica, se presentaron aparentes descoordinaciones que llevaron al debilitamiento de la seguridad en la zona. El informe también señala directamente al contralmirante John Fernando Merlo, quien dejó pasar al equipo periodístico a Mateje pese a que había una situación de inseguridad extrema. En el informe se pide al Estado que examine estas situaciones.

Uno de los puntos que toca directamente al Gobierno de Lenín Moreno es la falta a su promesa de desclasificación de la información de lo que sucedió durante el secuestro y muerte del equipo de El Comercio. Y, en especial, las operaciones militares conjuntas que habrían sido el pretexto para el asesinato de los tres ecuatorianos. El ESE hizo un llamado de atención a ambos países para cumplir con sus promesas de desclasificación y entrega de información. Es más, el propio Estado colombiano confirmó a los investigadores que sus Fuerzas Armadas llevaron adelante operaciones militares de búsqueda de información en la zona que operó el Frente Oliver Sinisterra mientras las víctimas permanecieron secuestradas.

“Es inaudito que existiendo un ofrecimiento público por parte del presidente Lenín Moreno sobre la desclasificación de la información del Consejo de Seguridad Pública, las autoridades pertinentes no lo hayan llevado a cabo. No existe ningún indicio de que la información entregada haya tenido carácter de desclasificado”, insistió Ricardo Rivas, hermano del fotógrafo Paúl Rivas.

Mucho está por investigarse. Hay puntos que no tocó el informe, como la participación de distintas organizaciones de Inteligencia ecuatoriana en las investigaciones a los narcoterroristas de la zona y los informes que sí llegaron a las altas autoridades del gobierno. Los familiares del equipo periodístico solicitaron a la Comisión que las medidas cautelares que se emitieron el 12 de abril de 2018 continúen abiertas. El motivo es que Colombia y Ecuador, aseguran, tienen deuda al no entregar toda la información de lo que sucedió en esos días.

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