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El femicidio, sus víctimas y el Estado apático

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Las cifras del femicidio en el Ecuador son una alerta. Pero no es solo la muerte de una mujer la que hay que lamentar, sino las víctimas que quedan por detrás: niños huérfanos, familiares que sufren los avatares de la justicia y una sociedad cada vez menos empática con el dolor.

Foto: Gianna Benalcázar – CCQ

En su departamento en el barrio Chillogallo, nos recibe Slendy Cifuentes. Al entrar, nos encontramos con la foto de Johana Cifuentes Rubio, su hermana, quien fue asesinada en 13 de febrero de 2006, a sus 19 años, por su exnovio. A pesar del dolor, Slendy habla de forma serena, en momentos se quiebra su voz. Pero continúa relatando con firmeza el calvario que atravesó su familia, no solo por la pérdida de su hermana, sino también por enfrentar la precariedad del sistema judicial y la indolencia de una sociedad ajena al femicidio.

A pesar del dolor, Slendy habla con mucha firmeza y empieza su relato recordando que “callar duele más”. Ese 13 de febrero su hermana a través de un mensaje de texto le indicaba que pronto llegaría a casa. Lo que nunca pasó. Esa noche ella recibió una llamada en la que le informaban que su hermana había sido asaltada, sin embargo, la realidad era que recibió 17 puñaladas por parte de su exnovio, Edison Quillachamin, con quien había terminado la relación hace más de seis meses. La violenta agresión causó una hemorragia interna grave, provocándole la muerte casi inmediata.

Este femicidio no pudo ser sentenciado como tal porque no fue sino hasta 2014, tras continuas demandas sociales y tras un caso que conmocionó a la ciudadanía donde otra joven fue asesinada, que se tipificó como delito dentro del Código Penal. Es decir, previo a esto, las muertes se consideraban homicidios comunes.

Si bien han existido esfuerzos por minimizar la violencia contra mujeres, no han sido suficientes. Recién entre 1994-1995 se establecieron las primeras comisarías de la mujer. 10 años más tarde surgieron las unidades especializadas en Fiscalía; y en 2007, a través de un Decreto Ejecutivo se planteó como política estatal el Plan Nacional de Erradicación de la Violencia de Género hacia la Niñez, Adolescencia y Mujeres. 10 años después de la Constitución de 2008, donde se aseguraba una atención prioritaria, preferente y especializada, se estableció la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra Mujeres. A más de la lentitud de los cambios, ahora hay menos dinero para este problema social. Según la Proforma Presupuestaria de 2020, el gobierno reducirá a cero el presupuesto para la prevención del embarazo adolescente (otra forma de violencia) y también en un 84% el monto para la aplicación de la Ley para erradicar la violencia (de USD 5,4 millones a UDS 876 862).

Esta reducción se da cuando las cifras de violencia de género siguen siendo alarmantes. Según el INEC, el 65% de las ecuatorianas han vivido algún tipo de violencia a lo largo de su vida y, solo en 2019, 41 de cada 100 mujeres entre los 18 y 29 años experimentaron algún tipo de violencia. Y, más alarmante resulta que el 18% de mujeres sufrió violencia por parte de su pareja. Además, según información oficial del INEC, desde agosto de 2014 (cuando se tipificó este delito) hasta el 19 de enero de 2020, el número de femicidios es de 378. Este número corresponde únicamente a lo que se logra contabilizar por denuncias de femicidio. Sin embargo, las organizaciones sociales que trabajan en el tema indican que la cifra es mayor.

Así, en un informe actualizado, la Alianza para el Monitoreo y Mapeo de Femicidios en Ecuador, que la integran varios colectivos, indica que, solo en 2019, 106 mujeres fueron violentamente asesinadas por el hecho de ser mujeres y 12 fueron reportadas como desaparecidas. Esto quiere decir que cada 71 horas ocurre un femicidio en el país, y el 83% de estos fueron perpetrados dentro del entorno familiar, la pareja, expareja o pretendiente. El 61% de las asesinadas estaban en un rango de edad entre 19 y 39 años, lo que implica que un gran número de niños y niñas quedaron en la orfandad. Por otra parte, al menos un tercio de estas mujeres asesinadas ya habían reportado incidentes de agresiones, algunas de ellas ya contaban con boletas de auxilio. El mayor número de casos se dieron en Guayas (25) y Pichincha (14).

Este tipo de delitos muchas veces queda en la impunidad, así lo señala Anais Córdova representante de Taller de Comunicación Mujer. Su experiencia al dar acompañamiento en estos casos le ha demostrado que en el Ecuador los procesos no solo son lentos sino también impunes. “La justicia no está a favor de las mujeres, los jueces tienen problemas de estereotipos de género y el juzgamiento se da en función de dichos estereotipos, por tanto, los procesos tardan mucho tiempo. Por ejemplo, en el caso de Vanesa Landínez, la sentencia tardó cinco años a pesar de que había todas las pruebas; en el caso de Juliana Campoverde, quien desapareció en 2012 y recién en 2019, su madre y la nueva fiscal asignada al caso, lograron una nueva sentencia o el caso el caso de Johana Cifuentes, que su familia buscó justicia durante 10 años para que haya una sentencia”, explica.

Esto lo reitera Slendy al contar el viacrucis que tuvo vivir para obtener justicia. “La justicia sí es una reparación, nos llegó después de 10 años, sí es un alivio y una garantía de que no vuelva a hacer daño a otra familia, es una tranquilidad. El dolor siempre está, pero al menos no quedó impune este caso”.

El asesino esa misma noche huyó, hubo testigos presenciales. Inmediatamente –y en medio de la consternación- la familia se encargó, por un lado, de poner la denuncia y, por otro, de acudir a la casa del agresor. Sin embargo, “la policía no hizo un allanamiento ni recogió las pruebas del caso”, dice Slendy, y comenta que en ese momento -por desconocimiento- se comenten muchos errores. A esto agrega que su padre incluso perdió su trabajo porque son los familiares quienes tienen que cargar los procesos a cuestas y debía pasar días enteros en Fiscalía. La familia no logró poner una demanda particular a tiempo (antes de que culmine la instrucción fiscal) por lo cual quedaron en indefensión y se convirtió en un caso de delito público pasando a depender únicamente del trabajo del fiscal. Fue así que diez meses después del asesinato y de luchar contra la negligencia lograron obtener el auto de llamamiento a juicio. Para entonces el asesino ya había salido del país por tierra.

“Si uno como familiar no está ahí, las víctimas quedan sin justicia, por la negligencia del sistema judicial y la indolencia del estado”.

“La impunidad causa dolor, pero en 2007 decidimos que debíamos continuar con nuestra vida”, dice Slendy. Ella comenta con lágrimas que cada 13 de febrero -día del asesinato- y cada primero de octubre -cumpleaños de Johana-, ella recuerda con más dolor a su hermana. Y fue así como luego de siete años de una amarga tristeza por la impunidad, un primero de octubre de 2014, decidió indagar a través de Facebook y encontró al asesino, quien estaba viviendo en Venezuela. Así fue cómo retomó el caso.

Vino otro batallar. Sin embargo, en 2014 la familia ya contó con el apoyo de la jurista Mayra Tirira, de la Fundación Surkuna. Así fue como con la pista de la cuenta en Facebook acudieron a varias instancias: primero a Fiscalía para identificar si la cuenta era real e solicitar la apertura del caso, después al Consejo de Nacional de Igualdad de Género donde a su vez la contactaron con grupos de apoyo como la Plataforma Justicia para Vanesa.

Slendy tomó la batuta del caso y la búsqueda de justicia se convirtió en su trabajo: días enteros en Fiscalía, trámites, firmas y sellos. Desde abril del 2015 que se logró reabrir el caso, este pasó por cinco fiscales, lo que entorpeció y desgastó aún más el proceso. “Los fiscales no hacían su trabajo como debían por lo que me vi obligada a poner una vigilancia del debido proceso en la Defensoría del Pueblo”, dice Slendy. Solo entonces agilitaron el caso y en junio de ese año fue cuando se consiguió la difusión de línea roja en la Interpol, a los 13 días detuvieron a Quillachamin en Venezuela. Para entonces el asesino ya era ciudadano venezolano, lo que complicó el proceso de extradición. Venezuela tenía que aprobar la extradición y todo este proceso se realizó a través de la Cancillería y valija diplomática, lo que lo demoró aún más. La extradición demoró seis meses.

El asesino llegó a Quito el 20 de enero de 2016 y desde su arribo las cosas se fueron dando, dice Slendy. “Esto coincidió con los 10 años del fallecimiento de mi hermana, luego de una misa conmemorativa que realizamos empezó el juicio y ya para entonces no solo tenía los veedores de la Defensoría del Pueblo, sino también del Ministerio de Justicia. Esto se dio porque el caso fue muy sonado y así pudimos ejercer cierta presión”, cuenta. En una sola audiencia y sin interrupciones el agresor fue sentenciado a 25 años de reclusión por asesinato ya que en 2006 todavía no estaba tipificado en femicidio.

“Desde ese día tengo una tranquilidad en mi corazón, tengo un dolor más llevadero, porque te acostumbras a la ausencia, pero no te acostumbras a la impunidad. La impunidad duele más y eso fue lo que me motivó a llegar hasta el final. Mi herma merecía que este caso no quede en la impunidad”.

Geraldina Guerra, representante de la Red Nacional de Casas de Acogida y comenta que en el Ecuador hay una falencia estructural de la justicia, “la normativa está escrita y está bien, pero es una falla estructural en el sentido de que la justicia depende de los criterios y percepciones personales, creencias religiosas y las ideas de cómo tiene que ser una mujer por parte de quienes están dentro del sistema de justicia. Depende del fuero íntimo personal y no del cumplimiento la norma. Y, si a esto se suma que en algunos lugares no hay acceso a la servicio, si se suma que no hay una especialización (ya que no es un requisito tener formación en enfoque de género) empeora la situación.” Recalca que si un fiscal no empieza una investigación de violencia hacia una mujer como femicidio está incumpliendo normas internacionales que el Ecuador ha suscrito, como el Protocolo para la Investigación de Muertes Violentas de Mujeres en América Latina; “incluso Fiscalía tiene un instrumento para aplicar en estos casos pero no acogen las normas”, dice y explica que incluso, hay conflicto con ciertos médicos que no ponen en los partes “agresiones graves” para no tener que participar en juicios. Por tanto, “lo que sucede es que no hay una apropiación de la normativa y no hay sanción para quien no le aplica, entonces los estereotipos de género facilitan a que campee la impunidad”.

En medio de estas demandas sociales a la justica, la ministra María Paula Romo hizo el lanzamiento del Sistema de Medidas de Protección para Víctimas de Violencia. Este esfuerzo, en el que intervienen varias instituciones públicas (Consejo Nacional de Competencias, Ministerios de Gobierno, Corte Nacional de Justicia, Consejo de la Judicatura, Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Derechos Humanos), tiene el fin de garantizar una atención oportuna a las víctimas. Esta es una herramienta tecnológica que automatiza la solicitud y entrega de medidas de protección tanto administrativas como penales, reduciendo el tiempo de trámite.

Ante esto, Geraldina indica que “sistemas de protección integral hay desde el 2008, eso es un mandato constitucional, desde entonces se han creado un montón de protocolos. Ahora este es uno nuevo, pero lo que interesa es que se concrete y no se quede en el papel. La Ley está en el papel, lo que no hay son recursos para que se ejecute en los territorios, no se destinan fondos para personal capacitado, por tanto, quedan las dudas sobre la implementación de este sistema de protección. Se celebra desde la sociedad civil que haya ciertas iniciativas, pero estamos alertas para saber cómo van a aplicar ese sistema en el territorio, ya que de discursos tenemos un montón”.

Por su parte, Córdova acota que lastimosamente el tema de la violencia de género no tiene la prioridad que debería en las instituciones públicas y tampoco en las mujeres que están en frente de estas. Asegura que este es un nuevo sistema web de registro de violencia pero no ayuda, ni brinda alguna propuesta para erradicar  violencia de género o para proteger a las víctimas. “Este fue una demostración vacía a la cual fuimos, escuchamos y nos fuimos. Escuchamos hasta el final, pero no hubo ningún tipo de propuesta. Esto solo cambió el tipo de registro, que está bien, pero qué harán para que pare la violencia, no está claro. Generar un sistema de protección no implica brindar equipos informáticos a diferentes entidades, sino hacer acciones en los territorios del Ecuador. El plan de protección no fue claro para ninguna de las personas que trabajamos en el tema de género y que monitoreamos lo que sucede en el país”. Además los colectivos alertan sobre la no designación del presupuesto para la prevención de violencia de género. “El hecho de que no exista presupuesto dice mucho, esto implica que los derechos sexuales y reproductivos no han sido respetados”.

La principal demanda, asegura Guerra en nombre los colectivos con los que trabaja es que se cumplan las normativas y se dé la importancia que tiene la violencia de género; “destinar recursos, especializar el personal, asegurar un sistema de protección, concretar acciones en territorios, difundir la Ley y difundir las rutas de atención”.

Con las cifras que emite Alianza Mapeo lo que se busca es evidenciar lo que pasa en el país, sin un lenguaje amarillista, sino evidenciar los culpables y poner el debate sobre la mesa dice Córdova, “sino se trabaja en todos los niveles sociales no se podrá conseguir nada. El pedido es de seriedad al gobierno, porque erradicar la violencia es algo fundamental, no solamente un ítem más en una agenda de campaña política. Las demandas ya no pueden ser solo escuchadas sino que deben ser accionadas”, concluye. Slendy también se muestra escéptica, “no tengo muchas expectativas, porque el hecho de que se haya reducido el prepuesto para la erradicación de la violencia contra las mujeres ya es indicio, y es lamentable”.

Al final de nuestro diálogo con Slendy y con mucha indignación ella reitera que “se supone que la justicia, la reparación y la no revictimización la debe asegurar el Estado, pero somos los familiares de las víctimas quienes estamos atrás de los procesos”. Y asegura que justamente por esta situación y por condiciones económicas precarias otras familias no pueden acceder a la justicia. “El Estado no nos respalda, yo lo viví en carne propia. Días llorando, días de optimismo, días de frustración… El proceso de búsqueda de justicia es doloroso en este país, los funcionarios no tienen enfoque de género ni solidaridad”. Por ello, Slendy resalta que durante todo este proceso, varias organizaciones, especialmente la Plataforma Justicia para Vanesa le brindó apoyo logístico. “Las compañeras de la Plataforma fueron un apoyo clave para mí y mi familia”, dice.

La despedida termina con un abrazo, de esos que anuncian que todavía hay un largo camino por recorrer. Antes de salir nos recuerda que es importante denunciar a viva voz estos casos: difundirlos en redes, en medios de comunicación y darlos a conocer como método para ejercer presión social. Ahora ella acude en solidaridad con otras familias a plantones y demás actividades que como sociedad civil auto gestionan en la lucha para erradicar la violencia de género.

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