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El exjefe de la Inteligencia correísta tiene poderosos defensores en España

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La extradición de Pablo Romero, exjefe de la Senain, no avanza. Sus defensores, ahora, son altos miembros de uno de los partidos que hacen parte del cogobierno con Pedro Sánchez.

Foto: Eduardo Santillán – Flickr Presidencia de la República

Pablo Romero Quezada es el exjefe de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain). Estuvo desde el 31 de mayo de 2012 hasta el 10 de marzo del 2014.

Ese organismo, puntal para el trabajo de espionaje y seguimientos en la era del correísmo, fue eliminado, al menos en nombre, en el actual gobierno.

Romero salió del país en abril del 2017. Y guarda prisión domiciliaria en Madrid, España. Está a la espera de su extradición para que responda a la Justicia ecuatoriana de los dos delitos por los que se le acusa. Pero hay demora en la resolución final.

El exjefe de la Senain tiene un grupo de abogados españoles que lo defienden y que creen en la causa de la revolución ciudadana y del Socialismo del Siglo XXI. Pero no es un asunto únicamente ideológico. Ahora esos abogados son parte del poder político liderado por el presidente Pedro Sánchez, y apoyado por Unidas Podemos, de Pablo Iglesias. Y el caso de Romero Quezada, precisamente, está en manos de ese grupo del alto nivel que apoya abiertamente a regímenes como el boliviano, cubano, venezolano y, claro, al correísmo.

Los dos casos contra Romero
El Estado ecuatoriano ha interpuesto dos solicitudes de extradición ante el Gobierno de España por juicios penales abiertos en su contra. El primer pedido por el delito de plagio en el caso Balda, donde está vinculado el expresidente Rafael Correa, los exagentes de la Senain, Raúl Chicaiza y Diana Falcón. Fernando Balda es un político, quien fue simpatizante del correísmo, en sus inicios, pero que luego tuvo diferencias, y pasó a la oposición.

Foto: Flickr Archivo Uno

Los dos expolicías ya cumplieron su pena el 11 de enero pasado. Pese a que han pasado 12 días, Chicaiza está a la espera de su boleta de libertad, sigue con grillete electrónico. Pablo Romero les aseguró a los exagentes que Correa no les quitaría el apoyo, que estén tranquilos. Eso está en la grabación de 22 de abril del 2015, ya judicalizada. Pero ambos fueron condenados.

El segundo pedido de extradición es por el delito de peculado en la operación secreta ‘Caminito’. Según la Fiscalía, la operación se planificó para obtener información sobre un grupo de hackers que tenía datos de las Fuerzas Armadas, Corte Nacional de Justicia y otras entidades, además de claves de correos electrónicos de altos funcionarios del Estado. Pagaron a un informante llamado ‘Ruso’, del que no se ha podido verificar su existencia y que, además, no presentó el producto final de las investigaciones secretas. Por esta operación desaparecieron USD 162 582, según el caso judicial. Ambos procesos se encuentran tramitándose en la Corte Nacional de Justicia, en Ecuador.

Los defensores que ahora son parte del poder
En España, Pablo Romero cuenta con el apoyo irrestricto de los partidos políticos: Partido Comunista, Izquierda Unida (IU) y Podemos. Todos son parte de la coalición Unidas Podemos. Y ahora cogobiernan con el PSOE, de Pedro Sánchez.

Los dos abogados que lo han defendido en el caso de la extradición están vinculados a IU y Podemos: Enrique Santiago y Juan Moreno Redondo.

Santiago, también vinculado al Partido Comunista y quien asesoró a la narcoguerrilla de las FARC en la negociación del sistema de justicia creado en La Habana, ha denunciado en varias ocasiones la presunta persecución política y judicial a Rafael Correa y a Romero. Y ahora es legislador español, y hombre fuerte del bloque de Unidas Podemos. De hecho, es el portavoz de su agrupación frente a la Alianza de los socialcomunistas.  

Juan Moreno Redondo, por su parte, es abogado de IU. Y un alfil en los señalamientos de supuestos casos de corrupción a los partidos de derecha española, como el Partido Popular. Ha trabajado directamente, y en varias ocasiones, con Enrique Santiago.

La ‘demora’ en la extradición por el caso Balda
La Procuraduría del Estado informó que, el 14 de enero de 2019, la Sala 3 de lo Penal de la Audiencia Nacional del Reino de España, dictó el Auto mediante el cual accedió a la solicitud de Ecuador para extraditar a Pablo Romero.

Su defensa presentó un Recurso de Súplica ante el Pleno de la Sala Penal, y el 25 de abril de 2019, pero no les fue bien. El Tribunal acogió los argumentos del Estado ecuatoriano y en consecuencia desestimó el recurso de Romero. “Ahora lo que corresponde en este proceso es que el Consejo de Ministros del Gobierno de España decida formalmente la extradición, luego de haberse agotado la etapa jurisdiccional”, asegura la Procuraduría.

En el Consejo de Ministros, que se reúne cada martes en Madrid, hay miembros que son de Izquierda Unida (como el ministro de Consumo, Alberto Garzón), el partido de los defensores judiciales de Pablo Romero; Unidas Podemos; y el PSOE. Es decir, la extradición de Romero es una decisión del partido del que son parte sus propios defensores…

A la espera de respuesta en el caso Caminito
El 12 de diciembre de 2019 se efectuó la audiencia ante la Sala 3 de lo Penal de la Audiencia Nacional del caso ‘Caminito’. La defensa del Ecuador, liderada por la Procuraduría, demostró el cumplimiento de los requisitos para la extradición. “En los próximos días se espera la decisión de la Sala 3 de lo Penal de la Audiencia Nacional del Reino de España”, informó la Procuraduría.

La defensa de Romero habla: no hay protección de España
Stalin Oviedo es el abogado defensor del exjefe de la Senain en Ecuador. Él asegura que no hay una demora en el caso, sino que no se han evacuado todos los recursos legales. Para el jurista tampoco existe protección política del gobierno de España, sino persecución política del Gobierno de Ecuador.

“La legislación sobre extradición europea es mucho más garantista que la nuestra. El debido proceso se respeta y saben que hay violaciones. No cantamos victoria porque hay procesos judiciales en contra, pero se violaron las garantías en Ecuador”, dijo el letrado.

La Procuraduría indicó que la demora es posible, en cambio, por los problemas políticos de España. “Es preciso indicar desde el 28 de abril de 2019, tanto el Gobierno de España como su Consejo de Ministros se encontraron en funciones prorrogadas; es decir en situación de interinidad, lo cual pudo influir en la decisión de este caso”, dijo esa entidad a Criterios, mediante un comunicado. 

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