La escalada de la violencia atenta contra los Derechos Humanos

El caos que vive el país y los evidentes excesos por parte de la Fuerza Pública y manifestantes, pone en riesgo a los más vulnerables.

La violencia debe tener repercusiones. Ante esto, Lolo Miño asegura que el Estado tiene la obligación de investigar y sancionar cualquier acción que viole derechos de terceros y, de no hacerlo, se pudieran denunciar a nivel internacional. Sin embargo, Rafael Oyarte sostiene que no habría repercusiones para el país y los actos deberán ser sancionados por órganos nacionales.

Ante esto, Mauricio Alarcón plantea que hay que diferenciar los excesos de la fuerza pública y de los manifestantes. Los primeros traen una responsabilidad del Estado y los segundos no están relacionados con el libre ejercicio de un derecho; en ambos casos son delitos que deben ser procesados y juzgados. Además, asegura que las repercusiones para el país serán negativas porque se puede perder lo recuperado en derechos y garantías en el último período.

La violencia escalada es un hecho, cómo precautelar la seguridad de los ciudadanos ante el conflicto aún es incierto. Pero, dice Lolo Miño, no siempre se debe usar el mismo nivel de represión o fuerza, es decir, cada acción implica ejercer la fuerza de un modo determinado, la proporcionalidad de la respuesta debe ser coherente y aplicarse las distinciones correspondientes. Sin embargo, desde la óptica de Alarcón, el Estado ha hecho bien en declarar el Estado de Excepción y restricción de circulación por horarios para salvaguardar la integridad física, especialmente la de los manifestantes. Las medidas buscan precautelar la integridad, pero las acciones vulneran estas medidas, afirma y cita los hechos suscitados la noche del miércoles en las instalaciones de la Universidad Salesiana, donde se arrojó bombas lacrimógenas al recinto donde pernoctan los indígenas.

El conflicto tiene su origen y los analistas lo puntualizan. El nudo critico es el abuso de la fuerza pública, dice Miño, no es lo mismo un manifestante que un uniformado que –evidentemente- tiene ventaja, dice. Para Alarcón, el nudo crítico es que la fuerza pública se formó durante el período anterior, con técnicas de represión del gobierno anterior y, por más buena voluntad que tengan las autoridades actuales, los uniformados están preparados para la represión social y no necesariamente responden a órdenes de un ministro.

Para Miño, actualmente, existe un profundo irrespeto a los derechos humanos –de lado a lado- y hay una consigna de que “todo vale”, nadie respeta los derechos y el Estado se justifica en la defensa del orden. Por el contrario, Oyarte asegura que una cosa son los excesos y otro, es el uso legítimo de la fuerza para re-instaurar el orden, teniendo en cuenta que la fuerza pública no cuenta con armas letales. Para el constitucionalista, el nudo crítico es la falta de elementos de Fuerzas Armadas y falta de previsión gubernamental, pero ratifica que reprimir no implica violación de derechos humanos.