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Bolivia está sumida en una crisis política que provoca polarización, violencia y pérdidas económicas

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La crisis boliviana se desató luego de las manifestaciones en contra de los resultados de las últimas elecciones presidenciales. Las denuncias de un fraude causan dudas del triunfo de Evo Morales. Ya se contabilizan tres muertos en las protestas. Dos analistas lo cuentan.

Fotos: ABI – Agencia de Noticias de Bolivia

En origen de las protestas. El 20 de octubre pasado se llevaron a cabo las elecciones presidenciales de Bolivia. Evo Morales, quien ha gobernado ese país por 13 años, pudo postularse una vez más tras un aval de la justicia. En esta elección participaron nueve candidatos, pero Carlos Mesa, expresidente, fue quien lideró la oposición y quién pudo haber llegado a la segunda vuelta.

Sin embargo, para el politólogo boliviano Arián Laguna, la crisis boliviana tiene mayores implicaciones. Para él, esta proviene de un creciente distanciamiento de los sectores urbanos, especialmente medios y altos, del bloque gobernante. Según él, este inició el 2011 con el proyecto de construcción de una carretera que atravesaba el Parque Nacional y Territorio Indígena Isiboro Sécure (el proyecto fue detenido ante el descontento urbano). Continuó y se intensificó con el referéndum del 2016 al que Morales llamó para habilitarse constitucionalmente a su tercera reelección (cuarto mandato). Este se produjo en medio de denuncias de corrupción y, aunque perdió este referéndum con el 48,7% de los votos, construyó una argucia legal y continuó con su candidatura. 

El último incidente que ha dañado aún más su legitimidad, especialmente urbana, fue el de los incendios en la Amazonía que, según los opositores, se intensificaron debido a las medidas aprobadas por el gobierno en favor de la expansión de la frontera agrícola. Así, en los últimos ocho años ha crecido un descontento, principalmente en el área urbana, por el autoritarismo, abuso de poder y corrupción, que Carlos Mesa capitalizó políticamente en las elecciones. Hay que sumar el estancamiento económico y social de la clase media durante los gobiernos de Morales.

El día de la elección. En la noche de las votaciones la diferencia entre Evo y Mesa -con el 84% de los votos escrutados- era de siete puntos (45% y 38% respectivamente), lo que aseguraba una segunda vuelta electoral prevista para diciembre. Sin embargo, los resultados fueron lentos y luego hubo una paralización del conteo rápido, un apagón. Al ser reanudado la tarde del lunes, es decir al día siguiente, ya con el 95% de los votos escrutados, se otorgaba una diferencia de nueve puntos, bordeando la brecha de 10 puntos porcentuales de diferencia necesaria para ganar en primera vuelta.

Ante estos hechos, los medios oficialistas proclamaron la victoria de Morales, Mesa denunció el fraude, no reconoció los resultados y los observadores de la OEA alertaron su preocupación. Todo esto mientras en las calles se empezaba a sentir el descontento y se iba configurando de a poco la protesta que ya lleva 16 días.

Las protestas. Para cuidar los resultados se realizaron vigilias fuera de las instituciones del Tribunal Supremo Electoral boliviano, sin embargo, con los resultados poco claros, en varias regiones como Potosí, Sucre y Santa Cruz estalló la violencia con quema de instituciones, enfrentamientos policiales, incluso saqueos. Las organizaciones opositoras convocaron a una huelga que se ha extendido por varios días, mientras que los movimientos oficialistas se han organizado para cerrar las vías y proclamar la victoria de Morales.  

La oposición y la resistencia oficialista. El primer grupo exige la renuncia de Evo, asegura que ganó con fraude y desconoce la veeduría de la OEA. Además, solicitan el apoyo de las Fuerzas Armadas, que hasta el momento se han mantenido imparciales, y ponen en las manos del Presidente la pacificación del país que está polarizado y perdiendo grandes sumas económicas debido a la paralización. Exigen también una nueva elección, con un nuevo órgano electoral y con la participación de la comunidad internacional. La oposición está concentrada en Santa Cruz, bastión de Mesa y capital económica de Bolivia. Morales, de su parte, aseguró que se fragua un intento de golpe de estado desde los sectores de la derecha y convocó a movimientos sociales, obreros, campesinos e indígenas para evaluar la crisis.

Ante esto, el politólogo Laguna explica que la oposición a Morales está dividida en dos sectores. El sector más centrista, representado por Mesa y que busca una solución institucional, ha sido sobrepasado y hoy es el más débil. Han emergido con más fuerza los comités cívicos de las principales ciudades, que son quienes han pasado de reclamar una segunda vuelta electoral a exigir la renuncia de Morales y la convocatoria a nuevas elecciones. Su versión más extrema está expresada en el Comité Cívico Pro Santa Cruz; su máximo dirigente, Luis Fernando Camacho, ha cambiado la tradicional retórica regionalista de esta organización por un discurso religioso, dotándose a sí mismo de cualidades heroicas. En los últimos días, Camacho se ha convertido en un protagonista en la crisis y ha exigido la renuncia a Evo Morales.

Por su parte, para Laguna, Evo Morales, ya no tiene más una mayoría absoluta, ni bajo los datos electorales que él defiende ni tampoco los de los conteos rápidos del día de las elecciones. Sin embargo, los sectores más organizados son militantes dispuestos a disputar el poder político en las calles, y han decidido alinearse con Morales. Aunque con importantes fracturas y reticencias internas que posteriormente le pasarán factura al partido de gobierno. Es decir, las principales federaciones campesinas del país, y los mineros asalariados y cooperativistas. Hay que tomar en cuenta que los sectores claves que no han apoyado al gobierno son los mineros cooperativistas de Potosí y los sectores populares de la ciudad de El Alto. Si bien los cooperativistas de Potosí inicialmente expresaron una oposición directa al gobierno y decidieron movilizarse masivamente a La Paz, en los últimos días han preferido retirarse a una posición expectante.

Lo mismo para El Alto, pese a que la clase media de esta ciudad ha expresado sus críticas abiertamente a Morales, los sectores populares aún prefieren no inmiscuirse en una disputa en la que consideran que su intervención directa podría perjudicarles (mientras que su posición expectante les permite exigir con mucha fuerza demandas al gobierno). En este sentido, y tomando en cuenta el alineamiento de estos sectores claves (sumados a la Policía y al Ejército), nada forzará a Evo Morales a llamar a nuevas elecciones ni una segunda vuelta, considera el politólogo.

La analista boliviana María José Rodríguez cuenta, además, que el gobierno no ha querido, o no ha podido, articular a las fuerzas del orden o a las Fuerzas Armadas para detener las protestas pacíficas y ha instado a diferentes movimientos, grupos e incluso sindicatos, para generar grupos de choque con la excusa de ‘desbloquear’ la nación. «La estrategia de enfrentar a los bolivianos ha llevado al gobierno a extremos, como disfrazar empleados públicos de mineros y hombres de cholas, para nutrir sus bases de choque. En sus demostraciones la violencia predominina. Los palos, piedras y armas blancas y, ahora, de fuego, se reparten entre algunos de los supuestos manifestantes a favor de gobierno», relata.

Rodríguez también destaca que ya son tres personas que se han reportado fallecidas por las protestas. Y alerta: «Si Evo está o no acorralado, es difícil de saber. Pero sí se puede intuir que la estrategia no está en la represión Estatal clásica, sino en el choque de fuerzas vivas de la sociedad infiltrado paramilitares o agentes de inteligencia que provocan violencia y muertes».

Después de las elecciones. Para Laguna, en Bolivia ya no se discute más sobre las elecciones, sino sobre quién detentará el poder político en el futuro. El sector opositor ya no cree en los resultados de la votación de octubre, independientemente de lo que diga cualquier auditoría. Asimismo, reclama elecciones porque sabe que en una contienda limpia, Morales perdería. Por tanto, las auditorías al proceso electoral hoy son un espectáculo armado para la comunidad internacional, dice el analista, con el propósito gubernamental de legitimar el nuevo periodo electoral. En caso de que la OEA emita un resultado favorable al gobierno o tímidamente crítico, este hecho será utilizado por el gobierno para caracterizar a los opositores de golpistas con mayor legitimidad y así desmovilizar las protestas con un mayor uso de violencia. Para el analista, no es cosa menor la actual disputa del poder político en Bolivia: hay grupos sociales opositores que consideran que, incluso, está en juego la vigencia o suspensión de la democracia formal en Bolivia.

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