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La Justicia ratifica la sentencia en contra de Correa y estropea sus aspiraciones electorales para el 2021

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El Tribunal de la Corte Nacional descartó la casación y ratificó la sentencia de ocho años en contra del expresidente y los demás acusados del caso. La sentencia todavía no está ejecutoriada.

Foto: Flickr Secretaria de Comunicación Ecuador

Rafael Correa sufrió un nuevo revés en el caso Arroz Verde. Ayer, el tribunal de casación de la Corte Nacional de Justicia, integrado por Lauro de la Cadena, José Layedra y Milton Ávila, dieron su veredicto sobre la última instancia.

Los jueces decidieron sobre 16 de los 20 sentenciados en el caso. Entre ellos, Rafael Corea, Jorge Glas, Alexis Mera, Ramiro Galarza, entre otros. Y no dieron paso al pedido de Walter Solís, María de los Ángeles Duarte, Alberto Hidalgo y Rafael Córdova. 

El Tribunal, con voto salvado de Ávila, declaró improcedente los recursos de casacion de Rafael Correa, Jorge Glas, Vinicio Alvarado, Viviana Bonilla, Teodoro Calle, Christian Viteri, y otros, al no haberse justificado con argumentos el pedido. En el caso de Pamela Martínez, quien era la mujer de confianza de Rafael Correa en la Presidencia, se rebajó su pena de 38 meses a 9 meses de prisión por colaborar con información para esclarecer el caso.

Los involucrados pierden sus derechos políticos y no podrán postularse para cargos de elección popular. Entonces, cuando la sentencia se encuentre ejecutoriada, Rafael Correa quedará definitivamente fuera de la próxima contienda electoral. 

El Tribunal, según fuentes de la Corte Nacional, ya notificó a las partes la resolución. Ahora, los abogados defensores podrán pedir la aclaración y ampliación de la resolución en los proximos tres días. Sólo entonces, resueltos los pedidos extra y sin que haya otro incidente, la sentencia quedará ejecutoriada. Fuentes judiciales estiman que esto sucederá entre el lunes y martes de la siguiente semana. 

Foto: Cortesía Corte Nacional de Justicia

¿Qué hizo Rafael Correa?

Las investigaciones, que nacieron a raíz de un reportaje de los periodistas Fernando Villavicencio, Christian Zurita y Cristina Solorzano, determinaron que Rafael Correa, líder de la revolución ciudadana, cometió un delito. El mecanismo delictivo era simple, dinero a cambio de contratos de obras estatales. Y el dinero estaba destinado a pago de asuntos del partido Alianza PAIS y otros gastos relacionados con asuntos personales de los involucrados, como pago de celebraciones de cumpleaños. 

Según la Fiscalía, Rafael Correa estaba identificado en la organización delictiva como: SP (señor presidente), RCD (Rafael Correa Delgado); RC (Rafael Correa); A1. 

Correa, determinó la Justicia, era “quien estaba en el mando jerárquico superior de la estructura, puesto que conocía de la entrega de sobornos, disponiendo que una persona de su confianza proceda a recibir los mismos y en función de aquello supervisaba, aprobaba la recepción y distribución de dineros provenientes de empresas, que se beneficiaron con contratos de obra pública”.

Al servicio de Correa estaba una estructura integrada por varios funcionarios públicos, como: ministros, secretarios de Estado y asambleístas, “cuyos roles facilitaron la aceptación de ofertas, promesas, dones, o presentes; recibidos de forma ilegal, a cambio del otorgamiento de contratos de obras de infraestructura”. 

El esquema de corrupción, liderado por Correa, operaba desde las instalaciones de varias instituciones públicas, como la Presidencia de la República (Palacio de Carondelet), el edificio La Unión (oficinas de la asesoría de la Presidencia de la República), edificio Concorde (extensión de las oficinas de la asesoría), en Quito, y las oficinas del Gobierno del Litoral, en Guayaquil.

Una de las pruebas contundentes en contra de la red fueron los archivos digitales borrados de la computadora de una de las involucradas, Laura Terán y que fueron recuperados por los especialistas de Policía en asuntos informáticos. Los archivos que juegan en contra de Correa y el grupo de acusados fueron ocho. Entre estos el Archivo Verde Final.xlsx, Archivo Victoria Andrade listado.xlsx, Archivo Verde AM.xlsx, Archivo Victoria III LT.xlsx, Archivo Campaña.xlsx. 

Los investigadores también hallaron conversaciones del teléfono Blackberry de Pamela Martínez con el número 593997392884. Eran mensajes con el contaco: Geraldo de Souza, quien era el principal funcionario de Odebretch en Ecuador. El 11 de septiembre del 2014, dice el informe, “indican que llamaron al Ministro Coordinador de la Producción para buscar apoyo en el primer esquema, pero también hay apoyo del 1 (es decir RC) y que se va reunir con el 2”.

Una más. Y la que Correa ha sido vehemente en descartarla por completo, pero sin éxito. La Fiscalía descubrió un préstamo de los fondos de los sobornos de las empresas. El Oficio No. 19-1126-UDC, del Banco del Pacífico, muestra información bancaria de Correa en la cual se evidencia el depósito en efectivo de USD 6 000 realizado por Christian Paredes. Correa dijo que ese dinero era un préstamo del fondo para ayudas humanitarias y que, finalmente, honró la deuda. Pero, José Augusto Briones, antes secretario del presidente Lenín Moreno y su exMinistro de Energía, aseguró que en la Presidencia no hay registro de ningún fondo de solidaridad de la Presidencia o fondo de ayuda humanitaria entre los años 2012 y 2016. La Justicia determinó que el dinero salió del pago de sobornos. 

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