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El Director de la ANT habla sobre corrupción, las mafias, el rol del sector privado y la tercera placa vehicular

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Adrián Castro, director Ejecutivo de la ANT, revela detalles de la mafia que estaba en esa institución. Además, cuenta las línea generales de tres proyectos para este año que cambiarán el servicio. 

Fotos: Gianna Benalcázar – CCQ

Adrián Castro llegó a la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) en este Gobierno. Una de las entidades que puede ofrecer los mayores dolores de cabeza a sus usuarios…

Lo hizo para reemplazar a autoridades que durante años ofrecieron experimentos tecnológicos y burocráticos que supuestamente iban a mejorar la atención a los usuarios y, también, combatir la corrupción. Ninguno de esos objetivos fue cumplido. Es más, la mala atención y la sospecha sobre exdirectivos de esa entidad y de municipios, que manejan los datos de la ANT, persiste. 

Adrián Castro, cuencano y abogado de profesión, ya tiene experiencia en la gestión de entidades relacionadas con el tránsito. Lo hizo en Municipio de Cuenca. Y eso lea ha servido de preparación para enfrentar la gravedad de la situación de la ANT. 

El combate a la corrupción ha copado casi toda su gestión. Y hay resultados. 

En una entrevista con Criterios, el delegado del presidente Guillermo Lasso cuenta lo que ha descubierto, las amenazas, los cambios para los usuarios y el ambicioso plan 2022 para agrupar la información vehicular en un pequeño dispositivo. 

Aquí parte de diálogo que duró 30 minutos.

Desde hace unos tres meses ocurrió algo bastante serio. Usted descubrió que habían actos de corrupción que lastimaban a esta institución. ¿Qué ha sucedido?

No fue el descubrimiento del agua tibia. Esto no era un secreto. Era un tema que todo el país conocía. Se vendían licencias por redes sociales, turnos por redes sociales, turnos en los kioscos frente a las 55 oficinas de la ANT en todo el país. Y que un Director Ejecutivo o un equipo técnico diga que no sabía eso… es absolutamente falso. Nosotros no demoramos en descubrir eso porque fuimos parte de los ciudadanos que lo veíamos en las redes sociales.

¿Usted responsabiliza también al anterior Director Ejecutivo? 

Totalmente. Los servidores públicos tenemos responsabilidades por acción o por omisión. Las redes sociales son un enorme indicador para quienes manejamos nuestras propias cuentas, tomamos el pulso al ciudadano y sabemos exactamente cuáles son los problemas que tiene la gente. Eso ha permitido tener una cercanía con la gente. Con el equipo técnico encontramos en el área de sistemas los patrones que se repetían en ciertos trámites y que generaban documentos habilitantes fraudulentos, como por ejemplo licencias que no tenían soporte documental. Eran usuarios que estaban autorizados dentro del sistema, que no eran todos los de la ANT. Hablamos de unos 1500 usuarios autorizados por municipios y la ANT. Pero fuera de los 1500 habían 3500 usuarios que no estaban autorizados. ¿Cómo una autoridad puede decir que no sabía eso? Imposible.

Había que cruzar con la base de datos oficial…

No hay ciencia. Cuando empezamos con esas investigaciones, a las pocas horas empezamos a recibir amenazas, intimidaciones. Nos debieron dar seguridad policial, a mi, mi familia, mis asesores. Pero eso no fue un obstáculo para hacer la tarea. Estos 3 500 usuarios y contraseñas se vendían en el mercado negro a unos USD 80 000, era como comprar cuentas de Netflix. Pero es que una persona, según los reportes de Facebook, pagaba por una licencia no profesional entre USD 150 y USD 300, y una profesional USD 3 000 o más. Si vendía dos licencias no profesionales por día, tenía USD 500. Ese es un negocio redondo. 

¿Usted ha hecho un cálculo de cuánto dinero movía esta mafia?

Por las 35 000 licencias anuladas serían USD 23 millones. Y aquí hay que hacer un paréntesis. Si ustedes revisan las anulaciones que se han hecho en anteriores administraciones, no llegan a las 3 000. Y luego nuevamente estaban en vigencia. Y, de hecho, nos han querido hacer eso con las 35 000 licencias anuladas en esta administración. Pero, ahora, apenas quieren revertir las reincorporamos como anuladas. Donde tenemos huecos es por el lado de los municipios. En los próximos días estamos haciendo un análisis para una segunda tanda de anulaciones que puede sobrepasar las 35 000 licencias. 

¿Es decir, usted continúa investigando? 

Sí. Por eso he dado el mensaje a la ciudadanía de que no compre licencias porque todo lo que encontremos vamos a anular. 

¿Qué tipo de amenazas tuvieron usted y su círculo de confianza?

Típicas llamadas desde teléfonos desconocidos. Insultos, que algo me va a pasar. En fin, cosas que ni vale la pena decirlas. Más allá de eso, nuestros dos directores jurídicos salieron, no duraron ni siquiera dos meses, por las amenazas. Nuestros dos asesores sufrieron robos de sus equipos celulares, rotura de parabrisas de un vehículo. Al tercer asesor jurídico le robaron el celular. Entonces, pretenden generar temor en el equipo que trabaja en esto. Pero dentro de esa misma investigación encontramos que los municipios son peores y han manejado peor este tema. Por ejemplo, un usuario de un cantón de la costa, Juan, hace 980 trámites diarios de matriculación… Eso no lo hace ni cuatro agencias de todo Cuenca. 

Son centros alternos, como si fueran alcaldías alternas…

Humanamente es imposible… ni un robot. Municipios con parques automotores de 400 vehículos que matriculan 5 000 carros al mes. En nuestra contabilidad inicial son más de 106 000 vehículos que se han matriculado en estos municipios sin pagar un solo centavo, sin pagar una sola multa, saltándose el SRI, y, además, emitiendo licencias todos los años a través de estos municipios. Municipios donde se emiten incluso matrículas de otros municipios. Es una mafia que hay que cortarla a nivel de los municipios. Vamos a pedir que los Alcaldes tomen cartas en el asunto, que nos remitan las denuncias de la Fiscalía General del Estado, y si no lo hacen informaremos al Consejo Nacional de Competencias, porque esos municipios no están preparados para asumir la competencia para matriculación… Matriculan vehículos robados, clonados. Esto estaba a vista y paciencia de las autoridades. Nadie hizo nada, nadie tuvo las agallas, nadie tuvo el coraje para hacerlo. 

¿Cuenta con el apoyo de Fiscalía, Policía, UAFE, para investigar a los anteriores directores ejecutivos o directores jurídicos? 

El apoyo a la Policía 100%. La Fiscalía ha dado muestras de que está haciendo investigaciones y ha dado pasos. Hemos puesto unas 20 denuncias penales. Incluso más si se cuentan las delegaciones provinciales. Se hizo un allanamiento en la oficina central de la ANT, que fue una muestra potente a nivel nacional para todos los funcionarios públicos. Nosotros no vinimos aquí a sentarnos en el puesto, sino a trabajar. Ahora, lo más grave es que durante en estos meses que estamos en al ANT, el 50% del tiempo le dedicamos a la lucha contra la corrupción. 

¿Director, hay resultados de las denuncias que usted impulsa?

No, están todas en investigación. Pero lo importante es que ya se han llevado cajas de documentos, computadores, que tienen que ser analizados por la Fiscalía. Ningún crimen y delito es perfecto. Siempre quedan pistas de la auditoría.

¿Cómo se cuida usted de tanta corrupción en la ANT?

Si es que nosotros no entrábamos y empezábamos desde las primeras semanas con estas acciones, probablemente, se podía dar algún tipo de insinuaciones en ese sentido. Conociendo como es la actual administración, yo no creo que nadie se atreva a querer corromper. Hay un equipo con experiencia. Y las denuncias penales. Hay bloqueos en el sistema, incluso para la generación de turnos. Cuando empezamos a hacer el análisis de este último tema, vimos que la gente que tomó turnos  antes del 21 de octubre del 2021 tenía turno hasta agosto del 2022, casi un año de espera. El 20 de octubre incorporamos una solución informática que bloqueaba la obtención de turnos de los tramitadores. Ahora cuando se obtiene un turno aparece un mensaje que indica que hay una sola oportunidad para generarlo, y si quiere cambiar debe ir a una agencia para que el Jefe de Agencia lo autorice. Eso no existía antes. Entonces los vendedores de turnos ya no podían cambiarlos en el propio sistema, cuando antes reservaban los turnos hasta agosto del 2022 para venderlos. Por eso estaban copados los turnos… Con el cambio resulta que 110 000 personas reservaron turnos y todo el trabajo pasó de agosto del 2022 a diciembre del 2021. Con estos cambios prorrogamos, por última vez, hasta marzo la conducción con licencia caducada. 

¿Qué otras acciones destaca en este período?

Tenemos algunos logros. Hemos eliminado normativa caduca, que hacían engorrosos los trámites al pedir documentos que reposan en la Agencia, los absurdos trámites de habilitación vehicular que duraban de seis meses a dos años. O cambios de titularidad de socios que, de seis meses a dos años, ahora duran 15 días. Aprobamos un reglamento para liberar el cilindraje para taxis. En el tema del transporte escolar, la metodología de tarifario para el transporte público a nivel nacional, que está totalmente aprobada. Hemos trabajado para catalogar a los proveedores nacionales para placas. Nosotros tenemos una fábrica que no ha entregado placas desde el 2018 a nivel nacional, porque nuestra fábrica tiene máquinas de los 90 y la más nueva es del 2003, obsoletas y tecnológicamente totalmente fuera de la vigencia. Al catalogar a proveedores se desconcentra el servicio porque los municipios van a ser parte y beneficiarios de nuestra delegación. El ciudadano va a tener una placa en 48 horas, ya no en cuatro años. ¿Qué significa esto? Que nunca más van a existir vehículos sin placas en el país o con papeles en los parabrisas.

¿Cuales son los planes para este año?

Hay proyectos que nos interesan mucho sacar adelante. El primero es el nuevo sistema informático de la ANT. Hay que renovar todo el sistema. Se abrirá una licitación internacional dentro de un modelo de alianza público privada. Los sistemas que nosotros necesitamos superan los USD 80 millones a nivel mundial, fondos y recursos que no vamos a tener… Por eso vamos a trabajar sobre modelos de alianza público privada. El segundo proyecto, que creo que es muy importante, es la tercera placa. La tercera placa va a reemplazar al sello de revisión técnica vehicular. En su lugar irá un TAG. Un TAG que nos va a permitir pasar por todos los peajes del país de forma automática, se puede operar con el parqueadero de la vivienda. Un TAG que nos va a permitir que un agente de tránsito acerque el celular y, con tecnología NFC, conozca si ese vehículo está al día, tiene multas. El TAG que puede ayudar a las autoridades a conocer dónde está circulando un vehículo robado. Es decir, un país totalmente modernizado. El tercer proyecto es generar la mayor cantidad de centros de revisión técnica vehicular en el país. Vamos a establecer reglas claras, específicas, mínimas, para que los talleres privados puedan hacer la revisión vehicular, como sucede en Estados Unidos y en Europa, y no necesariamente un municipio. Vamos a trabajar con la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (Aeade) para que las casas comerciales matriculen vehículos.

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