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La CONAIE rechaza ser financiada por el narcotráfico

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A través de un comunicado, la CONAIE rechazó la acusación del presidente Guillermo Lasso, quien aseguró que el último paro fue financiado por el narcotráfico.

Foto: Gianna Benalcázar – CCQ

De “absurdas” tildó la CONAIE las declaraciones de Guillermo Lasso -en torno al Paro Nacional 2022 que inició el pasado 13 de junio y culminó el 30 del mismo mes- con las que aseveró que las movilizaciones tuvieron, presuntamente, un financiamiento proveniente del narcotráfico.

“Rechazamos las absurdas acusaciones de @LassoGuillermo sobre el financiamiento de la legítima protesta social, desde su inoperancia no entiende las formas organizativas de los pueblos indígenas y el concepto de solidaridad. ¿Qué pretende  @Presidencia_Ec?”, escribió la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador en su cuenta de Twitter

Según Lasso, las movilizaciones que paralizaron al país por 18 días, tuvieron un financiamiento por USD 15 millones provenientes, presuntamente, del narcotráfico. Ante esto, la CONAIE, que encabezó la movilización bajo la tutela de su presidente, Leonidas Iza, rechazó esas declaraciones, pues consideran que atenta y estigmatiza la legítima protesta social, según indicaron en un comunicado. 

El paro cesó, la paz volvió a Ecuador

“Esta acusación denota la limitada visión del presidente para entender la realidad y las formas organizativas de los pueblos indígenas y el concepto de solidaridad tan arraigado a la lucha social”, señaló la Confederación.

Pese a que el pasado 30 de junio de 2022, la CONAIE junto a los representantes de FENOCIN, FEINE, de la Conferencia Episcopal del Ecuador y del Gobierno Nacional firmaron un acuerdo de paz, mismo que se trabaja en distintas mesas para cumplir con lo pactado, existe gran tensión entre los sectores. “Las actitudes maliciosas de Lasso ponen en duda el acta firmada, pues demuestra abiertamente el ‘quemeimportismo’ del Ejecutivo y acentúa la política de confrontación”, apuntó la CONAIE en el comunicado. 

Advirtió, además, en el escrito que la narrativa oficial del narcotráfico y terrorismo se erige a criminalizar la protesta, pone en riesgo y sabotea desde el mismo Ejecutivo el proceso oficializado el 7 de julio para los próximos 90 días.

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