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Ecuador lleva a cabo el primer censo penitenciario

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Ecuador inició el primer censo penitenciario de su historia, tras acumular más de 400 muertos en enfrentamientos internos. 

Foto: Cortesía Policía Nacional

El Gobierno ecuatoriano lleva a cabo el primer censo penitenciario en la historia del país. Las autoridades buscan registrar a los más de 30 mil presos que se encuentran distribuidos en las 36 prisiones del país, donde -desde 2020 hasta la fecha- se registran más de 400 reos muertos en diferentes enfrentamientos entre bandas. 

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El primer censo arrancó al norte del país

El registro comenzó en la cárcel de Tulcán, capital de la norteña provincia de Carchi, fronteriza con Colombia, y tomará unos tres meses, según anticipó el servicio penitenciario nacional (SNAI), encargado de administrar y custodiar las cárceles ecuatorianas.

El censo se llevará a cabo con dos equipos. El primero partirá del norte (Carchi), mientras que el otro lo hará desde el sur del país y ambos se juntarán en Guayaquil, donde se encuentra la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más poblada del país y en donde se han registrado los episodios más sangrientos y violentos entre miembros de bandas rivales. 

Trabajan en coordinación

Este proceso está coordinado con la Secretaría de Derechos Humanos del Gobierno nacional y cuenta con el apoyo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), de la dirección general del Registro Civil y de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas.

De los más de 32 000 presos que a fines de julio estaban recluidos en las cárceles de Ecuador, 30 440 eran hombres y 2.065 mujeres, según el último informe publicado por el SNAI, y cerca de 13 000 presos, equivalente a más de una tercera parte, están encarcelados sin sentencia, en régimen de prisión provisional.

Mejorar sus condiciones

De acuerdo con el SNAI, el censo facilitará el levantamiento y actualización de información sociodemográfica de las personas privadas de la libertad para mejorar sus condiciones de habitabilidad y para una mejor administración de las cárceles.

Pablo Ramírez, director de esta Institución afirmó que el objetivo del Gobierno es “crear políticas públicas y estrategias para transformar la calidad de vida de las personas privadas de libertad” con el fortalecimiento de la atención médica y el acceso a tratamientos específicos.

Las cárceles fuera de control

Además, Ramírez manifestó que el propósito es establecer políticas de Estado consistentes en el tiempo, que trascienden como una meta, creando un modelo penitenciario que abarque los principios de dignidad humana.

La CIDH

En marzo de este año, la CIDH realizó un informe en el que -entre otras cosas- recomendó que la dignidad de las condiciones carcelarias es una de las tareas a cumplir por parte del gobierno. Asimismo, en dicho informe la CIDH instó al Estado a recuperar el control interno de las cárceles, que se encuentra en manos de bandas criminales y elaborar una política de prevención del delito. 

En ese sentido, el Ejecutivo inició desde julio el proceso para contratar a 1 400 nuevos agentes penitenciarios que permitirá casi doblar la plantilla actual y así reforzar la vigilancia de las cárceles.

El presidente Lasso, además, anunció un programa de indultos y conmutaciones de penas con presos condenados por delitos menores que hayan cumplido la mayor parte de la condena, así como la formulación de la primera política pública nacional de derechos humanos para la población penitenciaria.

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