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El nuevo proyecto de ley económica tiene una alta carga tributaria para consumidores y empresarios

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Luego de que el gobierno recibiera el rechazo de la Asamblea a la Ley de Crecimiento Económico, presentó un nuevo proyecto con fuertes cargas tributarias para los consumidores y empresarios.

Foto: Flickr Ministerios de Economía y Finanzas

En una segunda votación y con 70 votos a favor, se resolvió negar y archivar el proyecto de Ley de crecimiento económico enviada por el ejecutivo el octubre pasado. Por esto, el 20 de noviembre el gobierno tuvo que enviar un nuevo proyecto con menos artículos y que trate únicamente reformas tributarias.

Esta vez el Ejecutivo realizó una estrategia de acercamiento con las diferentes bancadas de la Asamblea Nacional para dar a conocer el proyecto. Esta nueva iniciativa espera recaudar USD 500 millones, es decir, USD 200 millones menos que en la anterior. La ahora denominada Ley Orgánica de Simplicidad y Progresividad Tributaria, cuenta con 50 artículos, cinco disposiciones generales y 10 disposiciones transitorias. Esta ley muestra la necesidad de recursos que tiene el Estado para cubrir su déficit. Por eso, en lugar de ser una ley de crecimiento es una ley de recaudación directa para el consumidor y las empresas. Se ha dejado aún lado reformas necesarias en las finanzas públicas que buscaban dar sostenibilidad fiscal, así como la autonomía del Banco Central del Ecuador.

Mientras otros países procuran incentivar la llegada de los inversionistas, esta ley pretende incrementar los impuestos ahuyentando la inversión, haciendo cada vez menos atractivo al país para hacer negocios. Esta ley tiene una grave falla conceptual pues los impuestos se gravan sobre la renta y no sobre el ingreso o las ventas. Por ejemplo, no es posible que una empresa pierda y tenga que pagar más impuestos, y peor aún, en un momento de recesión y crisis que vive el Ecuador.

Es preocupante que, mientras discutimos estos temas que son coyunturales, los problemas que afectan la competitividad persisten. Es hora de cambios estructurales en:

–          Reforma Laboral (ya con acuerdos del Consejo Nacional del Trabajo)

–          Aranceles

–          Tramitología

–          Costos de producción.

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