El frágil modelo de Lenín Moreno hacia el futuro

La economía está atada a la política. El Gobierno no da pie con bola con los números y eso repercute en las bajas cifras de popularidad. El futuro económico parece que no cambiará.

Hace más de diez años, cuando inició el gobierno de Rafael Correa, el  país necesitaba  un  cambio radical.  Desde el  regreso de la democracia, el Ecuador había tenido 12 presidentes, se vivieron  golpes de Estado, un triunvirato militar y hasta la destitución de un Mandatario por loco. Bajo esa realidad, Correa se convirtió en un líder que supo capitalizar ese reclamo social no atendido: salud, educación, infraestructura y un discurso nacionalista muy bien logrado, que lo mantuvo en el poder con estabilidad económica y política.

Esta estabilidad se debió, principalmente, a los altos precios del principal producto de exportación: el petróleo. Esto permitió que el Gobierno de la revolución ciudadana logre sus objetivos a corto plazo. Se avanzó en materia tributaria con un mayor incremento de recaudación mejorando los ingresos del fisco, ampliando la base de contribuyentes. Este modelo aplicado por Correa triplicó el gasto entre el 2007 y el 2017, pasando de USD 12 306 millones a USD 38  208  millones, generando un mayor déficit fiscal año a año.

Hasta el  2007, el Gobierno registraba un superávit global superior a los USD 1 300 millones, pero desde el 2009 el Ecuador empezó a registrar un déficit que al cerrar el periodo de Correa alcanzó un valor de USD 7  313 millones. El problema se agravó cuando cayó el precio del petróleo y se  mantuvieron los gastos del Gobierno.

Además, el hueco fiscal se lo tapó con deuda pública interna y externa, emisión de bonos en  el mercado internacional bajo condiciones caras y la venta anticipada de petróleo bajo modalidades que hasta el día de hoy no son claras. El Gobierno populista acaparó todo el poder, desde los pasillos de los tribunales, redacciones de los medios de comunicación con la Ley mordaza, hasta las aulas de las universidades, y dividieron al país.

Estas controversias hicieron que exista una separación radical entre correístas y anticorreístas que se enfrentaron en las urnas en las elecciones del 2017. Los bandos estuvieron representados por dos nombres Lenín Moreno (Alianza País) y Guillermo Lasso (Movimiento Creo). Lenín Moreno ganó las elecciones con  el 51,12%, un porcentaje que evidenciaba que el país estaba divido en dos y que su Gobierno tenía que buscar consensos para gobernar y ceder posturas. En este sentido, Moreno sorprendió en una primera parte dejando solo al exvicepresidente Jorge Glas acusado de corrupción y llegó la división de Alianza PAIS, entre quienes apoyaban a Moreno y otros a Glas.

Esto aparentaba un cambio en el modelo económico; más aún, por la destitución de María Elsa Viteri y el nombramiento de Richard Martínez, como ministro de Economía, proveniente del sector gremial industrial privado. A partir de ahí se empieza a estructurar el nuevo manejo de la economía del país. Martínez asume el cargo el 15 de mayo del 2018. Su principal misión era dar un mejor manejo a las cuentas fiscales, que en los últimos años ocasionó que el alto nivel de gasto deviniera en un déficit financiado con deuda que era, hasta cierto punto, incontrolable. Al cierre del 2018 se realizaron ciertos ajustes en la reducción del gasto de capital, en un 20%, con el fin de reducir el déficit que para ese año era de USD 3 900 millones. Sin embargo, uno de los rubros  más importantes, como es el gasto corriente (salarios y compra de  bienes  y servicios), se mantuvo sin mayores cambios.

Para el 2019 la propuesta del Ministro fue buscar un acuerdo con los multilaterales para que, mediante desembolsos, se logren hacer los ajustes necesarios para la economía del país y aliviar de  alguna manera las necesidades de financiamiento que alcanzan los USD 8 000 millones. En febrero se logra un acuerdo por USD 10 200 millones comprometidos por multilaterales, gracias al acuerdo con  el FMI: USD 6 700 millones son de libre disponibilidad y, el resto, USD 3 500  millones, están atados a proyectos.

El FMI ha pedido ajustar la economía en tres puntos para que el Ecuador entre en este programa y se puedan hacer los desembolsos siguientes, hasta diciembre del 2021:

1. Reducción de  la deuda: revertir la tendencia creciente de la relación de la deuda pública con el PIB y, en un plazo corto, reducir la deuda por debajo de la meta referencial del 40% del PIB; la relación deuda y PIB volverá a constituir el límite legal para el endeudamiento público futuro.

2. Reducir el déficit primario no petrolero del SPNF: lo que incluye subsidios a los combustibles, en un 5% del PIB durante los próximos tres años.

3. El reordenamiento de la política fiscal: el reajuste de la masa salarial del sector público; la optimización del sistema de subsidios a los combustibles, reduciendo distorsiones; reformar el sistema tributario para hacerlo más equitativo y la reducción del gasto público de capital y de bienes y servicios.

Para seguir con el cronograma del plan del FMI, el Gobierno debe enviar los cambios en las leyes laborales buscando mayores dinamismos y la reforma tributaria para tener un sistema más simplificado, en este mismo año. Lo que está pendiente con la última negativa de la Asamblea Nacional y el anuncio de un nuevo envío de normas tributarias. La adopción del programa del FMI ha tenido un efecto directo en  el desempeño de la economía, al existir menor gasto del Gobierno en inversión y desvinculación de 10 000 funcionarios públicos en lo que va del 2019, ha golpeado de manera directa la demanda agregada del país.

Por ello, dilatar los cambios que se enviarán a la Asamblea en temas laborales y tributarios ha hecho que la inversión esté a la expectativa de lo que va a pasar, por lo que el sector privado tampoco ha tomado el rol de impulsador de la economía. El resultado es una economía estancada, el empleo no adecuado crece cada trimestre y hay falta de decisión para tomar acciones que mejoren la competitividad del país de manera rápida. Esto afecta el desempeño de la economía.

Las medidas económicas anunciadas por el Ejecutivo el 1 de octubre pasado, estaban enfocadas en la eliminación del subsidio a los combustibles, eliminación o reducción de aranceles para bienes de capital, materia prima y bienes tecnológicos, reducción salarial del 20% para los empleados públicos de contratos ocasionales y un aporte de  las empresas con ingresos mayores a USD 10 millones. Pero no sucedió.

En el balance general se esperaba que el Gobierno reciba USD 2  273 millones más a su presupuesto; sin embargo, cualquier propuesta del Gobierno debe ir para gasto productivo, pero sí este va al corriente simplemente estas medidas no van a tener ningún efecto más que generar una alta especulación en las personas y empresas. 

No obstante, muchas de las medidas están simplemente enfocadas a cambios tributarios, incluso el Gobierno insiste en esta vía al anunciar un segundo proyecto de ley con cambios en ese ámbito; cuando los cambios deben ser estructurales. Se debe seguir trabajando en un país con visión a futuro, que permita tener un camino definido y que este no cambie por el gobernante de turno. Pero, todo está pendiente hasta que el Gobierno redefina la eliminación de subsidios, luego de las protestas de los movimientos sociales.

Aunque las medidas de ajuste fiscal son necesarias, estas tienen que ir a la par de medidas que fomenten la inversión, reduzcan a la tramitología y brinden estabilidad jurídica; además, que no exista la subjetividad en su aplicación. Viendo el panorama, no podemos hablar de un modelo económico claro. De  hecho, lo que se ha buscado es apagar incendios. El debilitamiento político del Presidente, con una aprobación menor al 20%, complica más el panorama para la toma de decisiones; sin embargo, la falta de acciones correctas puede dar como resultado un retorno  en el 2021 de la política populista y los anhelados cambios, descartados.