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Financiación de las campañas electorales

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Todos los países democráticos intentan evitar que dineros ilícitos financien a los partidos políticos y las campañas electorales para que los mandatarios y representantes populares no estén comprometidos con la corrupción desde el inicio de su mandato.

Foto: API

Una de las tareas principales del Consejo Nacional Electoral es el control del financiamiento de los partidos políticos y de las elecciones. Es una tarea compleja y dinámica porque es una especie de juego del gato y los ratones; la corrupción encuentra siempre nuevos resquicios para inyectar dinero en la política para comprar favores o pervertir a los representantes de los ciudadanos. Antes de que se logre implementar los reglamentos de control, la corrupción ha neutralizado ya su eficacia y se hacen necesarias nuevas reglas.

El Consejo Nacional Electoral pondrá en vigencia un nuevo reglamento de control que ha venido preparando. La semana anterior se llevó a cabo un seminario internacional sobre el tema, organizado por la Consejería del Dr. Luis Verdesoto, para analizar lo prohibido y lo permitido en la financiación de las campañas electorales. Les ofrecemos una reseña de los aspectos más novedosos de este seminario que se prolongó por dos días completos y tuvo la participación de unas 150 personas de todo el país.

El Objetivo y las estrategias

El vocal del Consejo Nacional Electoral, Luis Verdesoto, estableció en la apertura los objetivos que persigue el control del financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales y señaló los siguientes propósitos:

  • Mejorar el grado de transparencia en el ejercicio de la Democracia.
  • Evitar el clientelismo tan difundido en la actividad política.
  • Promover la igualdad de participación en la campaña electoral.
  • Evitar la dependencia financiera de partidos y candidatos.

Juan Esteban Guarderas, asesor político, planteó como estrategia del nuevo reglamento el establecer con máxima claridad las definiciones para mejorar la eficacia de los controles. El uso de términos equívocos o la ausencia de definiciones suele dejar amplio margen a la discrecionalidad de los funcionarios en beneficio de los infractores.

La mayoría de los expertos advierte que hay suficientes leyes y reglamentos, que el problema está en la distancia entre lo que determina la normativa y la realidad. Los casos más importantes de corrupción relacionados con la financiación de las campañas electorales han sido revelados por la prensa, por filtraciones desde el interior de las organizaciones o por investigaciones especializadas, no han surgido de las instituciones oficiales y sus mecanismos de control.

La terca realidad

A pesar del personal, los recursos y los esfuerzos empleados a lo que se suman 13 reformas electorales desde 1979 para erradicar la corrupción y la filtración de dineros del narcotráfico, la terca realidad sigue eludiendo los controles y va pervirtiendo la política. La financiación estatal para reducir la necesidad de recursos ilícitos y favorecer la igualdad entre candidatos no ha eliminado la penetración de dineros prohibidos. Los expertos que participaron en el seminario hicieron la siguiente descripción de los vicios en las campañas electorales:

  • El control se reduce a la revisión de los reportes presentados por los propios candidatos y organizaciones. 
  • Continúa la práctica de doble contabilidad por parte de los responsables de la rendición de cuentas del gasto electoral.
  • No se hace pública la financiación de las campañas a pesar de los esfuerzos por mejorar la transparencia.
  • No ha funcionado el cruce de cuentas entre todos los organismos de control: Consejo Nacional Electoral, Contraloría, Servicio de Rentas Internas, Fiscalía, Superintendencias.
  • No hay acceso a la información para Defensoría del Pueblo y quienes desean participar en el control del gasto electoral.
  • No hay control del gasto electoral en el exterior ni en las redes sociales que absorben buena parte de los recursos totales.
  • No hay control ni sanciones para las campañas anticipadas o anteriores al período electoral.
  • No hay bancarización del dinero electoral, la corrupción utiliza el efectivo y el cruce de facturas para blanquear dinero en las campañas.
  • La aplicación de las normas es discrecional y el organismo de control no puede sancionar ni tiene mecanismos para recuperar asignaciones mal utilizadas.
  • Los mecanismos del Código Penal: allanamientos, medidas cautelares, incautación, inmovilización de fondos, solo pueden utilizarse después de sentencia judicial.
  • Las organizaciones políticas se tornan dependientes de los recursos públicos y no buscan otras fuentes lícitas.

Las recomendaciones

Las experiencias nacionales e internacionales han acumulado algunas fórmulas que ayudan al control del gasto electoral. Colombia, por ejemplo, aplica con éxito la ley vigente de extinción de dominio. La doctora Sara Salazar, de Colombia, diluyó los prejuicios contra esta ley que temen la inversión de la carga de prueba o su utilización como arma política. Aclaró que esta ley no va contra las personas sino contra los bienes y tiene jueces especializados en la materia. Hasta ahora no se han dado casos de mala utilización contra adversarios políticos, según la delegada colombiana. Las recomendaciones aportadas por los participantes son las siguientes:

  • Exigir dos informes, uno durante la campaña y otro después de concluida la campaña electoral.
  • Asignar recursos para las redes sociales porque sin asignaciones no hay fiscalización. Perú aplicará por primera vez esta recomendación.
  • Homogeneizar los procesos a nivel regional, intercambiar información, legislación y mecanismos de evasión.
  • Aprobar Ley de Extinción de Dominio para viabilizar la recuperación de recursos mal utilizados.
  • Utilizar los instrumentos internacionales existentes como convenciones de Naciones Unidas y convención interamericana contra lavado y delincuencia organizada.
  • Firmar convenios con Facebook, Twitter, YouTube, para obtener información de publicidad contratada en redes.
  • Dictar un reglamento para la campaña digital.
  • Realizar campañas para control legal, social y moral de los ciudadanos porque la corrupción no es ajena, es de todos. Debemos llegar a tolerancia cero a la corrupción.
  • Reivindicar la política. No puede haber control organizado con Partidos Políticos desorganizados.
  • Crear cultura política y electoral con ayuda del Instituto de la Democracia y otros organismos educativos.

Datos interesantes

  • El control del gasto electoral empezó en Ecuador en 1979 en la transición al período democrático.
  • Desde entonces se han producido 13 reformas electorales.
  • En la Consulta Popular de 1997 los ecuatorianos aprobaron con el 70% de los votos el control del gasto electoral.
  • Todos los ingresos en la campaña electoral, incluso los regalos en bienes o servicios deben ser monetizados y reportados.
  • El artículo 115 de la Constitución garantiza la igualdad de participación en las elecciones.
  • El Fondo para Promoción electoral vigente llega a USD 42,8 millones. 
  • La campaña electoral se inicia el 31 de diciembre y concluye el 4 de febrero.
  • La participación de los candidatos en la inauguración de obras públicas está prohibida.
  • El Consejo Nacional Electoral hace control de carreteras y valora el costo de vallas con publicidad política y levanta un reporte.
  • Solo el CNE puede ordenar publicidad electoral en los medios durante la campaña electoral. Se hace monitoreo de la publicidad no autorizada (sin código).
  • El gasto en publicidad electoral por las redes sociales debe ser reportado al CNE.

El dinero y las organizaciones ilegales continúan ingresando en las campañas electorales a pesar de las leyes, el personal, las instituciones involucradas y los recursos invertidos para controlar que el crimen organizado no pervierta elecciones, jueces y procesos de la democracia.

17 de 18 países de la región prohíben las contribuciones de origen extranjero en las campañas electorales y, sin embargo, una sola empresa, Odebrecht, logró corromper a muchos gobiernos, presidentes, legisladores, funcionarios y partidos. La lucha contra la corrupción electoral parece una batalla perdida a la vista de la realidad.

La esperanza está ahora en la ayuda de la tecnología para monitorear todos los recursos que financian las campañas y los partidos políticos con la información cruzada de organismos de control, la banca y organizaciones internacionales. El intercambio de experiencias entre países y los acuerdos interinstitucionales pueden ayudar a implementar leyes y reglamentos y lograr que se apliquen en la práctica.

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