‘Ser mujer activista en Cuba es vivir en constante represión, violencia y asedio estatal’
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El gobierno cubano, por más de medio siglo, ha tratado por todos los medios de no darle visibilidad a esta problemática. El afán es enviar un mensaje distorsionado y no real a la comunidad internacional en busca de su aceptación y legalidad. Un texto que muestra la realidad de la mujer cubana.
“Las violaciones de derechos humanos a mujeres activistas de la sociedad civil independiente, no han sido visibilizadas y analizadas adecuadamente por parte del estado cubano”. Eso señala el reciente informe producido por la organización cubana Plataforma Femenina en el que, detalladamente, se analiza la situación de derechos humanos de las mujeres activistas en Cuba en el marco de un contexto de represión y desigualdad que persiste en el país.
Existe una inminente situación de marginalidad estructural y de las múltiples expresiones de discriminación que siguen enfrentando las mujeres activistas de DD.HH. en la mayor de Las Antillas. El Estado mantiene una actitud de negación frente a estas situaciones, y la sistemática represión ejercida contra organizaciones de la sociedad civil independiente que tienen un enfoque de igualdad de género, violencia contra la mujer y respeto a sus derechos. El informe hace un especial énfasis en aquellas violaciones que son resultado de la falta de garantías a los derechos a la libre asociación y asamblea pacífica y a la participación política, así como también ofrece una valoración de algunas insuficientes respuestas institucionales que el Estado cubano ha implementado para intentar eliminar las desigualdades de género existente en el país.
La nueva Constitución de Cuba refleja la igualdad entre el hombre y la mujer en su Título V “Derechos, Deberes y Garantías Capitulo I Disposiciones Generales”. Sin embargo, su eficacia depende de la promulgación de leyes que emita la Asamblea Nacional, que amplíen su contenido para su interpretación y aplicación, lo que imposibilita interpretarla y aplicar sus preceptos directamente.
En Cuba existen leyes que regulan los derechos de la mujer; pero ninguna de ellas hace una definición explícita de la discriminación contra ellas, por lo que deja a las mujeres de la isla en un estado de desprotección.
El Estado cubano ha redactados leyes y resoluciones en beneficio de las mujeres de forma general como por ejemplo la resolución ministerial núm. 139 (2011) para adoptar un programa de educación de la sexualidad con enfoque de género y derechos sexuales en el plan de estudios del sistema nacional de educación. También podemos citar que en el código penal se regula el delito contra el Derecho de Igualdad en su artículo 295 y prevé una sanción de privación de libertad o de multa al que discrimine a otra persona o promueva o incite a la discriminación, sea con manifestaciones y ánimo ofensivo a su sexo, raza, color u origen nacional o con acciones para obstaculizarle o impedirle el ejercicio o disfrute de los derechos de igualdad establecidos en la Constitución.
La Ley No. 49, de 28 de diciembre de 1984, estableció el primer Código de Trabajo, con normas especiales para las labores de la mujer; como el Capítulo VIII, que regula los puestos y sus condiciones y establece protecciones especiales como la de la maternidad.
Asimismo, la Ley No.13, de 27 de febrero de 1977, fija los derechos a la Protección, Seguridad e Higiene del Trabajo, su reglamento y legislación adjunta que establece el deber de las administraciones de crear condiciones adecuadas de trabajo que beneficien la participación de la mujer en el proceso laboral.
Pero en la mayor de Las Antillas la ley penal no tiene tipificada la violencia doméstica y/o de género. Tampoco esa conducta se ve como agravante cuando los comparamos con otros delitos, como por ejemplo lesiones, agresiones etc. cuando la víctima es una mujer. Esto impide una concientización y sensibilización social sobre el tema, primordialmente en los que tienen la responsabilidad de hacer cumplir la ley, principalmente los cuerpos policiales, que en innumerables ocasiones han recurrido a la violencia física y verbal contra mujeres.
La Policía continúa maltratando a las mujeres, no teniendo en muchos casos reparos en golpearlas como se ha denunciado tantas veces las golpizas a la que han sido sometidas Las Damas de Blanco.
La Policía no les presta la debida protección a las féminas cubanas, en muchísimos casos cuando ellas realizan denuncias por violencia estas no son aceptadas por los policías, argumentando que es la palabra de uno contra la del otro.
La ley penal no tiene definida la violencia doméstica y/o de género tampoco esa conducta se contempla como agravante en los delitos como asesinato, amenazas, coacción, lesiones y otros, cuando la víctima es una mujer. Esto impide una concientización y sensibilización social sobre el tema, principalmente a los encargados de hacer cumplir la ley, especialmente los órganos policiales, que no tienen reparos en golpear a una mujer. No han sido pocas las imágenes que han recorrido el mundo de policías y fuerzas paramilitares golpeando a mujeres activistas de DD.HH.
No es que ahora hay una mayor manifestación de violencia contra la mujer, sino que es un fenómeno más visible debido a que organizaciones de la sociedad civil están más sensibilizadas e identificadas con el problema para denunciarlo. El gobierno cubano por más de medio siglo ha tratado por todos los medios de no darle visibilidad a esta problemática en su afán de enviar un mensaje distorsionado y no real a la comunidad internacional en busca de su aceptación y legalidad.
La Plataforma Femenina, en el documento, busca valorar y visibilizar la situación de las mujeres que realizan activismo por los Derechos Humanos desde la sociedad civil, de cara a los informes que, en esta materia, el Estado cubano ha presentado ante instancias intencionales en relación a las medidas para garantizar la homogeneidad de género y protección a ellas contra todas las formas de violencia. El informe ha presentado un conjunto de recomendaciones al Estado para que garantice los derechos de las defensoras de DD.HH. en Cuba.
Dice: “Lo que queremos es que el Estado cubano considere las recomendaciones que hemos realizado en este informe para la garantía, respeto y reconocimiento de los derechos de todas las féminas, especialmente de aquellas que realizan activismo desde la sociedad civil independiente, hoy objeto de abusos, hostigamiento, violencia y represión por parte de las autoridades. El gobierno ha asumido compromisos internacionales en materia de la protección de derechos derivados, entre otros de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujeres CEDAW”.
Las protecciones a los derechos de las mujeres en Cuba aún son ineficientes, a pesar que el gobierno cubano ratificó la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), el 17 de julio de 1980. No se han creado espacios públicos, ni se trata el tema en los medios de prensa y televisivos para que den a conocer a la ciudadanía la existencia y funcionamiento de la CEDAW; así como el uso de la Convención para la defensa y denuncia de los derechos de la mujer.
El documento señala, además, que la situación de marginalidad, desigualdad y violencia que enfrentan en general las mujeres en Cuba, son igualmente hechos que obstaculizan e impiden el activismo, participación y empoderamiento de las mismas.
Las mujeres que son víctimas de la violencia se ven sometidas a un control y opresión impuesto tanto por sus esposos y parejas, como por el Estado viendo violados sus derechos e integridad. Como resultado, bajo este ambiente hostil y de violencia, las féminas tienen una baja autoestima, no alcanzando un rendimiento mental optimo. Esta situación se agrava en la Cuba de hoy con la ausencia de servicios públicos de atención o prevención contra la violencia de genero.
La verdad es que las mujeres en Cuba están en completa desventaja, en su mayoría dedicadas a trabajos domésticos sin que su esfuerzo sea reconocido. Ahora, aquellas que decidimos luchar por nuestros derechos somos brutalmente reprimidas y violentadas. Cuando se enteran de que hacemos algún activismo nos echan de nuestros trabajos y cuando decidimos optar por algún cargo de elección popular hemos sido amenazadas.
Así mismo, el informe recalca que la violación de derechos humanos a estas activistas es estructural y sistémica, caracterizada por presentar detenciones arbitrarias, violencia física, amenazas, difamaciones, criminalización entre otras.
Este es el caso de muchas Damas de Blanco, quienes sufren penas de prisión arbitraria, multas descabelladas y juicios sumarios, además de ser intimidadas y acosadas con amenazas contra sus hijos y familia, por parte de la Policía y seguridad del Estado.
En Cuba se puede ser mujer pero no discrepar del gobierno y de sus erráticas políticas públicas. Luchar por sus propios derechos y por los de los demás, lleva a las mujeres a ser víctimas por parte de las autoridades de golpizas y abusos que muchas veces las hace terminar encarceladas.
Por otra parte, el informe plantea que las acciones de represión contra las activistas son ejecutadas por parte de fuerzas policiales oficiales y agentes de seguridad del Estado, además de otros tipos de agresiones por parte de la población civil que por actitud de omisión del estado atentan contra los derechos fundamentales a la integridad personal, derecho a un trato digno, libertad de asociación y convivencia pacífica.
En Cuba, organizaciones de la sociedad civil independiente que tienen como propósito el trabajo en contra de la violencia de la mujer y el respeto a los derechos humanos, como es el caso de la Plataforma Femenina, no son legalizados por el Ministerio de Justicia cubano, dejando a las mujeres en total vulnerabilidad de sus derechos, siendo las más afectadas.
En Cuba mujeres de la sociedad civil que tratan de visibilizar y trabajar en la erradicación de la discriminación y la violencia de género son reprimidas, violentadas, arrestadas y golpeadas.
El Estado despliega un patrón de violaciones a múltiples derechos que fundamentalmente buscan impedir el ejercicio al derecho a la libre asociación. Hechos que son constantemente negados por el Estado pues hasta la fecha no se han determinado acciones judiciales para sancionar las arbitrariedades perpetradas por organismos de seguridad e instituciones gubernamentales.
El Estado cubano no presta una atención prioritaria para combatir la violencia contra las mujeres y no ha adoptado medidas amplias para hacer frente a este tipo de violencia. Tampoco ha elaborado ni aprobado una ley general con respecto a la violencia contra la mujer que reconozca que la misma es una forma de discriminación contra la mujer, por lo que constituye una violación de sus derechos de conformidad con la Convención.
El fenómeno de violencia contra la mujer cubana se complica más debido a que el gobierno no dispone de un plan estratégico nacional que pueda prever la violencia contra la mujer; así como el castigo a los que cometan actos de violencia de género; la falta de protección a las víctimas de violencia contra la mujer es una dolorosa realidad en el país.
Una nueva Constitución pero sin leyes complementarias hace aún más vulnerables a sectores sociales como la mujer, exponiéndolas a violaciones de sus derechos de todo tipo y en especial la de violencia doméstica.
Finalmente, la organización en su informe plantea que los varios casos de represión contra las mujeres activistas revelan la falta de garantías a los derechos a la igualdad, la integridad personal y la libre asociación estipulados en la Constitución cubana. De otra parte, las recomendaciones emanadas de los organismos internacionales, como CEDAW, siguen sin adoptarse en forma adecuada. Por esto, la Plataforma Femenina ha solicitado al Estado cubano, a modo de exhortación, adoptar sin dilaciones las recomendaciones que organismos internacionales en repetidas ocasiones han planteado, además de disponer de los mecanismos necesario para cesar con las represiones y violaciones a los derechos fundamentales de las mujeres, especialmente de aquellas que con su activismo desde la sociedad civil independiente luchan por el respeto de los derechos de las mujeres y que se visibilice las violaciones cometidas en el país de los mismos.
