Tecnologías, pero con ciudadanía digital

Hacer los esfuerzos para encaminarnos hacia un Ecuador Digital está bien; pero no basta con reducir impuestos a la tecnología y ampliar la cobertura de fibra óptica. La educación es primordial.

Entre el 25 y 29 de este mes, Berlín será la sede de la reunión Internet Governance Forum IGF 2019, una iniciativa de Unesco para impulsar la discusión de la política pública relativa al internet, en la que se busca que tanto el sector público como privado den sus aportes en esta materia.

La reunión preparatoria de Ecuador recién se realizó el viernes 15 en la Universidad San Francisco, y estuvo encabezada por el director de Fundamedios, César Ricaurte, el decano del colegio de Jurisprudencia, Farith Simon y el Ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena.

Lo dicho por Michelena en ese espacio hay que repetirlo: el Gobierno estableció el mecanismo para que las operadoras privadas y pública compartan infraestructura y así ampliar el alcance de la cobertura de internet. Gracias a esta optimización, según dijo el funcionario, los costos operativos de las empresas bajarán, lo que debiera reflejarse en la reducción de las cuentas que pagan especialmente los sectores económicamente más vulnerables.

También recordó que desde hace unos meses se quitó los impuestos a los productos tecnológicos –computadores, tablets, teléfonos inteligentes- para facilitar el acceso. E hizo un anuncio adicional: en las próximas semanas se remitirá una ley de protección de datos personales.

Visto a simple vista, es una buena noticia para la sociedad en su conjunto, pero hay elementos que deben tomarse en cuenta en este debate, entre ellos, las libertades asociadas a la comunicación: libertad de información, de prensa y de opinión.

¿Por qué? El acceso a las tecnologías debiera venir de la mano de una mayor educación mediática y del desarrollo de un sentido de ciudadanía. En otras palabras, la facilidad que otorga el uso de las tecnologías para participar en el debate público, debe impulsar a educadores, padres de familia, autoridades, etc., a entender la responsabilidad que provoca esto en la construcción de sociedades de paz y tolerancia.

Un ejemplo: a través de las redes se ha incitado, en el país –mejor dicho, en la región- a enfrentamientos internos, con las consecuencias que se conocen (la más grave y que se ha tejido desde hace años es la división interna).

Hay otros casos: los discursos en contra del ejercicio de la prensa. Sus detractores señalan todo lo malo que se les puede ocurrir sobre los medios de comunicación y sus relaciones con el poder o los gobiernos de turno, pero olvidan que en los países en donde los sistemas democráticos tratan de funcionar, la prensa juega un papel importante. No en vano, las relatorías de Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de Naciones Unidas (ONU), desde hace años, llaman la atención sobre este tema.

Y también lo hacen las mismas empresas periodísticas. Hace unos días, durante la reunión en Río de Janeiro (Brasil), en el marco de la Digital Media Latam de WAN-IFRA, manifestaron “su alarma ante los constantes avances de visiones contrarias a los principios de las libertades de prensa y expresión”. Pero también llamaron la atención sobre dos temas más que debieran tomarse en cuenta: la sustentabilidad (modelos económicos) para la prensa en web y la propiedad intelectual.

Visto así, sin duda, la perspectiva de lo que quiere hacer el Gobierno debe tomar una dimensión distinta y, a la par de facilitar el acceso tecnológico, discutir planes para impulsar la educación mediática, que incluya, por supuesto, la ciudadanía en democracia.