‘Choque de trenes’ por la crisis económica

El ministro Richard Martínez compareció ayer en la Asamblea. Los legisladores que intervinieron lo llenaron de críticas. Se habló de muerte cruzada, juicio político y otras iniciativas legales por la demora del Ejecutivo ante la crisis por la pandemia.

Ayer, se produjo un choque de trenes. La Asamblea Nacional recibió con todos los pertrechos al ministro de Economía, Richard Martínez. El Secretario de Estado es parte del círculo más cercano del presidente Lenín Moreno y encargado de diseñar un plan económico para navegar en la crisis económica ocasionada por la cuarenta nacional y global. 

La comparecencia ante el Pleno del Poder Legislativo duró casi seis horas y luego de diferencias públicas por la falta de entrega de propuestas económicas ante la crisis y de la idea gubernamental de recorte del sueldo de los legisladores, el Presidente de la República y otras altas autoridades. El Ministro intervino en tres ocasiones. La primera para exponer el diagnóstico de las cuentas y las ideas del gobierno para solventar la crisis económica.

Dijo que el Ecuador no tiene espacio fiscal, no tiene ahorros públicos, no tiene reservas internacionales, no tiene accesos a los mercados, no puede expandir el crédito si no recibe dólares de fuera. Además, que hay una proyección de reducción de gastos que dejan al país con una necesidad de financiamiento de USD 17 163 millones. Las ventas de las empresas pequeñas, medianas y pequeñas, han caído un 50%, según las diferencias por facturación electrónica, y que esto tiene implicaciones directas en las empresas para sostener la nómina de empleados. 

Expuso que la contribución de las empresas que ha propuesto el Gobierno implica que 119 789 empresas entreguen al Gobierno USD 516,9 millones. Insistió en la focalización de los combustibles. También habló de reformas estructurales en lo laboral y tributario para mantener el empleo. 

En toda la jornada intervinieron 18 asambleístas de todos los bloques legislativos. Pero ninguno de ellos apoyó el planteamiento del Gobierno. Incluso, Ana Belén Marín, de Alianza PAIS, partido de Gobierno, fue crítica con la gestión del Ministro por la demora en la llegada de los créditos anunciados a raíz del pago de los Bonos 2020 a finales de marzo y pidió el diseño de otros incentivos para las personas y empresas antes de que el proyecto económico sea entregado a la Asamblea.  

Martínez recibió duras críticas por su gestión, hubo cuestionamientos a su equipo de trabajo, en especial el viceministro Esteban Ferro por supuesto vínculos con empresas en paraísos fiscales. Por pagar los Bonos 2020 en medio de la crisis sanitaria, por no enviar el proyecto económico urgente… hasta por cerrar el diálogo entre las dos funciones desde hace un mes y no pagar los salarios de los funcionarios públicos, en especial a los de Salud y Educación. Le pidieron que entregue la lista de los tenedores de deuda ecuatoriana.

Incluso recibió advertencias. La más contundente, la de un juicio político por incumplir en sus funciones, al no entregar información, no adoptar medidas económicas para enfrentar el virus desde el cinco de enero pasado, pagar deuda cuando el país necesitaba recursos rápidos para enfrentar la pandemia y no acudir a llamados de la Asamblea.

La siguiente advertencia que le hicieron es que no se puede tratar de presionar a la Asamblea por la aprobación de la ley urgente que llegará en los próximos días a cambio de que el presidente Lenín Moreno no llame a una muerte cruzada. Si el presidente Moreno utiliza esta figura constitucional disolvería la Asamblea Nacional, luego el Consejo Nacional Electoral convoca a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los períodos. Hasta la instalación de la nueva Asamblea, dice la Constitución, el Presidente podrá, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, “expedir decretos-leyes de urgencia económica”. 

De eso nada dijo Martínez. Ni negó ni comentó en sus dos respuestas al Pleno. Tampoco dijo nada sobre la carta de renuncia de la exministra de Salud, Catalina Andramuño, quien aseguró que no recibió recursos para preparase para la pandemia. Sobre la demora de entrega de recursos anunciados para esta semana, unos USD 2000 millones, Martínez dijo que se han retrasado las reuniones de los directorios de organismos internacionales. “Hay cosas que no están en nuestras manos”, dijo. Aseguró que no es partidario de entrar en el ‘no pago’ de la deuda porque el país necesitará recursos a largo plazo. 

Sobre los tenedores de la deuda, aseguró, que no hay una política de ocultamiento, que han levantado la información, pero que los datos están disponibles en los portales de Bloomberg y Reuters. Mencionó a grupos de inversionistas y que enviará el detalle a la Asamblea.

Martinez dijo estar abierto al diálogo. Aceptó la propuesta del legislador Fabricio Villamar, quien pidió que se cree una mesa de trabajo para acordar el proyecto. El presidente César Litardo dijo que se creará la mesa de trabajo conjunto desde el día de hoy. 

Pero eso no fue suficiente para calmar los ánimos… Ayer, luego de que terminó la comparecencia de Martínez, se presentaron dos proyectos para la reactivación económica por parte de algunos legisladores a falta de la iniciativa gubernamental. 

Y el pedido de juicio político está en camino. El asambleísta Juan Lloret, de Revolución Ciudadana, quien propuso el mecanismo para la censura a Martínez, dijo que el gobierno puede ver una oportunidad de refresar el área económica con una nueva persona que tenga mejor acceso a los organismos multilaterales. Las causales para la censura son claras, dijo.

El Ministro, señaló Lloret, podrá desvirtuar las preguntas que no fueron contestadas en la jornada de ayer, en especial los fondos que la exministra Andramuño denunció que no se entregaron. Además, dijo, que el Ministro firmó el acuerdo con el FMI sin la autorización del Comité de Deuda, lo que implicaría una arrogación de funciones. Otra es que el dinero de una emisión de Bonos de deuda fue a gasto corriente, y eso no es permitido. Y, finalmente, la falta de reducción de costos financieros en 2019, con lo que habría un perjuicio a los clientes de unos USD 18 millones. Los apoyos al pedido de juicio político los recoge vía correo electrónico.