Arroz Verde: las pruebas contra los empresarios (Parte II)

La Fiscalía determinó que quienes aceitaban la máquina de los sobornos eran empresas privadas. En exclusiva, conozca los detalles de las pruebas contra los empresarios privados en el caso ‘Sobornos 2012-2016’.

La gran audiencia contra las cabezas de la trama de Arroz Verde fue liderada por la jueza Daniella Camacho y la fiscal Diana Salazar. Estas dos mujeres son las que, juntas, han logrado estrechar el cerco a la impunidad por los supuestos malos manejos de dinero que llegaban de la empresa privada para engrandecer al correísmo.

En la emblemática audiencia, del 7 y 8 de agosto, la Justicia determinó que las autoridades abusaron de sus cargos al recibir dinero en efecivo y pagos en especies, de representantes de empresas para ser beneficiarios de contratos con el Estado. Fueron grandes constructoras.

La Fiscalía y la Corte Nacional de Justicia conocieron de los resultados de los informes de policías criminalistas en asuntos informáticos y lavado de activos, de la Contraloría, de la Unidad de Inteligencia Financiera, del Servicio de Rentas Internas, de operadoras celulares, decenas de versiones… que la red nació en Carondelet. Y todas las pruebas apuntan a descubrir parte de este grupo que ahora está acusado de cohecho, tráfico de influencias y asociación ilícita.   

Ayer, este portal, publicó las pruebas que se expusieron contra los políticos, parte de la cúpula de Alianza PAIS. Ahora, en esta segunda parte, se exponen los detalles con los que cuenta la Justicia contra los empresarios, personas que aparecen en los cuadernos de Pamela Martínez y en los correos de Laura Terán. No son todos, evidentemente, pero pueden ser los principales financistas de la red del caso ‘Sobornos 2012-2016’ o Arroz Verde.

Todos ya tienen medidas cautelares, como la presentación en las cortes de Quito y Guayaquil, prohibición de salida del país y embargo de dinero y bienes por el monto de 1’072.312,15. Del listado, Pedro Verduga Cevallos, Cai Runguo y Víctor Fontana Zamora tienen hasta el 19 de este mes para llegar a Ecuador y presentarse ante la Justicia. De lo contrario… se ordenará su captura.

La Corte recordó a la Fiscalía que la instrucción fiscal termina el 29 de septiembre próximo, ya que buscó extender el período. La jueza Daniella Camacho recordó que el período máximo es de 120 días.  Hay más involucrados en esta trama de corrupción según los correos e informes de Laura Terán… sin embargo, podrán abrirse otras causas para dar con más culpables, según fuentes judiciales.

Las pruebas contra los empresarios

El caso de Ítalo Centanaro. Este hombre fue clave para la seguridad del correísmo. Colaboró con la Presidencia, el Ministerio del Interior y la Superintendencia de Compañías, pero también desde el ámbito privado.  En su contra están los informes periciales de los equipos informáticos que estaban en poder de Laura Terán. Allí se encontraron varias carpetas con archivos que describen depósitos realizados por Terán y Pamela Martínez en la cuenta del Banco del Pacífico No. 1011939974 a nombre de Francisco Novoa López, que en los registros del archivo VERDE FINAL y VICTORIA ANDRADE consta Centanaro como el beneficiario final. Hay cantidades, fechas y, como concepto, el pago de seguridad civil, el Escuadrón Verde Operativo. En los correos de Laura Terán también hay órdenes de pago solicitadas por Pamela Martínez para esa seguridad privada.

Sobre José Hidalgo Zabala. El es el Superintendente Regional del Litoral de la Empresa Hidalgo & Hidalgo. En los informes periciales de las computadores de Laura Terán se le relacionó con los archivos: VICTORIA II, VICTORIA ANDRADE II y VERDE FINAL. Además, consta en algunos correos de Laura Terán. Como prueba también está un informe del Ministerio de Transporte y Obras Públicas donde se detallan las obras adjudicadas y ejecutadas por Hidalgo & Hidalgo. Asimismo, la información del Servicio de Rentas Internas sobre facturas registradas en los archivos encontrados en el computador de Laura Terán.

Sobre Victor Fontana Zamora. Él es adminsitrador y accionista de la empresa constructora Fopeca. Los números de teléfonos registrados en el SRI (022484635/022484636), dice la Justicia, coinciden con la información encontrada en el archivo VERDE FINAL, en la pestaña RUC. También está un detelle del Ministerio de Transporte y Obras Públicas donde constan las obras adjudicadas y ejecutadas por su empresa. Y también se lo menciona en los correos de Laura Terán.

Sobre Ramiro Galarza Andrade y Édgar Salas Román. Ambos constan como accionistas de la empresa constructora Consermin. La Fiscalía ha manifestado que para ellos hay pruebas conjuntas. Por ejemplo, el oficio de Carlos Jaramillo, director Nacional de Control Tributario, quien indicó que Galarza y Salas fueron accionistas de la empresa Consermin. Que se registra el número telefónico 0992210243, perteneciente a Galarza (información presentada por la misma empresa), y que coincide con el registro en el archivo VERDE FINAL, en la pestaña lista MD. También constan las obras adjudicadas y ejecutadas por la constructora. La versión de María de los Ángeles Duarte también cuenta en contra de ellos.

Sobre Pedro Verduga Cevallos. Él es accionista mayoritario y representate legal de la empresa Equitesa. La Justicia dice que también tiene como nombre de contacto el de Alicia Veloz, que coincide con el registro del archivo VICTORIA III LT y del archivo VERDE FINAL. Asimismo, se detallaron las obras adjudicadas y ejecutadas por Equitesa. Tambien consta la versión de Pamela Martínez, Tomislav Topiz, Christian Viteri, Gregorio Castellanos y Cristian Paredes. Los correos de Laura Terán, son otra prueba. Otro elemento para la Justicia fue el informe pericial a los equipos informáticos que usó Terán, en especial el ARCHIVO 0000103_Carved y el archivo VICTORIA II.

En relación a Mateo Choi o Chaoi Kim Du Yeon. Él fue el apoderado de la empresa de la Compañía SK Engineering entre 2008 y 2013. Informes de la Contraloría y del SRI certificaron la relación contractual de la empresa con el Ministerio de Obras Públicas y Petroecuador. Además, constan como pruebas los archivos de los computadores de Laura Terán. En especial los archivos: 0000103_Carved y VICTORIA II.

Sobre Napoleón Sánchez Ribadeneira. Él es el Presidente de la compañía Sanrib. En su versión dijo que su empresa es  asesora de la empresa Gezhouba Group Company, contratista en los proyectos Bulu Bulu y Sopladora. Aceptó conocer a Pamela Martínez. La Justicia también consideró un informe ejecutivo ampliado de la compañía Nexoglobal, que registra como proveedor a Sánchez Rivadeneira, en 2014 y 2015. También consta en su contra la versión de Pamela Martínez y los correos de Laura Terán. Asimismo, los informes de Criminalística de los cuadernos de Martínez y de la computadora de Téran, en especial el archivo VICTORIA II.

El caso de William Phillips Cooper. Él es accionista de la empresa TecnaAzul, que forma parte del grupo empresarial Azul: Azultec, Caterpremier, Urazul, ImpecsAzul y Offparis. Según las pruebas, tuvo relación contractual con Petroecuador, Petroamazonas y fue subcontratista de la empresa privada SK Engineering. Hay un informe en su contra de la Unidad de Lavado de Activos de la Policía y también el informe de los computadores de Laura terán, específicamente el archivo VICTORIA II.

Acerca de Cai Runguo. Este ciudadano chino (en la foto junto al excanciller Ricardo Patiño) fue representante de la empresa Sinohydro en Ecuador y también se desempeñó como Embajador de China en Ecuador. Como pruebas en su contra están: un informe de la Contraloría y del Servicio de Rentas Internas donde se indica la relación contractual de la empresa con el Ministerio de Obras Públicas; además, con empresas públicas de Manabí, Loja, Morona Santiago, Azuay, Esmeraldas y Guayas; también con Celec EP. Igualmente aparece que contrató a Fopeca. Contra este extranjero están las versiones de Gregorio Castellanos y Alonso Guerrero. La empresa Sinohydro consta en los archivos VERDE FINAL y en archivo VICTORIA II, de las computadoras de Laura Terán.

Sobre Rafael Córdova Carvajal. Este empresario es accionista mayoritario y representante legal de la empresa Metco. De los registros de la Dirección Nacional de Control Tributario aparece el numero de contacto 023826732 que, asegura la Justicia, es el mismo registrado en el archivo VERDE FINAL. Como otra prueba está la versión de la asambleísta correísta Wendy Vera Flores, quien dijo que  mantuvo una relación contractual con la empresa Metco en el ámbito privado. Asimismo, pesan sobre él, recalca el documento al que accedió Criterios, los correos y los registros de la computadora de Laura Terán. Y, finalmente, un informe de la Unidad de Lavado de Activos de la Policía que contiene el análisis de la información SRI sobre las facturas registradas en los archivos encontrados en el computador de Laura Terán, en las que se menciona a Metco.

El caso de Teodoro Calle Enríquez. Él es socio mayoritario de la empresa Técnicas Generales de Construcción y, según la Justicia, es parte del grupo económico Construcpacific, Indipalma, Teca e Inmobiliaria Vermutsa. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas detalló las obras adjudicadas y ejecutadas por la empresa. También consta como base para la vinculación varias carpetas del arvicho VERDE FINAL. Los peritos descubirieron facturas registradas en los archivos encontrados en el computador de Laura Terán, en las que se menciona a la empresa TGC.

Acerca de José Verdú Rodríguez. Este empresario aseguró que  su empresa, Verdú S.A., tuvo algunos contratos con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas entre los años  2011 y 2016, y financiados por el BID. El número telefónico de celular que utilizaba entre los años 2012 y 2016, dice la Justicia, fue el 0993202497 de la operadora Claro, “número telefónico que se encuentra en los registro del archivo VICTORIA ANDRADE II”. El Ministerio de Transporte detalló los contratos de la empresa Verdú: fueron seis, por un monto de USD 9 642 685,41. El SRI determinó que en los años 2012, 2015 y 2016, la compañía tuvo un movimiento económico de USD 7 192 747,93. Además se mencionó en la audiencia de vinculación que la Unidad de Lavado de Activos de la Policía Nacional descubrió facturas registradas en los archivos encontrados en el computador de Laura Terán, en las que se menciona a la empresa MIDISA – VERDÚ.