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¿Por qué no funcionan los debates?

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Todos los debates electorales son difíciles; se tornan más difíciles cuando los participantes no quieren debatir, y se vuelven aún más difíciles cuando los organizadores no quieren que debatan. 

Foto: Flickr Consejo Nacional Electoral

En las primeras dos semanas de campaña electoral, hemos visto más de 10 horas de debates con los aspirantes a la Presidencia de la República y, sin embargo, no hemos logrado obtener un verdadero debate electoral y sus beneficios. Un debate electoral sirve para conocer las ideas de los candidatos y la capacidad de defenderlas, para observar la conducta de los participantes frente a ideas opuestas o distintas, incluso calibrar el carácter y la tolerancia de cada aspirante a la presidencia frente a otras ideas o ataques de otros candidatos. 

En los diferentes debates se comportaron igual, no tuvieron realmente ningún interés en confrontar con los otros candidatos. En los dos primeros se negaron a participar Yaku Pérez y Andrés Arauz, dos de los tres candidatos que se supone tienen posibilidades de pasar a la segunda vuelta. En el tercer debate participaron todos pero obligados por el mandato legal y por temor a ser descalificados de la contienda. Los participantes no contestaban las preguntas y se limitaban a utilizar el espacio asignado para repetir sus ideas o sus consignas. 

El número de participantes complicó el debate y obligó a dividir en grupos; la necesidad de obtener la acepración de todos induce a buscar un formato aceptable y de poco riesgo. El tercer debate, el organizado por el Consejo Nacional Electoral, prometía más porque la participación de los candidatos era obligatoria y había que establecer un buen precedente por ser el primer ensayo de obligar a los candidatos a confrontar las ideas. 

El Consejo Nacional Electoral integró un Comité Nacional Asesor de Debates compuesto por personas con conocimiento y experiencia. Este Consejo elaboró el formato del debate y sugirió nombres de periodistas para conductores. El formato era muy bueno porque contenía una batería de preguntas elaborada con asesoría de expertos. Los participantes desconocían las preguntas que fueron entregadas en sobres sellados para que cada candidato escoja su pregunta, al azar, de una ánfora que estaría siempre a la vista. Luego los conductores harían a cada candidato una repregunta. Este esquema evitaba que evadan la pregunta y daba sentido a la participación de los periodistas para evitar vaguedades o inexactitudes. Y todavía contemplaba una tercera ronda de preguntas que permitiría a los periodistas exigirles intercambios a los participantes con preguntas cruzadas o plantearles temas específicos. 

El Consejo Nacional Electoral cambió, a última hora, el formato del debate y a uno de los conductores. Si se había tomado la decisión en consenso, como habían asegurado, no cabe otra explicación para los cambios de última hora que las presiones de algún grupo político. Es comprensible que el Consejo Nacional Electoral procure evitar un nuevo drama político forzando la aceptación del formato y los conductores. Es fácil imaginar un escenario de no participación en el debate argumentando que se habían impuesto condiciones de manera autoritaria. ¿Se habrían podido imponer las sanciones previstas en la ley? 

Si se renuncia al debate, solo queda juntar a los candidatos para repartir de manera equitativa el tiempo disponible y el papel de los conductores se reduce al de lectores de las preguntas y relojeros para tomar el tiempo. Todavía queda el debate de segunda vuelta y el Consejo Nacional Electoral debe buscar una fórmula que permita el consenso pero sin renunciar a los objetivos de un verdadero debate electoral. No cabe dramatizar los problemas de la democracia, pero tampoco minimizarlos porque se sacrifica la posibilidad de corregir y mejorar los procedimientos electorales. 

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