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Votar contra las dádivas

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Imperativo ciudadano es que en las elecciones presidenciales y legislativas hay que votar por propuestas de inversión, trabajo y bienestar, no por dádivas.

Foto: César Muñoz – API

El fervor cívico ecuatoriano en torno al proceso electoral en marcha está tibio, no solo por las prevenciones de la pandemia, sino también porque partidos y movimientos políticos se han esforzado por dejar de ser tales y no se han preocupado por estudiar la realidad nacional para proponer coherentes proyectos encaminados a restablecer las situaciones económicas, sociales y judiciales, la seguridad.

El 2021 amaneció para el Ecuador con una crisis en casi todos los órdenes: su institucionalidad resquebrajada, amañada, que ha bloqueado a sus Funciones conducirse con profesionalismo, pese a enarbolar, cada una de ellas, “meritocracia académica” que no se refleja en el servicio a la sociedad, en la contratación pública, como consecuencia del sistema implantado desde hace 14 años por populistas que impusieron “derechos” soslayando el equilibrio en todos los deberes de la sociedad.

Crearon la cultura del facilismo, del secretismo, de la única verdad, de la beneficencia condicionada, en desmedro del trabajo, de la responsabilidad individual y colectiva, y cuando repararon en lo comunitario fue para manipular, para fraccionar a la población sobre la base de intereses mezquinos y de confrontación, hasta polarizar la estructura de la fuerza pública obnubilándola con “igualitarismos”, atentando contra la seguridad.

Hasta antes del 2006 las estructuras políticas legalmente habilitadas para intervenir en elecciones generales, de alguna forma se preocupaban de formar militantes para que intervengan como candidatos a dignidades de elección popular, pero desde ese año profundizaron intereses grupales, de amistades y ansiedad por llegar al poder político, con generalizado horizonte de hacer dinero, de cualquier forma, desde el mando burocrático.

Pensar que hace 43 años, en enero de 1978, se institucionalizó el régimen de partidos políticos en el Ecuador para garantizar “el fortalecimiento y desarrollo de las instituciones democráticas”.

Se idealizó que el futuro político ecuatoriano se enderezaría con normas que identificaban a los partidos como organizaciones político-doctrinarias, como fundamentales para el sistema democrático, que expresarán y orientarán la voluntad del pueblo, que promoverán la activa participación cívica ciudadana, que capacitarán a sus militantes para que intervengan en la vida pública, que seleccionarán a sus mejores hombres para el ejercicio del Gobierno, para lo que el fisco, los ciudadanos, les subsidie con un fondo partidario permanente y otro de reposición de gasto electoral.

Camisetazos 

Pero fue quimera. Primaron los vicios del poder por el poder y diluyó la representación alcanzada por los partidos en las urnas en bazofias “independientes”, los que se adhirieron y adhieren al poder de turno para hacerse de puestos burocráticos y otros “negocios”. El reestreno democrático también amaneció con partidos de alquiler, como el extinto Concentración de Fuerzas Populares (CFP) y la Izquierda Democrática, que albergaron, como sus candidatos, a militantes de la aún no calificada Democracia Popular-Unión Demócrata Cristiana, DP-UDC, quienes, una vez elegidos, retornaron a su redil político.

La orgía de “camisetazos” no es patrimonio de aquellos años, viene de atrás y continúa instaurando, antiéticamente, parcelas de poder, para negociar, como revelan publicaciones de la antesala electoral para ubicar candidatos de grupos investigados por la justicia, buscando inmunidad para burlar cercos judiciales, mientras otros sueñan probabilidades de indulto o amnistía por delitos comunes.

Histórico fue el reestreno democrático de 1978, porque fue año y subsiguientes, en el que hubo población entusiasmada por su divisa política: se reunía en locales específicos para hablar de momentos locales, regionales, provinciales, nacionales y aun internacionales. La exposición pública, a través de sus dirigentes, no se hacía esperar, publicaban documentos, se generaban debates. Las huellas han sido archivadas, hoy no tienen idea de eso, pese a la exigencia legal. 

Extinto grupo hegemónico

En efecto, 31 años después, la controvertida “Comisión Legislativa y de Fiscalización”, derivada de la Asamblea Constituyente del 2008, aprobó la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, promulgada el 27 de abril de 2009, que derivó a las organizaciones en parcelas políticas, llamadas movimientos, expresión de la populista “participación ciudadana”, con la “sustentación” de “derechos”, que en los últimos 14 años se tradujo en Alianza País, del cual queda su nombre, porque su máximo personero, prófugo de la justicia, decidió ingresar a un baratillo de estructuras políticas, desde una de las cuales persiste con hegemónicos designios, a cambio de, por lo mismo, lo que él decida.

Así, el caudillismo, desesperado, busca retorno al poder, sin identidad ni afinidad con Centro Democrático, menos con UNES, porque el interés no deja de ser personal y de su íntimo grupo cercado por pesquisas legales, por la presunta birla al fisco, al pueblo ecuatoriano, de alrededor de USD 70 000 millones por sobreprecios, coimas y otros tipos penales, buena parte de los cuales habrían cubierto suntuosos gastos de farándulas semanales que albergaban al gabinete gubernamental en diversas locaciones del país.

Pero ello es una cara de la moneda, la otra es la atomización de las estructuras políticas que se decían oposición, cuya dirigencia, ocasionalmente, llevaba la voz de discusión nacional, porque la agenda política la imponía el mismo gobernante, como también organizaciones sociales que bregaron contra la represión, por la amañada legislación, por la libertad de expresión y cese de persecución a redactores y editores.

Quienes hicieron hegemonía política. desde el 2007, pretenden retorno, agazapados en un movimiento, en una plataforma política singularizadas con el 1, por sí solos nada atractivos electoralmente, pero han membretado el rostro del prófugo mayor, que tiene sentencia que alcanza a la supresión de sus derechos políticos y de participación, pero igual desafían la decisión judicial y realizan campaña a nombre de la democracia, del respeto a la ley, realizando propuestas conmensurables con la insensatez.

Seguridad, ante todo

A dos semanas de las elecciones presidenciales y legislativas reconstruir el país es imperativo, y urge generar seguridad: seguridad institucional, seguridad jurídica, seguridad para la inversión, seguridad para generar empleo, seguridad individual y colectiva, en las que brillen las artes, a partir de un sistema técnico-humanista, cívico y ético de educación, de servicios profesionales y eficientes, consecuentes con planificación coherente con los grandes intereses nacionales, ajenos al soborno, a la coima, al, dispendio.

Para ello, hay que cesar la legislación populista y encubridora de fechorías, como a los encargados de hacerla operativa. Es duro lograrlo, pero el elector está urgido de tomar la decisión si desea recuperar el país, porque no puede seguir esperando que todas las soluciones lleguen de las arcas fiscales, si no las alimenta con su propio trabajo, con su contribución, vía impuestos, por sus diversas actividades productivas, mercantiles y de servicios. No olvidar que 2021 arranca con un déficit fiscal de USD 7 324 millones y debe bajar a USD 2 813 millones, cifras que dicen que no hay dinero para regalar USD 1 000 a un millón de familias, propuesta irresponsable, electorera, cínica con el estado de situación de la economía nacional. 

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