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Valorando derechos humanos

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Si el Defensor del Pueblo entrega a la Fiscalía el informe de la llamada “Comisión de la Verdad”, tiene oportunidad única para indagar a los responsables que tuvieron en zozobra a millones de ecuatorianos en octubre de 2019.

Foto: Gianna Benalcázar – API

“Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único afán de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática”, se lee en el Art. 29 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

El artículo resalta los deberes de la persona respecto a la comunidad, el ejercicio de derechos y disfrute de sus libertades sujetas a las limitaciones establecidas por la ley y asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás.

Los términos del artículo lucen pertinentes para valorar el “informe” de la denominada “Comisión de la Verdad” entregada a la Defensoría del Pueblo, cuya autoridad ha mencionado que lo entregará a la Fiscalía “para que inicie la investigación y el correspondiente enjuiciamiento a las autoridades del Estado responsables”.

Si, “a las autoridades del Estado responsables”, del gobierno y de los colectivos ciudadanos que fueron protagonistas de la zozobra ocurrida en la primera quincena de octubre del 2019, porque todos los habitantes del país, en cualquier posición o situación forman el Estado.

Probable es que los autores del informe hayan trabajado sobre la base de visiones parciales de los inéditos violentos sucesos de octubre de 2019, con sesgos políticos, como supone la presencia del candidato presidencial Andrés Arauz y la asambleista electa por UNES, Jhajaira Urresta, participante y afectada en las refriegas, a quien el primero ha expresado su “fiel compromiso para que siga la verdad, la justicia y reparación en este caso”.

“Lenin ya no es presidente”

Habrá que leer el informe de 272 páginas, para encontrar narraciones sobre los estados de sitio que soportaron varias ciudades del país, destrucción de bienes de los sectores público y privado, saqueos a unidades productivas y pequeños centros de abastos, secuestros e intento de asesinato a periodistas, a lo que se sumó la fervorosa proclama de Marlon Vargas, presidente de la Confeniae, de que “Lenin Moreno ya no es presidente y que se formará un gobierno plurinacional”, como publicó El Universo, en su edición nacional del 12 de octubre.

Según los autores del informe, el gobierno había posicionado una interpretación parcial. Que los “actores violentos” tenían “una agenda desestabilizadora que desarrolló en el imaginario social de que la democracia estaba bajo ataque, con posible intervención de actores de otros países”.

¿Qué significa, entonces, la proclama del presidente de la Confeniae?, como aquellas que también refirió el presidente de la CONAIE, Jaime Vargas, pero la Comisión ha concluido que el “Estado” ecuatoriano “violentó gravemente los derechos a la vida, la integridad física, psicológica y sexual, y a la libertad personal” de integrantes de los colectivos que traumatizaron a millones de ecuatorianos y afectaron la economía nacional.

Qué salga la verdad

Bien que el “informe” llegue a la Fiscalía para que definitivamente determine responsabilidades y sanciones a los protagonistas de los dramas que agobiaron al Ecuador en octubre del 2019 y, por ejemplo, Pichincha ya no tenga a su Prefecta con grillete electrónico.

Foto: Juan Ruiz Condor – API

Importante responsabilizar a quienes afectaron el bombeo de 726.000 barriles de petróleo entre el 7 y 10 de octubre, el incendio de la Contraloría ocurrido el 12 de octubre, flagelo que habría consumido “10.500 responsabilidades administrativas, 6.400 civiles y 520 investigaciones previas derivadas de informes con indicios de responsabilidad penal”, que estaban en la institución, entre ellos los de la cuestionada empresa brasileña Odebrecht.

Sobre la base “del fiel compromiso para que salga la verdad” dicha por Arauz, la indagación fiscal debería dar con los responsables de la brusca pérdida económica que osciló entre los USD 2 600 y USD 3 000 millones, 3% del PIB, por el sitio a las ciudades y saqueo a no pocas empresas.

Sectores cifraron, provisionalmente, pérdidas como el turismo de USD 100 millones, manufactura USD 30 millones diarios en ventas locales y USD 8 millones al exterior, el comercio dejó de vender USD 113 millones y USD 20 millones en su orden, la agricultura y ganadería USD 12 millones y USD 5 millones respectivamente, los transportistas habrían dejado de percibir USD 17 millones, el 55% de su actividad normal.

Hubo población amenazada, en angustia, los daños psicológicos a la población fueron inconmensurables, no pocos ciudadanos, generalmente niños y adultos mayores, requirieron atención médica a donde también fue difícil recurrir por el bloqueo de vías y calles. Guayaquil debió blindarse para impedir agresiones como las ocurridas en Quito.

Derechos humanos

Para su indagación, la Fiscalía debe leer detenidamente el informe de la denominada “Comisión de la Verdad”, valorando la Declaración Universal de Derechos Humanos que se abre: “CONSIDERANDO que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”.

La Fiscalía no debe olvidar que de acuerdo al Art. 424 de la Constitución, los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado, que reconocen derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público.En la primera quincena de octubre de 2019, millones de ecuatorianos claman justicia porque se violentaron sus más elementales y especiales derechos humanos, por colectivos que trataron de mantener canonjías, como el subsidio a los combustibles, imperante desde hace casi 45 años, una subvención estatal prolongada en el tiempo, camuflada de subsidio, figura coyuntural o temporal. ¿La Defensoría del Pueblo defiende al pueblo?

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