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Para detener el baratillo de candidatos y organizaciones políticas de “alquiler”, imperativa es la reforma constitucional y legal.

Foto: Daniel Molineros – API

Luego de las elecciones del domingo 7, urgente es reformar la legislación pertinente para evitar inmensas papeletas electorales con noveleros “políticos”, organizaciones políticas de “alquiler”, candidatos portando grilletes penales, organizadores electorales que se desentienden de aplicar la ley y reglamentos, actores “políticos” que posicionan al periodismo como adversario.

El número de presidenciables es proporcional a colectivos políticos de “alquiler”, quienes tienen base legal en la Constitución, Título IV de Participación y Organización del Poder; en el Art. 94 del Código de la Democracia, que estatuye que “Los partidos y movimientos políticos o sus alianzas podrán presentar a militantes, simpatizantes o personas no afiliadas como candidatas de elección popular”.

La normatividad para dignidades de elección popular debe ser especialísima, con rigurosos parámetros de participación, porque los candidatos optan conducir sociedades parroquiales, cantonales, provinciales, nacionales, cuyos integrantes tienen expectativas de desarrollo y de bienestar, por lo mismo los aspirantes deben realizar propuestas consecuentes con las perspectivas sociales sobre la base de ética y transparencia, las que deben redundar en la gestión pública.

La campaña electoral reciente ha mostrado mayoritariamente a personas sin militancia ni capacidad política para realizar propuestas coherentes, encaminadas a superar los estados de crisis en que se encuentra el país, lo que es consecuente con su falta de formación y capacitación política, con su lejanía a investigaciones y publicaciones de coyunturas económicas, políticas y sociales.

Aventurerismo político

Pocos son los rostros exhibidos en las papeletas con talante político de servicio y de propuestas sólidas, la mayoría exhibieron campañas de generalidades y absurdos, como algunos pretendieron protagonismos al puntualizar investigaciones periodísticas o señalamientos de la Comisión Nacional Anticorrupción.

Ello es propio del “alquiler” de partidos y movimientos políticos que generaron aventurerismo político que trató de inducir bizantinas propuestas como “recuperar el futuro”, exportar agua como alternativa al extractivismo o implantar la pena de muerte.

Si hubiesen sido parte de estructuras políticas organizadas, que capacita a su militancia, que investiga la realidad nacional, no habrían expuesto esos “lujos bizantinos”, porque habrían sabido la imposibilidad de recuperar algo que no existe, que en los llanos el agua emerge del subsuelo, que el Ecuador es parte de tratados y convenios internacionales contrarios a la pena de muerte, que la Constitución garantiza el derecho a la vida.

La estructura jurídica electoral que ampara los colectivos de “alquiler” también enerva la ética política y profundiza su debilidad cuando los elegidos auspiciados por colectivos políticos se declaran “independientes”. Por elemental ética dichos “independientes” deberían renunciar a sus funciones, pero como usualmente no lo hacen, debe haber norma expresa que les excluya de la representación al alejarse de la organización que los respaldó.

Reformas urgentes

Por ello, cuando se habla de reformas a la Constitución y al Código de la Democracia, imposible ignorar el Título IV relacionado a Participación y Organización del Poder y el Título vinculado a Organizaciones Políticas, en su orden, porque el articulado vigente permite la parcelación, el oportunismo y la humillación a la ética política.

Los cuerpos legales tienen que instituir rigurosas instituciones de control del uso del Fondo Partidario Permanente, para que partidos y movimientos efectivamente realicen formación, capacitación de militantes, investigación y publicaciones sobre coyunturas locales y nacionales.

A propósito, pertinente es refrescar la Ley de Partidos, aprobada en referendo en enero de 1978, cuyo Art. 3 estableció que “Los partidos son organizaciones político-doctrinarias, integradas por personas que libremente se asocian para participar en la vida del Estado.

“Por mandato de la Constitución, constituyen un elemento fundamental del sistema democrático: expresarán y orientarán la voluntad política del pueblo; promoverán la activa participación cívica de los ciudadanos, capacitarán a sus afiliados para que intervengan en la vida pública, y seleccionarán a los mejores hombres para el ejercicio del Gobierno”.

Ideal, pero no funcionó; parecería que el Ecuador político no está para ello, por ello sus instituciones son débiles, opacas en el servicio público, inmensas en burocratismo, y cada cuatro años continúa el zigzageo alrededor de problemas y soluciones.

En los últimos 20 años los problemas han pretendido ser “resueltos” con la institucionalización de la pobreza, con los denominados bonos de desarrollo humano, demostrando incapacidad de agrupar a sus beneficiarios en función de sus habilidades para convertirlos en potenciales agentes de producción y empleo, dotándoles crédito y tecnología pertinentes.

La institucionalidad y el desarrollo nacional podrían continuar inalterables sin rigor en la estructuración y operatividad de las organizaciones políticas, las que no tendrían razón de ser sin centros de capacitación, investigación y publicaciones, con intimidad ética y principios de disciplina y rigurosidad.

Periodismo perseguido

Unas estructuras políticas con estos talantes no verán al periodismo profesional como adversario de su actividad, sino colaborador crítico de sus actuaciones. Si las organizaciones políticas encaminan sus actividades con ética y transparencia, el periodismo profesional no sería acosado, perseguido, amenazado, como en estos días ocurre con los colegas Dayana Monroy, Kléber Mantilla, Juan Carlos Robalino, entre otros, asechados por denunciar corruptelas hospitalarias, en la Universidad Técnica Equinoccial, en el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, en su orden.

Lo peor es que existen fiscales y jueces que coadyuvan esas persecuciones, desconociendo la vigencia del Art. 20 de la Constitución, que determina al Estado como garante de la cláusula de conciencia, del secreto profesional, de la reserva de la fuente a quienes informan, emiten opiniones a través de los medios u otras formas de comunicación

Esos fiscales y jueces birlan el numeral 6 del Art. 11 de la Constitución que determina que todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, el Art. 3 que consagra el deber primordial del Estado de garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución, el 424 que determina que los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público, el Art. 425 que jerarquiza a la Constitución y los tratados y convenios internacionales sobre los leyes orgánicas y el 426 que ordena que todas las personas, autoridades e instituciones están sujetas a la Constitución.

Actores políticos, de los Poderes del Estado, fiscales y jueces, en particular, deberían leer y aplicar las citadas normas constitucionales, tras lo cual deben rechazar y archivar los procesos incoados contra los colegas, refrendando tales postulados constitucionales. Si son profesionales del derecho, también deberían darse tiempo de leer, al menos los dos primeros artículos de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. No olvidar que los servicios de salud, el ISSFA son instituciones públicas, como la Universidad citada, porque reciben dineros del Estado están sujetas a control y escrutinio público.

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