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¿Exigencia del FMI o imperiosa necesidad nacional?

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Inédito: el FMI ha llamado al Ecuador a realizar gastos de calidad, ordenar sus finanzas públicas y combatir la corrupción, para restablecer su economía.

Foto: Gianna Benalcázar – CCQ

Inesperado cierre presupuestario y legislativo en el Ecuador. Las angustias de la inmensa población burocrática, de prestadores de bienes y servicios y otros beneficiarios de la caja fiscal y la ansiedad por fortalecer legislación anticorrupción en el sector público, tuvieron respuestas favorables atadas a sorprendentes exigencias del “usurero” histórico Fondo Monetario Internacional, FMI.

Cierto que al iniciar negociaciones del crédito de $ 6.500 millones, entre el Ecuador y el FMI, se alzaron voces contrarias a la celebración de la carta de intención y se adelantaron pronósticos de horas más amargas a las experimentadas a lo largo del año por la imparable expansión del coronavirus, que obligó a desacelerar el desarrollo económico y social con cierre de empresas, creciente desempleo y consecuente reducción de calidad de vida.

La caja fiscal vivía momentos dramáticos, porque cada fin de mes era tormento para gobierno y sus dependientes y acreedores del Estado, por lo que la suscripción del acuerdo, que permitió el inmediato desembolso de $ 2.000 millones, apagó las lúgubres voces de presagios y movilizaciones sociales antimonetaristas, en razón de que las exigencias inmediatas no se relacionaron a las tradicionales alzas de precios de combustibles o aumento del IVA, sino a fortalecer la dolarización, la sostenibilidad fiscal, a ampliar la asistencia social y a luchar contra la corrupción.

En críticos meses, como marzo, la reserva monetaria internacional se ubicó en $ 1.990 millones, pero al 24 de diciembre llegó a $ 7.347 millones, la mayor cifra desde la vigencia de la dolarización, según informe del Banco Central, lo que garantiza depósitos bancarios ciudadanos, de los sectores público y empresariales y las transacciones habituales del país.

Cierto que ese valor habrá disminuido no menos de $1.800 millones al siguiente día, por el pago de $ 800 millones a burócratas, más $ 450 millones por décimo tercer sueldo, así como por atrasos a proveedores y gobiernos locales, pero la reserva mantendrá saldos superiores a los $.5.500 millones.

Las cifras evidencian que se ha detenido el manejo alegre de las finanzas públicas, que existe una autoridad económica que actúa sobre la base de organización, disciplina, seriedad y firmeza, ante volubles exigencias de desembolsos de recursos en los términos presupuestados a inicios de año, como si la economía y el fisco no hubiesen sido rudamente afectados por el desmoronamiento dramático de impuestos y del precio internacional del petróleo, como por la pandemia sanitaria.

No queda duda que el restablecimiento de contratos de crédito con organismos multilaterales y la renegociación de plazos y tasas de $ 17.5 millones han permitido sobrevivir al dólar, como la progresiva reducción del obeso aparato burocrático, que debe alcanzar a los gobiernos locales porque la amplia mayoría de ellos destinan más del 50% de sus presupuestos al pago de planillas de personal, en desmedro de la obra pública.

Anticorrupción

Mantener estructuras burocráticas con componentes duplicados o sin funciones específicas también es corrupción, por lo que urge el saneo para fortalecer la sostenibilidad fiscal, lo que vendría acompañada de la otra exigencia fondomonetarista de hacer realidad contratación pública trasparente, después de 14 años de tribulaciones determinantes para la fuga de más de $ 70.000 millones por sobreprecios, coimas, tráficos de influencias y otras distorsiones éticas y legales.

El nuevo marco legal anticorrupción aún es insuficiente, porque al menos resta la vigencia de la Ley de Extinción de Dominio que resisten aprobar al menos 60 parlamentarios sospechosos, sujetos a investigación, pero también es imperativo sanear “topos” correistas que  aún ambulan por entidades públicas, incluyendo la Función Judicial, donde encuentran formas para continuar con los negociados, mantener impunidad o prolongar el conocimiento de casos, como evidencia el lento trámite de 538 denuncias de corrupción presentadas este año, en las que por emergencia sanitaria se han detectado hasta el 9.000% de sobreprecios en contratos de “ínfima cuantía”.

Sin duda, la depuración de contratos de obra y servicios públicos será de largo aliento, pero coadyuvará a la sostenibilidad fiscal y a motivar confianza en inversores, fundamentales para dinamizar el aparato productivo y el empleo, porque la seguridad jurídica es imprescindible en el desarrollo económico y social, en el bienestar, por ello también es imprescindible prestar atención a los movimientos del Consejo de la Judicatura para reemplazar a miembros de la Corte Nacional, de cuyo proceso se han alejado veedores, cuestionando la transparencia de procedimientos.

Disciplina fiscal

Si los personeros de las instituciones públicas militan, con convicción, en la lucha contra la corrupción, darán fuertes señales de seguridad jurídica a la población que se incentivará a invertir, producir, trabajar, sinónimos de bienestar, que se verían reforzadas con el apoyo de entidades técnicas, como el Banco Central, no sujetas a coyunturales conductas gubernamentales y legislativas, por lo que es imprescindible que recobre su autonomía, cuya tarea corresponde hacer a la Asamblea Nacional, aprobando las reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero.

Cierto que la reforma también es otra exigencia del FMI, pero desde hace mucho rato también es discurso ciudadano, como la lucha anticorrupción y el sano manejo de las finanzas públicas. La reforma es una de las condicionantes para el tercer desembolso de $ 1.000 millones previstos para mayo próximo, hasta tanto se examinan cifras del sector público no financiero, que incluye a las cinco Funciones del Estado, a gobiernos locales, a universidades y empresas públicas, a entidades de seguridad social. No cabe duda que habrá desórdenes su manejo.

Es que ordenar el manejo de los recursos fiscales es imperativo nacional, porque así podrían adoptarse parámetros conducentes a realizar gastos de calidad, dejando atrás erogaciones demagógicas que han abultado el déficit del sector público no financiero, estimado en $ 7.500 millones, cuya reducción es imprescindible para el sostenimiento fiscal.

Reducir tamaño déficit que implica decir que se gasta más que los ingresos que se tiene, es lo que discuten técnicos gubernamentales, ¿se lo hace bajando el gasto público o realizando progresivas reformas tributarias?, o combinadamente. Existe la voz del consejero económico presidencial, Augusto de la Torre: “hay que elevar el ingreso tributario permanente. Y depender menos del petróleo. Es una medicina amarga, pero si queremos que nos cure, hay que escoger la mejor medicina, por amarga que sea”, según dijo a Vistazo.

Cualquiera sea la conclusión no la asumirá este gobierno, sino al siguiente, entre cuyos candidatos presidenciales posicionados se alzan voces no favorables al aumento impositivo, lo que derivaría en una fuerte reducción de gasto público, afectando a la obesa burocracia gubernamental nacional y de gobiernos locales, entre otros segmentos.

En tal panorama, en tiempos de virus, el Ecuador se exige extirpar toxinas que agobian sus finanzas públicas, la inversión, la producción y el empleo, por lo que candidatos y electores están persuadidos a formular y tomar decisiones tangibles con el bienestar de la sociedad ecuatoriana, desechando los baratillos populistas de mayor gasto público y perniciosos subsidios.

Para que en el 2021 comience la recuperación económica y social, no solo deben acometer instituciones del Estado, sino la gran población que, como electores, están llamados a desechar propuestas de candidaturas y agendas relacionadas con quienes sumieron en crisis al país desde el 2007 y favorecer la anticorrupción, la seguridad jurídica, la producción, el empleo, el bienestar, que es la agenda “criolla” a cumplirse, no por motivaciones del FMI que dice aplicarla desde el 2018, sino por imperiosa necesidad nacional.

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