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La Fiscalía acusa al Alcalde Yunda como autor de peculado

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La Fiscalía tiene la mira puesta sobre el Alcalde de Quito. Si es encontrado culpable por la compra fraudulenta de pruebas para COVID-19, puede ir a prisión hasta por 13 años.

Foto: Alberto Romo – Flickr Asamblea Nacional

El caso de la compra fraudulena de pruebas para COVID-19 por el Municipio de Quito golpea en lo más alto del poder municipal. Ayer, la Fiscalía General del Estado (FGE) vinculó al alcalde de Quito, Jorge Yunda, como presunto autor mediato, y a otras seis personas como presuntos coautores, a la instrucción fiscal abierta por peculado en la compra irregular de 100 000 pruebas PCR. El delito de peculado, mal uso de recursos públicos, se sanciona con prisión preventiva de diez a trece años, según el Código Orgánico Integral Penal.

La compra fue realizada a la empresa  Salumed S. A., y habría un perjuicio para el Estado de USD 4,2 millones.

Pese a que Fiscalía solicitó prisión preventiva para todos los involucrados, informó esa institución, el presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, Vladimir Jhayya, “ordenó prohibición de salida del país, uso de dispositivo electrónico de vigilancia y presentaciones ante la autoridad (lunes, miércoles, viernes y domingo, este último en la Unidad de Flagrancia) para el alcalde Jorge Homero Y. M”. Sin embargo, el abogado defensor del Alcalde, Juan Pablo Albán, aseguró en redes que no se ha dispuesto el uso del grillete, sino la presentación del acusado en las dependencias judiciales. 

Para otros dos procesados la Justicia determinó que se presenten los viernes, además del uso de dispositivo electrónico y prohibición de salida del país. Y para la secretaria de Salud, Ximena Abarca, y otros dos involucrados, ordenó la prisión preventiva.

Para todos los procesados se dispuso la inmovilización de cuentas y prohibición de venta de bienes por USD 5 millones.

Las pruebas de la Fiscalía 

La Fiscalía cuenta con más de 35 elementos de convicción,, entre ellos dos informes con indicios de responsabilidad penal de la Contraloría General del Estado. Uno de los puntos centrales de la acusación es que los funcionarios debieron dar por dar por terminado unilateralmente el contrato con Salume por incumplimiento, declarar incumplida a la empresa contratista y ejecutar las garantías contractuales. Lo que no sucedió, ya que fue por mutuo acuerdo.

¿La razón, dice la Fiscalía, es que en lugar de entregar las pruebas PCR Polimerasa, como consta en el contrato, la empresa entregó pruebas RT LAMP, que tienen menos porcentaje de detección del virus. Es decir, había que duplicar el procesamiento de cada prueba, debido a su baja sensibilidad.

“Este posible incumplimiento de las especificaciones técnicas era de conocimiento del Alcalde de Quito y de la Secretaria de Salud, quienes habrían intercambiado mensajes vía WhatsApp, respecto a que las pruebas entregadas no eran las constantes en el objeto del contrato. Sin embargo, decidieron validarlas para que se firmara el acta de terminación del contrato por mutuo acuerdo”, dice la Fiscalía.

Además, esto se agrega, sostiene la Fiscalía, que las pruebas adquiridas el 16 de abril de 2020 tenían como fecha de expiración el 26 de septiembre de 2020, “cuando la Ley y el contrato determinan que la fecha de expiración de los productos no debe ser menor a 12 meses, contados desde el momento de la recepción”.

La instrucción fiscal se extenderá por treinta días más.

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