Las claves para entender reducción del presupuesto universitario
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Diferentes actores del sistema de Educación Superior se pronunciaron sobre el recorte presupuestario. Aquí puede conocer las cifras y los argumentos que cuestionan la decisión gubernamental.
El pasado 1 de mayo se confirmó que la crisis económica provocada por la Covid-19 golpearía todos los sectores del Estado. Así, se anunció que el presupuesto universitario sufriría un recorte de USD 98 210 190. Esto impacta directamente en el funcionamiento de 32 universidades y escuelas politécnicas ecuatorianas.
Desde el 2 de mayo circula en redes sociales un cuadro en que se detalla la disminución de recursos en cada una de las instituciones educativas. Sin embargo, aunque Ecuador Chequea consultó a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) y al Ministerio de Economía y Finanzas sobre la veracidad de esa información, ambos indicaron que no son oficiales pero tampoco suministraron el detalle de las nuevas asignaciones.
Agustín Albán, titular de las Senescyt, explicó el 5 de mayo en el Noticiero TVC (video, min 11:20) que “el presupuesto universitario no es una asignación arbitraria, tiene una lógica y una fórmula. La fórmula consiste en asignar el 10% del IVA y el 11% del Impuesto a la Renta (IR) para la educación superior”.
En noviembre de 2019, el Secretario explicó que ese rubro se compone principalmente de cuatro elementos: la gratuidad de la educación, el mantenimiento de las universidades, las compensaciones por donaciones y el Fondo Permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico (Fopedeupo). El último se constituye del 10% del IVA y el 11% del IR recaudados anualmente.
Ante la nueva medida, Albán reconoció que Finanzas decidió con base en la proyección de la recaudación que se tendrá. En ese sentido, la disminución responde a “una terrible crisis económica y vamos a recaudar mucho menos en general”. Por eso, insistió en que “no es una decisión arbitraria”.
La Constitución indica que “el Estado garantizará el financiamiento de las instituciones públicas de educación superior”. Pero el escenario es adverso. Ecuador se encuentra en estado de excepción desde el 16 de marzo de 2020. La situación se extendió durante 30 días, a partir del 16 de mayo.
A pesar de la realidad calamitosa, la medida impulsada viola el artículo 165 de la Carta Magna. La Ley prohíbe disponer de recursos en materia de salud y educación, incluso en estado de excepción.
El constitucionalista Juan Francisco Guerrero explica que la reducción presupuestaria ordenada por el Gobierno es ilegal porque “la educación superior es un derecho constitucional. No se puede emitir normas ni actos regresivos que afecten derechos constitucionales, por lo tanto no se puede dictar una medida regresiva. Así lo estipula el artículo 11 en su ordinal 8”.
La Comisión de Educación Cultura y Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional publicó un comunicado el 5 de mayo. En el documento denuncia que 120 000 estudiantes están a la espera de un cupo en las universidades ecuatorianas.
Además, cuestionó que el Ejecutivo “redujo las asignaciones al Ministerio de Educación (educación inicial y bachillerato general unificado) en un monto alrededor de USD 300 millones e inició un indiscriminado proceso de desvinculaciones masivas de docentes y personal administrativo de escuelas y colegios públicos”.
Los asambleístas destacan la violación del ordinal 2 del artículo 165 de la Constitución. Entonces anunciaron el inicio de acciones para llevar a juicio político al ministro Richard Martínez.
Otro de los artículos obviado por el Ministerio es el 22 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES). La norma garantiza que “la Función Ejecutiva no podrá privar de sus rentas o asignaciones presupuestarias, o retardar las transferencias a ninguna institución del sistema”.
En ese ámbito, la Universidad Central del Ecuador (UCE) decidió suspender la matriculación de nuevos alumnos para el período 2020-2020 hasta que “no se aclare el financiamiento de la oferta académica”.
La vicerrectora académica y de posgrados de la Universidad Central del Ecuador (UCE), María Augusta Espín, indicó que el recorte en ese centro de estudios es de más de USD 11 millones y corresponde a más del 10% de su presupuesto. Añadió que la disminución está dirigida a gastos de personal, es decir: sueldos.
La cantidad expuesta coincide con la información de la Proforma General del Estado. Para el ejercicio de 2020 estaban previstos USD 153 370 984.
El rector de la Universidad de Guayaquil (UG), Roberto Passailaigue, fue más contundente. El exministro de Educación comunicó que se analiza introducir una demanda de inconstitucionalidad.
Esa universidad, con una población académica de 70 000 estudiantes, 2 954 profesores y 1 919 colaboradores entre administrativos y servicios, tiene la mayor cantidad de estudiantes del país. Su presupuesto bajaría de USD 168,6 millones a USD 155,8 millones. “Este año el presupuesto codificado fue rebajado a USD 168 669 452 a inicios del 2020 (antes de la pandemia). En el 2018 fueron USD 175 millones y el año pasado ya hubo un recorte y se asignaron USD 171,9 millones”, detalló Passailaigue.
