Al gobierno no le interesa investigar la persecución correísta porque se hablaría de que cogobiernan con ellos: Alejandra Cevallos

La Mesa por la Verdad y la Justicia de los Perseguidos Políticos fue creada hace más de un año para investigar la persecución correísta en la Justicia. Luego de los resultados, hay pocos avances. ¿El gobierno se cierra a investigar al correísmo? Una de las protagonistas responde.  

El Informe Final de la Mesa por la Verdad y la Justicia de los Perseguidos Políticos contiene los detalles de la persecución política en el período 2007 al 2017, durante el mandato de Rafael Correa y sus acólitos en varias funciones del Estado. Son 297 casos, de los 1435 recibidos, que fueron expuestos como ejemplos de un sistema de abuso a los Derechos Humanos.

El informe, de 258 páginas, está detallado el descubrimiento de las formas que tenía el correísmo para ir en contra de sus contradictores. Y, claro, los casos emblemáticos que denunciaron defensores de la naturaleza, policías, militares, periodistas, defensores de DD.HH., líderes sindicales, y otros ciudadanos que fueron hostigados por el Estado. Son procesos de violencia, detenciones arbitrarias y persecución política (ejercida por varias instituciones del Estado) que repercutieron de manera directa en la economía de las familias.

La Mesa de Perseguidos concluyó que el sistema de judicial fue manipulado mediante la propaganda, desde donde se comunicaba cómo debía actuar la Justicia. Esas órdenes las cumplía la Fiscalía y luego los jueces actuaban, incluso, sentenciando en contra de los señalados por el correísmo. Hay casos, dice el texto, en los que ni siquiera se pudo demostrar el supuesto delito, fue más evidente en los procesos contra periodistas, del 30S y de dirigentes indígenas. El gobierno de Correa se convirtió en una aplanadora que acabó con la oposición y la sociedad civil, se informa en el extenso documento. La abogada Alejandra Cevallos fue una de las personas perseguidas en ese período, específicamente por el 30S, que fue el supuesto intento de golpe de Estado contra Correa. Y ella fue también la Vicepresidenta de la Mesa. Ahora, expone a criteriosdigital.com la desidia del Estado para aclarar esos abusos que han sido documentados con pruebas escritas y orales. Aquí el diálogo.

La Mesa de Perseguidos durante el correísmo se creó hace un año y tres meses, en el Consejo de la Judicatura Transitorio. El objetivo era conocer los abusos en la justicia. Pero los resultados son escasos pese a que contó con mucho apoyo. ¿La iniciativa nació muerta?
Sirvió. Más allá de las gestiones que se han hecho a través del Consejo de la Judicatura, Fiscalía, y otras instituciones a las que hemos reportado el informe, ha servido para visibilizar los casos. Esto ha servido, por ejemplo, para que se declare la nulidad en el caso de pases policiales. Se reinició el caso porque, con el informe, se evidenció que hubo una manipulación del sistema judicial. Asimismo, sirve en casos de supuesta rebelión de policías cuyos juicios estaban estancados en la etapa de juicio.

¿Sobre el 30S?
Sí. Estaba en instrucción, pero todavía no se llamaba a juicio. Por alguna razón han demorado cinco años en llamar a juicio. Durante en este último año hubo dos casos donde se llamó a juicio y se ratificó la inocencia de los procesados.

Usted habla de tres casos específicos en los que hubo repercusión. Pero son 297. ¿Qué sucedió con los otros?
Lo que pasa es que son tres grupos importantes. El trabajo de la Mesa se centró en el caso 30S, donde estaban civiles, policías y militares; casos de libertad de expresión, periodistas y medios de comunicación; y en líderes indígenas y defensores de derechos humanos. En todos estos casos en el mecanismo se repitió: propaganda, Fiscalía procesaba y luego los jueces sentenciaban. Todo, según las tesis comunicacionales del gobierno.

Le consulto sobre el impacto global.
Hay pocos casos que están abiertos. La mayoría se cerraron, agotaron las instancias judiciales a las que podían acudir. Primera instancia, Cortes provinciales, Corte Nacional. Hay algunos que han agotado la acción extraordinaria de protección en la Corte Constitucional, que también negaba los pedidos. Hay casos que ya están en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los casos abiertos esperan por la renovación de la Corte Nacional para impulsar el recurso extraordinario de protección. Pero todavía no sabemos que va a pasar. Hay casos 30S que todavía están abiertos y no se ha celebrado el juicio. Han pasado más de 10 años y las personas siguen perseguidas. No les han permitido hacer su vida. Muchas personas fueron destituidas de la Policía por procesos administrativos, luego de que la Fiscalía inició el proceso penal. La Justicia no los halló culpables pero fueron sacados de su institución. Hay otras personas que siguen detenidas. Sentenciados por el caso 30S que recién están cumpliendo penas de 13 años, pero llevan encarcelados cuatro. Es un proceso largo. No hay resultados inmediatos. A menos que haya la voluntad política del gobierno de impulsar, de que esté en la agenda del gobierno y devolverle la institucionalidad a la Justicia.

¿Usted cree que no hay voluntad política del gobierno para solucionar estos casos?
Esto no esta en la agenda del gobierno. Más allá de que el gobierno habla de que está haciendo una cirugía mayor a la corrupción judicial. No les interesa investigar esto porque todavía hay figuras claves del correísmo, incluso en el gobierno de Lenín Moreno.

¿Por ejemplo?
La secretaria Jurídica, Johana Pesantes. Ella fue Ministra de Justicia cuando se dio esta persecución y tiene que ver en muchos casos. Hay personas que la han señalado directamente porque, según denunciaron, intervino de forma no debida en los casos. Y esos casos están Fiscalía. Pero al gobierno no le interesa investigar porque sería agitar el avispero y se hablaría de que están cogobernando con los correístas.

Este Consejo de la Judicatura supuestamente lucha contra el correísmo. Pero hay jueces y fiscales señalados por las víctimas que todavía actúan. ¿Como interpreta usted esto?
Al presidente Lenín Moreno no le ha interesado investigar estos procesos de persecución porque hay gente del correísmo en la Presidencia. En la Judicatura ha sido demasiado lento, pero sí tenemos, al menos, el ofrecimiento de la presidenta María del Carmen Maldonado de continuar con las investigaciones. Ya se iniciaron los sumarios administrativos contra los jueces señalados. Está pendiente la investigación a los fiscales que intervinieron y contra algunos peritos que falsearon pruebas para condenar a las personas. El problema es que mucha gente perdió la esperanza de que haya justicia en algún momento y no han realizado las denuncias. Sin embargo, la Fiscalía podría iniciar las investigaciones de oficio porque entregamos el informe. Si bien el caso Arroz Verde nos revela cómo nos robaron el dinero a los ecuatorianos, este informe detalla cómo reprimieron a la sociedad civil para poder robar. Este informe muestra el corazón de la persecución correísta, pero camina lento. Hay casos que pueden quedar en la impunidad. Los afectados solo quieren recuperar su vida. El Estado que debe iniciar las investigaciones. Con este informe debería crearse  una Comisión de la Verdad.

El gobierno creó la Comisión Internacional Anticorrupción y durante seis meses no investigó ni un solo caso…
No se hizo nada.

¿Esto afectó de alguna forma al espíritu del informe?
Por supuesto que afectó. La falta de voluntad política de investigar abusos a DD.HH. hace que queden en la impunidad. Entonces, sí hay esa sensación de desigualdad frente al poder.

En el informe hay nueve recomendaciones. Pero ninguna se ha cumplido.
Se están cumpliendo en parte. Porque la Judicatura sí esta investigando a los jueces que están denunciados. Pero todavía falta. No ha actuado la Corte Constitucional, no hay reformas al Código Penal. La reforma a la ley de Víctimas, tampoco. Hay algunas personas detenidas pese al pedido de indultos.

¿La denuncia contra 14 jueces y dos fiscales?
Eso es parte del cambio de la Corte Nacional de Justicia.

Pero en el listado del informe hay jueces señalados que superaron las cuestionadas pruebas de la Judicatura para reemplazar la Corte Nacional…
Sí.

En la recomendación 7 hay nombres específicos de jueces y fiscales que deben ser investigados o removidos. ¿Qué paso?
Siguen actuando en Fiscalía. Por eso es importante que se inicie la evaluación de los fiscales.

Parece que todos ustedes se toparon con una pared enorme…
Sí. Tienen que asumir las responsabilidades desde el Estado, porque como ciudadanos realmente es imposible alcanzar la Justicia. Es el Estado, a través de sus instituciones que debe cortar de raíz la corrupción. Este informe ejemplifica la corrupción judicial. Si quieren devolver la confianza a la ciudadanía en el sistema de justicia lo primero es investigar. Si bien es cierto se inició con la Corte Nacional, faltan todos los jueces de las instancias inferiores. Todos los fiscales y todos los peritos que forjaron pruebas. Ya hay la amenaza de varios jueces de enjuiciar a quienes participamos en el informe por que hemos mancillado su honor…

Ustedes hicieron un listado de 490 operadores de justicia que fueron mencionados por las víctimas como quienes supuestamente operaron para la persecución. Y en diciembre pasado, hace un año, pidieron que se abran investigaciones para estos operadores. ¿Qué sucedió?
Recibimos cientos de denuncias. Nos quedamos con aquellas que tenían sustento, es decir, casos donde sí hubo violaciones al debido proceso, a los DD.HH., que hubo un patrón de persecución. Nosotros hicimos un listado donde hay jueces de todas las instancias y pedimos que se investiguen. Pero corresponde a la institución determinar si es que esos jueces actuaron de esa forma y si amerita su destitución. Eso es vital. Hay jueces que cometieron delitos, y la Fiscalía no ha investigado nada. La Judicatura sí. Está determinando si se dieron faltas administrativas y, en los casos que amerite, procederá con sanción.

¿Para usted la evaluación debe avanzar a otras instancias?
Por supuesto. En Cotopaxi, Imbabura, Azuay, Guayas, fue donde hubo más casos de persecución. Por ejemplo, juicios relacionados con minería, acusaron los indígenas que se oponían a las concesiones. Hay 30 procesos contra una sola persona… Se amedrentaba.

¿Quién o quiénes deben impulsar las recomendaciones en el 2020?
La fiscal Diana Salazar, porque sí hubo delitos. La Judicatura, la presidenta María del Carmen Maldonado ver si hay faltas de parte de los operadores de justicia. Desde la Asamblea Nacional que se investigue a las autoridades políticas, ya que esas personas que persiguieron deberían ser sancionadas con juicio político para que nunca más puedan ejercer un cargo de poder. Por ejemplo, a los ministros Gustavo Jalkh y José Serrano, los vocales de la Judicatura de ese entonces, los fiscales generales Galo Chiriboga y Carlos Baca.

¿Qué debe hacer Lenín Moreno?
Investigar través de la Secretaría Anticorrupción. Este es un caso enorme de corrupción judicial. Si el gobierno tuviera el interés de depurar la corrupción correísta debería empezar por el sistema de justicia. En la Secretaría tienen el informe, pero no han dicho nada.